Por Juan Sheput
Una vez más el gobierno, luego de las protestas, represión y muertes de ciudadanos peruanos, procede a anunciar que las normas causantes del desorden "se pueden mejorar".
El ciclo de las políticas públicas (decisiones gubernamentales en favor de problemas colectivos) se inician con el planteamiento de la solución, su discusión pública (para así lograr los consenos necesarios) y luego la normatividad o la ejecución, tal como lo dice el profesor Eugenio Lahera en más de un documento sobre el tema.
Cuando no se hace eso, sucede lo de Paita con el puerto, Bagua con los 24 policías asesinados o más recientemente los sucesos protagonizados por la minería informal.
Lo más tragicómico es la declaración del presidente García, que demuestra su ineficiencia e incapacidad para asuntos graves de Estado: "Se puede mejorar el decreto sobre la minería informal". Como era de esperarse, minutos más tarde, el lamentable premier Velásquez Quesquén salió a repetir lo mismo, ignorando su cuota de responsabilidad, ya que bajo su mando está la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros que en manos del funcionario aprista Juan Figueroa está en manos de nadie.
El presidente García dice que el decreto se puede mejorar. Dramático. Lo dice luego de querer imponer y no buscar el consenso, luego de 7 muertos, luego de pérdidas económicas, luego de generar con su irresponsabilidad graves perjuicios a la imagen del Perú en el contexto internacional.
Porque desorden y 70 muertos por balas de la policía afectan la imagen del Perú, más que el robo de un ya famoso pulmón.
