La atención preferente para Ayacucho, Huancavelica y Apurímac no debe quedarse en un compromiso más del gobierno central ni ser una norma que no se cumple, sino que requiere la obligación imperiosa del poder ejecutivo en todos sus ámbitos para agilizar los proyectos, señaló la legisladora Juana Huancahuari.
“El anuncio es positivo pero el contexto de incertidumbre en la población se mantiene porque el gobierno carece de credibilidad en medio de un próximo cambio de gabinete. ¿Qué garantías tiene la población de que el nuevo premier cumplirá el compromiso de su antecesor?”, sostuvo.
Huancahuari manifestó que a pesar de estar suspendida en sus funciones legislativas, seguirá pendiente de la concreción de dicha atención preferente y que no se callará en cuanto vea que el Ejecutivo quiera pasear a la población de la macro región surandina.
Marcha de los Waris fue el punto de partida
"La atención preferente para Ayacucho, fue un pedido que se formuló al presidente del Consejo de Ministros en julio del 2007, durante la marcha de los Waris hacia Lima y que se retomó en febrero de este año en la Mesa de Diálogo con el gobierno”.
El trato preferente para Ayacucho, Huancavelica y Apurímac tiene como sustento la situación de pobreza, abandono y exclusión que viven estas regiones, agravadas por las secuelas de violencia política.
De acuerdo al documento “Agenda Wari”, la atención preferente en Ayacucho se desarrolla en cinco dimensiones: económica, social, de recursos naturales, gas de Camisea e institucional y descentralización.
Asimismo, para aplicar dichas dimensiones se requiere que el Ejecutivo transfiera recursos y asistencia técnica para los programas y proyectos priorizados y que mejore la eficacia en la gestión pública regional, que financie dicha implementación y la ejecución de los proyectos, que adecúe y flexibilice los sistemas técnicos y administrativos, y profundice los procesos de descentralización y regionalización.
