Por Gustavo Espioza M. (*)
El diario El Comercio, el más calificado vocero de la prensa tradicional peruana, relegó a la octava página de su edición de hoy el debate parlamentario de ayer en el marco de la interpelación planteada en el Congreso de la República al Gabinete Yehude Simon como secuela de los dolorosos acontecimientos de Bagua ocurridos el pasado 5 de junio. Síntoma, quizá que en nuestro suelo, la impunidad, otra vez, se abre paso.
La crisis de Bagua, en efecto, no tiene vuelta. No solo porque se han conocido ya los entretelones referidos a la ejecución de 18 policías en la base 6 de la Carretera Fernando Belaunde y cuya muerte sumó a la pérdida de otros 7 efectivos en la Curva del Diablo horas antes; sino porque se han denunciado además numerosos casos de nativos "desaparecidos" en una circunstancia en la que el Estado persiste en la poco creíble versión de apenas "cinco muertos" por efecto del ataque perpetrado por los uniformados contra la indefensa población de la zona.
No hay forma de revertir una situación tan dramática como ésta en la que la muerte se enseñoreó en la Amazonía. Menos aun, si ella se complementa con la mentira, convertida en argumento polémico por el gobierno del Presidente García y sus ministros.
Hay muchos temas que pueden ser tomados en cuenta en la discusión de hoy. Algunos de ellos fueron abordados por la oposición parlamentaria, pero ninguno pudo romper la coraza de cinismo y desvergüenza que lucieron los ministros convocados, Yehude Simon y Mercedes Cabanillas, la ministra del Interior, que se cubrió de elogios ella misma ante el desconcierto de sus propios partidarios
Hoy se sabe, por ejemplo, que la Base 6 de la ensangrentada carretera fue tomada por la población nativa en los primeros días de abril, cuando se inició la etapa más reciente de un conflicto que duró 55 días y al que el gobierno miró siempre sobre el hombro porque consideró que nativos y policías no eran "peruanos de primera clase".
Cuando ocurrieron los hechos del 5 de junio, los 38 policías que custodiaban la citada base, fueron reducidos por más de 2,500 pobladores que los confinaron en un ambiente en el que permanecieron aislados, aunque no precisamente incomunicados. Por teléfono celular y a través de ondas radiales, pudieron captar información del exterior y hacer llegar incluso algunas de sus preocupaciones. Sus superiores, sin embargo, se mostraron básicamente indiferentes ante su preocupante situación y no atinaron, siquera, a informarles lo que habría de ocurrir a partir de las primeras horas del trágico día del desenlace, y que para varios fue el último de sus vidas.
Quienes dispusieron la operación de "desbloqueo" del 5 de junio -así le llaman ahora al intento de despejar a sangre y fuego una carretera de la selva-, no pensaron siquiera en los 38 cautivos. Tampoco en el peligro que corrían en su condición de rehenes.
Ese día, los pobladores de la zona —que tuvieron las primeras noticias en torno a la muerte de 25 nativos y 7 policías en La Curva del Diablo— recurrieron a sus costumbres ancestrales e hicieron una cuenta simple: si han matado a 25 de los "nuestros", nosotros tenemos que matar a 18 policías para alcanzar la "paridad". Entonces escogieron entre los 38 cautivos a los que "debían morir" y los llevaron en tropel hacia la espesura para ultimarlos bárbaramente.
Entre los ejecutados, estuvieron muchachos de veinte años, o menos, que fueron llevados a la selva a cumplir su "servicio" sin conocer la zona. Como en la leyenda bíblica, la Ley del Talión encontró acogida en medio de un clima de violencia incontrolado. Pero esa fue una cara de la historia.
La otra no fue menos horrenda. Cuando comenzaron los disparos en la zona del conflicto a las 5 y 30 de la madrugada del 5 de junio, el Apu más prominente que allí se hallaba —Santiago Nauin, Premiado por la Corona Española por su actividad pro ambiental— salió con las manos en alto para cortar con el aire el silbido de las balas. Recibió 8 impactos que lo dejaron al borde de la muerte. Felizmente fue rescatado y hoy se recupera, aunque cuando abandone el lecho que lo acoge, podrá ser procesado y condenado por "rebelión" y condenado a la misma pena que se le quiere imponer a Alberto Pisango, que salió del país por la vía del asilo.
Hubo quienes no se salvaron. Unos murieron allí, y sus cuerpos fueron recogidos en el fragor de la lucha. Otros, simplemente desaparecieron.
