Por Gustavo Espinoza M. (*)
Un agravio, una afrenta a la ciudadanía, un insulto al sentido común de los peruanos vienen a ser los proyectos legislativos presentados recientemente en el Congreso de la República y que se orientan a disponer amnistía, indulto o conmutación de la pena a miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional sentenciados en el Fuero Común por la comisión de delitos en el marco de la llamada "lucha contra el terrorismo".
No podrían tener aplicación entonces, y el obcecado afán de imponerlos no traería sino mayores problemas al Estado Peruano que después tendría que verse obligado a desandar la ruta y retornar el antiguo criterio jurídico de la sanción a delitos imprescriptibles que vulneran derechos humanos.
El primero de estos dispositivos, el Proyecto de Ley 2844 busca otorgar amnistía a los Comandos que participaron en la Operación Chavín de Huantar, y busca crear una "Comisión ad hoc" para evaluar, calificar y proponer "el otorgamiento de la amnistía al personal militar y policial defensor del Estado de Derecho y de la Democracia".
El dispositivo ideado por el congresista aprista Edgar Núñez Román, cuenta ciertamente, con la adhesión de otros connotados parlamentarios del mismo partido, como Aurelio Pastor o Nidia Vílchez, experta en la materia desde los años de su oscuro vínculo con el Comando Rodrigo Franco.
Pero también con el apoyo entusiasta de Luis María Cuculiza quien, en representación de la bancada fujimorista, pone el sello de la Mafia a la iniciativa.
Hoy se sabe que este dispositivo resulta absolutamente inoperativo si de los Comandos "Chavín de Huántar" se tratara.
Ninguno de ellos, en efecto, está actualmente procesado por el Operativo del 22 de abril de 1997 que concluyera con la muerte de los 14 jóvenes del MRTA que ocuparan la residencia del embajador de Tokio en Lima cuatro meses antes.
En cambio, la iniciativa sí resulta útil para casos específicos, como Nicolás Hermoza Ríos, considerado "Comando" de la acción, y que actualmente se halla en retiro, procesado y en prisión. Y también por cierto, para Vladimiro Montesinos Torres, el ex capitán —militar retirado— y publicitado como "Comando" de ese acto.
En lo que se refiere a la Comisión Ad-hoc por crearse ella tendría 120 días calendarios para actuar y proponer la concesión de amnistía a quienes se hallen denunciados o procesados "por la presunta comisión de delitos militares, o contra los derechos humanos".
En este abanico tan grave caben todos, incluso los asesinos de Putis, el Comandante Camión o Thelmo Hurtado, "la hiena de Accomarca", hoy detenido en los Estados Unidos.
El segundo dispositivo —el 2848—- no hace preámbulos para el otorgamiento de beneficios a nadie.
Va directamente al grano y dispone la creación de la "Comisión ad-hoc" encargada de proponer al Jefe del Estado "la concesión de indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que han participado en el proceso de lucha por la paz".
Allí caben más, entonces. Hasta Luís Pérez Documet, pasando por los asesinos de Cayara y por el propio vicealmirante Luís Giampietri Rojas, procesado, como se recuerda, porque "luchó por la paz" en El Frontón, en junio de 1986.
Esta iniciativa es patrocinada, en primer lugar, por la congresista aprista Mercedes Cabanillas Bustamante, quien recientemente fue condecorada por la institución castrense en una ceremonia de la mayor difusión.
A la idea se han sumado, nada menos, que Luís Gonzales Posada, Aurelio Pastor, Mauricio Mulder y, cuando no, Nidia Vílchez, además de otros "compañeros".
Como puede apreciarse, en ambos casos se trata de dispositivos con nombre propio. No tienen más propósito que favorecer y beneficiar a los más connotados exponentes del fujimorato, del régimen dictatorial de los años 90, y de la institución castrense, antes y después de ese periodo.
No será fácil que los impulsores de estos proyectos logren concretar sus objetivos.
No solamente están atados por los convenios internacional que protegen los derechos humanos y que han sido reconocidos y firmados por el gobierno peruano; sino también por disposiciones emanadas de organismos vinculados a la estructura del Estado.
El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene una resolución expresa mediante la que siembra jurisprudencia en materia de Derechos Humanos y confirma la imprescriptibilidad de los delitos de esta materia.
Por lo demás, el tema del abordamiento de este tipo de acción, y la tentativa de echar sobre ellos un piadoso manto de silencio, no es nueva ni sólo nuestra. También se puso en boga en su momento, en la Argentina de Videla, en el Chile de Pinochet, el Uruguay de Alvarez y hasta el Paraguay de Stroessner.
En todos esos países, sin embargo, cayó el tinglado que las alimentó y los crímenes consumados contra los pueblos volvieron a colocarse en al orden del día. Las denominadas "Leyes de punto final" fueron a dar al tacho de la basura.
Y es que en materia de Derechos Humanos, hay indultos que son más bien insultos. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / www.nuestra-bandera.com
