Por Luis Alberto Salgado T.
A fines de los 90, con la extendida y soberbia corrupción del régimen fujimorista, el Perú exhibía los estertores de una nación en extinción. Pero el país mayoritario reaccionó, hizo retroceder a esa lacra, y, aparentemente, revirtió la debacle definitiva.
Pero doce años después, malas señales anuncian que esa corriente tóxica de corrupción sólo se ocultó por un tiempo. Se camufló convenientemente en partidos políticos, en instituciones y poderes del Estado, y en cierta prensa nacional.
Por ello, preocupa a muchos comprobar cómo casi todas las denuncias e investigaciones por fuertes indicios de corrupción del gobierno anterior han sido archivadas o paralizadas y no se ve voluntad de procesar a nadie ni en la fiscalía ni en el Poder Judicial. ¿Preludio de desahucio moral?
Ha sido indignante escuchar ese audio en el cual Aurelio Pastor trata de convencer a la alcaldesa de Tocache que le pague 50,000 soles para que ella pueda ser restituida a su puesto, utilizando para ello sus “contactos” en el JNE y en la Corte Suprema. Pastor es ex-ministro de Justicia de Alan García, ex-congresista del PAP, y es miembro de la “dirección política” del PAP, impuesto allí por arreglo – con lista única – entre el mismo García y Jorge del Castillo en el último congreso partidario de marzo 2010.
Fue durante la gestión de Pastor en el despacho de Justicia que se produjo el “indulto humanitario” de José E. Crousillat, que tuvo todos los visos de un acto de corrupción. Debió investigarse y sancionarse a los responsables, pero transcurridos 3 años de ese indulto fraudulento, nada ocurrió.
El ciudadano común puede preguntarse: ¿el comportamiento de Pastor es excepción, o es práctica cotidiana de quienes llegan al poder para utilizarlo indebidamente en beneficio propio, pero que sólo tuvo la “mala suerte” de ser grabado por quien se sintió acosada y decidió denunciar?
El gobierno de Ollanta Humala debe investigar, en serio, los más de 4,000 indultos y conmutaciones de penas dados durante la gestión de AGP. ¿Cuántos narcotraficantes, jefes de bandas de secuestradores y delincuentes de alto vuelo fueron los beneficiados?. Sólo una decisión al más alto nivel del Estado responderá esta pregunta legítima que se hace la ciudadanía por la salud moral de la república. Pero tenemos dudas si el gobierno de Humala tomará esta decisión, considerando su ejecutoria de 16 meses….serias dudas. Y si no, miremos esa “megacomisión” congresal.
En lo personal, no puedo abstraer la condición de “dirigente aprista” de A. Pastor. Casos como éste demuestran que algunos se equivocaron de lugar. Esto confirma la grave crisis del APRA y la causa de su debacle, cuyo principal responsable es Alan García, pues bajo su conducción en el PAP —y por extensión en el Estado— se fue generando una atmósfera permisiva que ha hecho posible que casos como el de Pastor no sean la excepción. Hay, pues, una corresponsabilidad política grave de quienes hoy suspenden a AP en su “cargo” partidario y aparentan rasgarse vestiduras ante ese audio vergonzante.
El verdadero aprista sabe que no se llega al Estado para enriquecerse, ni encubre a corruptos, ni queda impasible frente a quienes cometen actos que golpean fuertemente la imagen del APRA. Dependerá de la decisión de esos apristas, que no venden ni alquilan sus conciencias, por más poderoso que parezca quien está al frente.
Y en cuanto al país, nuevamente la corrupción y la impunidad comienzan a gangrenarlo. El Perú está en alerta roja. Y no hay, en absoluto, exageración alguna. El Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y el JNE no son hoy, para los ciudadanos, garantía alguna de ética ni transparencia; y esas instituciones y poderes se supone que son la columna vertebral del Estado peruano. Si ellas no funcionan o se corrompen, el país se hunde irremisiblemente.
El Perú debe reaccionar.
Lima, 28 de noviembre 2012