Las primeras indagaciones hechas en el terreno no arrojan mucha luz en torno a la suerte de estos últimos. Se supone que hubo quienes se internaron en la selva huyendo de las balas. Varios, en efecto, han ido volviendo lentamente a sus pueblos en la medida que la situación se ha ido calmando, y que el Estado de Emergencia quedara en suspenso. Pero muchos otros, no aparecen hasta hoy, y sus familiares temen lo peor.
Hay quienes estiman en 60 el número de estos "desaparecidos", pero otros elevan la cifra por encima de los 900. El periódico Nor Oriente de la región amazónica, hace un cálculo simple: hubo 2,172 awajun-huampis en la Curva del Diablo. Y 1,237 volvieron a sus pueblos hasta el 17 de junio. Faltan entonces 935 ¿dónde están?
Y hay versiones escalofriantes que nos hablan de cadáveres incinerados, de bolsas negras lanzadas al río desde helicópteros artillados, de personas secuestradas y llevadas en secreto al Cuartel El Milagro y a otras unidades militares. El gobierno dice que esas, son todas fantasías. ¿Se conocerá, finalmente, lo que sucedió? Seguramente sí, pero de por medio estará planteada una batalla: la lucha por la verdad, como en el pasado reciente.
Con los antecedentes del Cuartel Cabitos —Ayacucho, años de violencia— hay fundamento para temer- Allí, en esa martirizada ciudad -"Rincón de Muertos", se dice en Quechua-, existieron incluso hornos crematorios, pero también tumbas clandestinas que se están descubriendo solamente ahora. Y en otras distintas zonas de la serranía, todavía surgen de la tierra cadáveres casi insepultos. Nadie lo puede negar.
El gobierno, sin embargo, se obstina en repetir hasta el cansancio lo que constituye la "verdad oficial": solo cinco nativos perdieron la vida. Nadie la cree.
Pero como la vida sigue, sigue también la lucha del pueblo peruano contra el "modelo" neo liberal y su incidencia en la economía popular.
En Andahuaylas —el corazón de la serranía— la población que había tomado la ciudad, levantó sus acciones ante las actas suscritas por el gobierno, y se propuso reiniciar su lucha en septiembre si no se atendían sus reclamos. ¿Cuáles? Principalmente los referidos a la construcción de vías de comunicación. El asfaltado de 372 kilómetros de la carretera Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y cuatro tramos en la ruta Ayacucho-Abancay que el gobierno prometió en el 2007 y cuya realización aún no ha comenzado.
En Sicuani -en la importante región Cusco- los campesinos suspendieron sus acciones por 72 horas para dar "un respiro" al gobierno y ver si en ese lapso, algo se avanza. Pero en Puno de inicio una huelga que se puede extender fácilmente a otras regiones del sur del país.
Podría decirse que de pronto ha despertado la conciencia del pueblo y que millones de peruanos se han alzado al compás de sus necesidades más apremiantes. Y eso, es básicamente cierto. Pero el gobierno insiste en considerar que un afiche con la foto de Evo Morales en un local campesino de Sicuani constituye la prueba de la ingerencia externa en la protesta popular. Entonces, sus portavoces en el Congreso han clamado contra Hugo Chávez y la Cancillería ha mostrado su desazón porque Daniel Ortega apareció en las pantallas televisadas al lado de Alberto Pisango.
Probablemente pasará un tiempo para que el país tome verdadera conciencia de lo que ocurre. Somos hoy espectadores de un fenómeno histórico: el despertar de las poblaciones originarias. Eso no se veía en el Perú desde los años de Juan Santos Atahualpa (1742-1756), pero incluso ése fue un movimiento focalizado: la selva central. Hoy, es toda la región.
La derecha no entiende nada. Y se burla de la Cosmovisión Andina a la que sarcásticamente alude entre comillas. Los nativos que hoy luchan por la tierra, no lo hacen porque creen que ella es suya —no tienen noción de propiedad—. Lo hacen porque ellos mismos se sienten parte de la tierra. Para ellos, el aire, la flora, la fauna, la tierra y el hombre mismo; constituyen una unidad indisoluble. Por ella, emprenden la batalla.
Ella se ha cerrado en esta etapa con una clara derrota del gobierno. El 64.5% de los peruanos lo culpa directamente señalando que tuvo la principal responsabilidad en lo ocurrido. El 73.9% lo culpa a Alan García. Y el 77% dice que Mercedes Cabanillas debe irse a su casa. La aprobación del Presidente cayó nuevamente y ahora concita el repudio del 81.6% de los peruanos. Las cifras, son concluyentes.
El Congreso deberá votar el martes 30 las mociones de censura presentadas contra los ministros. No obstante, su aprobación, es improbable. Por debajo de la mesa, y ante el estupor de la gente, se cocina la impunidad.
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. www.nuestra-bandera.com
