La pregunta que nos hacemos todos los peruanos y peruanas, es qué está pasando en las regiones. Tras la detención del Presidente de Ancash, acusado de corrupción pero también de participación en distintos asesinatos, siguió la del Presidente de Pasco luego de la difusión de un video en el que aparece recibiendo una hipotética coima; mientras tanto, el Presidente de Tumbes se encuentra prófugo de la justicia que habría descubierto sus faltas y delitos. Con ellos, a juzgar por lo aparecido en los medios de comunicación, se encontrarían en dificultades similares las gestiones regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Piura y siguen firmas…
La descentralización, más precisamente las regiones, parece desmoronarse y evidencia sus límites. La imagen creada es la de autoridades regionales, que aprovechando la abundancia de recursos y los poderes omnímodos que habrían ganado con la reforma, han convertido en botín personal sus territorios, dedicándose mayoritariamente al saqueo de los recursos públicos. El escandaloso caso de Ancash sería entonces la punta de un iceberg que se estaría repitiendo en la mayoría de regiones y territorios del país ad portas del próximo proceso electoral.
De pronto, fiscales, procuradores, jueces y congresistas, alentados todos por el Contralor General de la República y el novísimo Fiscal de la Nación, parecen imbuidos de un celo en el ejercicio de sus funciones de control y una preocupación por el uso de los recursos públicos, que no les conoció nadie en los doce años anteriores de la descentralización. En las últimas semanas, no hay día en el que los ciudadanos de este país dejemos de sorprendernos por la cantidad de autoridades regionales y locales involucradas en escándalos y actos punibles. Cual telenovela plagada de villanos, asistimos a la sucesión de acusaciones y denuncias de alto calibre, que demostrarían que es indispensable actuar y rápido frente a este cáncer que corroe al país y que aparece vinculado a las mafias de construcción civil, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
Ciertamente hay que hacer, y mucho. Sería ingenuo e irresponsable negar la gravedad de muchos de los escándalos que vienen del interior del país. Pero lo sería igualmente, limitarnos a ver el árbol y no el bosque, como se pretende. En Ancash, el caso más dramático y menos discutible, aparecen involucrados diversos fiscales, distintos jueces, múltiples mandos policiales. ¿Alguno de ellos está encausado? El Congreso de la República que archivó variadas acusaciones contra César Álvarez, incluso estando ya detenido, el Ministerio de Economía y Finanzas que lo reconoció los últimos años como el más eficiente en la ejecución del gasto público y la Contraloría que no relevó nada significativo sobre dicha gestión en sus informes anuales, ¿han hecho acaso una autocrítica por sus claras omisiones y yerros? ¿Los partidos políticos, que ritualmente piden nuestros votos, no tienen también responsabilidad en este drama?
Como es obvio, la descentralización está en crisis. Se ve severamente afectada por sus indefiniciones y por los pecados originales de su diseño. Departamentos convertidos temporalmente en regiones, competencias transferidas sin el necesario desarrollo de capacidades y lo que es peor, sin recursos; sistemas administrativos que no dialogan entre sí, falta de coordinación y articulación intergubernamental tanto horizontal como vertical, además de la maldición de los recursos que se materializa claramente en la figura del canon.
Pero más profundamente, el bloqueo que vive, encuentra explicación en factores más estructurales. Un Estado e instituciones precarias; sistemas de control que se limitan a las formas y los papeles; partidos políticos que son crecientemente franquicias al servicio de intereses privados, que alientan la fragmentación que se evidencia con la multiplicación de movimientos regionales y locales, pero que se inicia en los partidos nacionales, de los que ya tenemos 18; la corrupción, que es un dato endémico del país y que avanza sostenidamente; el peso creciente de la economía informal e ilegal.
Es evidente que tenemos que hacer un alto, que es indispensable reordenar y relanzar la descentralización en un marco más amplio que es el de la reforma del Estado, de un Estado que no nos sirve para aprovechar el crecimiento y hacerlo desarrollo e inclusión. No faltan ni diagnósticos, ni propuestas. Lo que no se observa es voluntad política. El espectáculo siempre es más fácil y acusar al ladrón es una manera de eludir las responsabilidades propias, que frecuentemente son las mayores. El cargamontón puede seguir y permitirá que nos olvidemos por un rato de la corrupción y la inseguridad ciudadana porque creeremos que ahora sí se está haciendo algo. El desfile de acusaciones seguirá mandando a segundo plano la desaceleración de nuestro crecimiento, los problemas de la inversión, la crisis de todas nuestras instituciones, la paralización de salud y hasta las declaraciones de Nadine a Cosas. Pero ello, no desaparecerá los problemas de fondo.
desco Opina / 6 de junio de 2014
