Por César Córdova Ponce
Lo que sucede en Cusco y Cajamarca en defensa de su medioambiente y sus recursos naturales, me hace fijar la vista en lo que sucede en nuestro país con la pesquería, topándome de golpe con una realidad que debe hacernos reflexionar para levantar la cerviz desde hace tiempo inclinada a los intereses de los poderosos industriales pesqueros.
La minería es la actividad extractiva que significa el 30% del PBI de las provincias en nuestro país, pero que al mismo tiempo deja muchos pasivos que el Estado no ha podido resolver a entera satisfacción de las poblaciones en donde se explotan estos recursos mineros (especialmente en el tema ambiental), lo que le obliga a mantener celosa vigilancia sobre los efectos negativos de esta actividad y una confrontación permanente con su sociedad civil, que no claudica en la cerrada defensa de sus recursos naturales y su calidad de vida. Esa actitud enérgica de la población, es la que le ha permitido en momentos actuales mantener en jaque a todo el ejecutivo, el mismo que tiene que hacer el máximo de sus esfuerzos para garantizar la gobernabilidad del país.
En paralelo a la acción de su sociedad civil, el trabajador minero es relativamente bien pagado con una jubilación acorde a su condición laboral de alto riesgo; y en cuanto al respeto de sus derechos, ha demostrado férrea unidad y una enorme capacidad de organización que lo demuestra en sus compactas jornadas de lucha en las que han paralizado pueblos enteros.
¿Alguna similitud encontraremos con la actitud de nuestra sociedad civil impasible al abuso que sufre el pescador activo o al drama que vive el pescador jubilado, y ciega teniendo enfrente pestilentes aguas que cubren vergonzosas playas en las zonas donde se instalan las plantas industriales pesqueras?
En contraposición a lo que sucede con la minería, es lamentable nuestra triste realidad pesquera, entendiendo que esta actividad genera millonarias divisas a nuestro país, importancia económica a la que habría que añadir que solo el 1% de la cuota de anchoveta autorizada para ser capturada (estimada en 6 millones de toneladas), tiene un valor aproximado de 100 millones de dólares. Y es que, a pesar de las innegables millonarias ganancias que deja esta actividad extractiva, el empresario pesquero paga menos de 3 dólares por tonelada de anchoveta extraída y tiene todo nuestro mar a su disposición, no tiene ninguna responsabilidad social que le exija el Estado, ni para proteger al pescador, ni para preservar el recurso que explota y por último ni para cuidar el ecosistem! a y el medioambiente. Es por eso que tenemos pescadores jubilados impagos desde hace 36 meses, pescadores activos explotados a quienes se les merma su remuneración adulterando el software de las balanzas en las descargas, la proliferación de la corrupción para dar vida a la pesca negra y depredar el recurso marino existente en sus sagradas 5 millas, la sobrexplotación de algunas especies que las conducen inexorablemente a su extinción como sucedió con la sardina, la falta de fiscalización sanitaria y ambiental en la industria pesquera, y la injustificable desatención a numerosas playas contaminadas a lo largo de nuestro litoral.
Contrariamente a lo que sucede en el sector minero, la naturaleza ha enriquecido nuestro mar con recursos renovables que necesitan de la participación del Estado no solo para dictar políticas pesqueras para su preservación, sino también para crear mayores obligaciones a quienes lucran con su explotación y logran millonarias ganancias a cambio de irrisorios pagos por derechos de pesca.
Es además poco o nada el aporte que recibe el sector del capital privado, debido al comportamiento sumiso de sucesivos gobiernos a quienes les cuesta convencerse que estos recursos en un país con altos índices de desnutrición, se convierten en las armas perfectas para proporcionar las proteínas necesarias para combatirla y erradicarla. Con ese norte, el empresariado pesquero debería aportar más para que el Estado pueda invertir en las infraestructuras físicas que se necesita para el mejor aprovechamiento de sus recursos destinados a la alimentación popular, como la modernización de desembarcaderos, cadenas de frío, etc. Asimismo, se debe pensar seriamente en imponer las regalías pesqueras, puesto que el empresariado pesquero le ha puesto un candado jur&ia! cute;dico al irrisorio derecho de pesca por 10 años, a través de la Primera Disposición Final contenida en su norma hecha a la medida de sus intereses, como es el polémico y funesto Decreto Legislativo 1084.
Si ponemos mayor atención a un pago justo por la extracción del recurso anchoveta, mayormente destinada a la producción industrial de harina y aceite de pescado, podremos además aprovechar mejor el canon pesquero (50% de los derechos de pesca y 50% de impuesto a la renta), que actualmente por la equivocada forma en la que se distribuye y por la pobre recaudación que se obtiene, se atomiza al momento de asignarla a los gobiernos locales y regionales.
Es necesario entonces, fijar la mirada en una de las actividades productivas que más aporta al PBI de nuestro país y al mismo tiempo una de las la que más impacto negativo produce a nuestro medioambiente, para que pescadores que quieren reivindicar para sí un mejor trato social, laboral y remunerativo, junto a su sociedad civil en defensa de los recursos y su medioambiente, establezcan una estratégica alianza siguiendo el valiente ejemplo de esa fuerza combinada del trabajador minero y su sociedad civil cuando actúan en defensa de los recursos que la naturaleza privilegió en su zona, para que así puedan participar directamente de los beneficios económicos que esta actividad genera y exigir al Estado el pleno respeto a su derecho a tener una buena calidad de vida.
