La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).
La población y la prensa nacional de distintas tendencias, compartimos la percepción creciente de que quienes nos gobiernan son delincuentes para los que la inseguridad ciudadana en aumento, es parte de su propio accionar. ¡Tremendo desafío el que tenemos por delante en el Perú!
El esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas y promover la independencia del Poder Judicial y asegurar que actúe sin influencias indebidas, parece desvanecerse, del mismo modo que se entorpece la actuación de la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República. Peor aún es la situación de los organismos de derechos humanos, cuestionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando democráticamente pretenden supervisar el uso del poder y los recursos públicos.
Las condiciones sociales y económicas cotidianas de pobreza y exclusión, sumadas al temor luego de los asesinatos gubernamentales de quienes protestaban a fines del año 2022 e inicios del 2023, impiden que exista un ambiente propicio para desarrollar la participación activa de la ciudadanía en la política local y nacional, para ejercer presión sobre los representantes elegidos y demandarles responsabilidad y transparencia. El Parlamento ya no es, como debiera, un espacio de representación ni de debate, como consecuencia del transfuguismo, la creación de nuevos grupos parlamentarios y decisiones que se toman sin debates ni dar razones. Su legitimidad, lo sabemos todos, ha desaparecido e igual situación corresponde al Poder Ejecutivo de casi inexistente aprobación ciudadana.
En ese contexto, que el ministro del Interior descuide los temas de seguridad ciudadana, que debieran ser su prioridad ante el múltiple asedio del crimen organizado, es apenas una anécdota. Prioriza proteger a la presidenta Boluarte y cumplir la consigna de cerrar la DIVIAC que la investiga, intentando un control de daños a una fracción de las muchas acusaciones en su contra. En ese discurrir, la seguridad ciudadana para el gobierno es un tema más para pasar por agua tibia. El reciente asesinato de dos dirigentes de construcción civil, por ejemplo, además de ser un asunto de mafias, denota el grave problema en el que nos encontramos, trepando en los puestos del ranking de criminalidad en América Latina. La inseguridad ciudadana puede tener muchas causas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de estrategias claras para combatirla, pero constatamos también que pone en peligro los derechos fundamentales de los peruanos, sin olvidar la violencia de género que nos afecta.
Si nos concentramos en lo que tenemos hoy por hoy en el sistema penal, encontramos algunas medidas que parecen extrañas, tales como la atenuación de la pena de delincuentes o la suspensión de la ejecución de la pena y sus respectivas excepciones.
Las demandas ciudadanas de muy diversos sectores para que se combata la corrupción, son cada vez más insistentes, exigiendo una acción efectiva de las autoridades para erradicar una actividad perversa que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. Sin duda, la inseguridad ciudadana que soportamos pone ya en peligro los derechos fundamentales y resquebraja las condiciones básicas que nos permiten la convivencia pacífica.
Los destapes y denuncias de la prensa de investigación sobre la corrupción y los abusos de poder parecen prédicas en el desierto del cinismo instaurado, cuando se constata que nuevas leyes y la gestión gubernamental protegen a corruptos y delincuentes en distintos ámbitos como el transporte ilegal, la minería, la tala y la pesca depredadoras y varios casos más como el funcionamiento de universidades de muy mala calidad.
Hay urgencia por avanzar en reformas casi imposibles de llevar adelante en las actuales condiciones, que hay que hacer en la policía y las fuerzas de seguridad para erradicar la corrupción y asegurar actúen en beneficio de los ciudadanos, cumplan con la prevención del delito y un manejo adecuado de la fuerza. Sin embargo, en un contexto de delitos cometidos por quienes gobiernan, puede ser necesario establecer otras medidas para abordar estos crímenes. La promoción de cambios políticos y electorales, lejos de traer reformas que hagan más difícil acceder o mantenerse en el poder a los delincuentes y corruptos, lo facilitan. No vemos en el horizonte un escenario favorable a la participación activa de movimientos de base que promuevan candidatos y partidos políticos con un fuerte compromiso contra la corrupción y la delincuencia. Tampoco un apoyo decidido de organizaciones internacionales para supervisar y ayudar en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú o la colaboración franca en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.
Para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana requerimos convencernos como sociedad de la importancia de utilizar un enfoque pluridisciplinario, que incluya políticas de inclusión social, fortalecimiento comunitario y educación, a las que ahora no se les da importancia.
En cuanto a la seguridad pública y las políticas de prevención, es necesario poner en marcha un modelo de Policía no sólo reactiva y de disuasión, sino proactiva, ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; una Policía de prevención y proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad predominante.
desco Opina – Regional / 29 de agosto de 2024
