Por Gustavo Espinoza M. (*)
Virtualmente se cumplieron ya diez meses de la detención injustificada de Roque Gonzales La Rosa, el peruano intervenido por la policía en la localidad de Aguas Verdes el 1 de febrero del 2008 cuando retornaba de Quito luego de participar en el II Encuentro Continental Bolivariano celebrado en Ecuador.
Esto significa que se inició contra él un proceso judicial que aún no ha concluido pero en el que el Estado no ha aportado prueba alguna ni sustentado una acusación que convalide la carcelería.
Hasta hoy, en efecto, Roque Gonzales sigue siendo acusado de dos presuntos delitos: pertenecer al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y participar en un evento terrorista —el encuentro de Quito—.
En torno a lo primero hay que recordar que, en efecto, el acusado estuvo preso durante casi diez años bajo la acusación de militante de esa estructura armada. Aunque él reconoció vínculos con el MRTA, dejó en claro que no había tenido intervención alguna en hechos de armas, pero fue igualmente pasible de una condena que cumplió. Si hubo delito, entonces, este fue purgado y el preso recuperó su libertad de manera enteramente legítima. Estando ya en libertad, no se le ha incriminado delito alguno.
En relación a lo segundo, hay que subrayar que la Defensa ha presentado numerosos documentos orientados a demostrar que el II Encuentro Boliviano no fue un "evento terrorista". Dejó constancia, incluso, del hecho que de los casi mil delegados que asistieron a ese certamen, el único detenido en el mundo y acusado de terrorista por haber estado presente en él, ha sido precisamente Roque Gonzales. Todos los demás están libres en sus países, dedicados a las tareas que fuere menester. A ningún gobierno, ni a ninguna autoridad judicial del planeta se le ha ocurrido la idea tonta de considerar "terrorista" a una persona acreditando como "prueba" su presencia en Quito en los días de la cita bolivariana.
Por lo demás, esa cita fue autorizada por el gobierno del Ecuador y contó con todos los permisos formales de acuerdo a ley. La policía y las autoridades locales y nacionales le brindaron la protección y el amparo al que tenían derecho sus auspiciadores y nadie pensó que pudieran merecer la cárcel los que allí se congregaron.
Sólo la afiebrada mentalidad Mc Carthysta de algunos funcionarios policiales y judiciales del régimen peruano tuvo esa peregrina idea y la mantiene hasta hoy sin sustento alguno.
Ninguna otra acusación se ha sostenido para justificar la captura del acusado ni su mantenimiento en prisión. Todos los "actuados" del caso se han limitado a analizar —por parte de los jueces— si es posible, o no, otorgarle la "libertad —restringida". Y la idea se ha estrellado con una verdad de Perogrullo: Roque Gonzales no tiene trabajo conocido.
No podría tenerlo, ciertamente, porque esta preso desde hace diez meses. Y en el Perú los presos no trabajan. Y si lo hacen, eso se le considera para los llamados "beneficios penitenciarios", pero no constituyen evidencia que permita justificar una excarcelación,
Pero, además, porque Roque estaba trabajando en Venezuela en tareas formales y en un puesto conocido. Vino al Perú por razones de orden familiar y retornaba aquí —procedente de Quito— para concluir su estadía y regresar a Caracas donde debía seguir trabajando. Todo eso ¿es un delito? ¿Amerita diez meses de prisión sin atenuantes?
La esposa de Roque, la compañera Damarys Velazco, estuvo también detenida sin motivo alguno y abandonó el Penal de Mujeres de Santa Mónica por la puerta grande cuando las autoridades judiciales tuvieron que admitir que no existía causal de detención. Pero estuvo casi seis meses privada de su libertad en esta "nuestra democracia", aprista que hoy consagra como los más altos exponentes de la administración de justicia a jueces incuestionablemente vinculados con la Mafia Fujimorista.
Las organizaciones sociales y políticas, medios de comunicación escritos, radiales y televisados, organismos encargados de la protección de los derechos humanos y personalidades solventes de nuestro país se han pronunciado cuestionando lo actuado por las autoridades en el caso de Roque Gonzales y demandando su libertad. Incluso voceros eclesiásticos de nota, como Monseñor Luis Bambarén, han entrevistado a la esposa del acusado y le han expresado su solidaridad y apoyo. Pero los llamado a actuar han hecho oídos sordos a esta demanda ciudadana.
Y el gobierno, por su parte, ha buscado más bien utilizar el caso para ampliar la represión. Sin justificación alguna, en efecto, ha hablado de la posibilidad de detener personas considerándolas simplemente "cómplices de Roque Gonzales en la actividad terrorista". Lo que resulta curioso y precario el procedimiento, porque en ninguna parte se detiene a nadie a acusándolo de ser cómplice de un inocente.
Porque lo sabe, el gobierno no ha detenido a nadie. Simplemente ha hablado de la posibilidad de hacerlo y ha dejado caer una supuesta nómina de personas varias de las cuales jamás han estado detenidas por actividades de orden político. Si hoy las acusan el tema parece ser más bien una cortina de humo o un globo de ensayo orientado a justificar la permanencia de Roque Gonzales en la cárcel.
Los dirigentes de la Izquierda oficial, que piden citas con las autoridades para que les otorguen "garantías" porque se sienten perseguidos, debieran comprender que su tarea no consiste en obtener certificados de buena conducta de Yehude Simon, sino luchar por la libertad de personas "de abajo" que están realmente presos y que requieren de urgente justicia.
Conscientes de esa situación entonces, los peruanos tenemos legítimo derecho a preguntarnos ¿hasta cuándo estará preso Roque Gonzales?
