Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.
Tres décadas después, las derechas exhiben cinco grupos, comprometidos todos con la defensa neoliberal. La derecha populista y autoritaria fujimorista, que introdujo temprano y con fuerza un componente mafioso en la política; la de los partidos tradicionales —PPC, AP y APRA— que se fue desdibujando con el paso del tiempo y que parió posteriores grupos mafiosos como Solidaridad Nacional y Podemos; la derecha tecnocrática, materializada en un grupo de funcionarios públicos y en diversos think tanks vinculados a la gran empresa privada, como el Instituto Peruano de Economía (IPE); aquella otra surgida del «emprendimiento» de César Acuña y finalmente, la derecha religiosa y conservadora, católica y evangélica, que encuentra canales políticos en partidos como Renovación Popular. Aunque no todos estos sectores hacen automáticamente parte de la derecha extrema y algunos de ellos buscan una apariencia mínimamente liberal, la defensa cerrada del modelo los hermana, más aún en momentos de polarización que ellos mismos alentaron. Todos ellos, por cierto, con vinculación estrecha con la Coordinadora Republicana, autodefinida como organización de la sociedad civil que agrupa a lo más rancio de la derecha y el autoritarismo nacional.
Estas agrupaciones, con el concurso de Perú Libre, impusieron a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, lo que además de una ironía de mal gusto, evidencia la oscuridad y la alevosía que se han instalado en la política del país. Su elección, tras un proceso plagado de vicios y arbitrariedades que a estas alturas no sorprenden a nadie, llamó la atención de algunos analistas que parecen jugar a ingenuos, dadas las características del personaje, que no se destaca por su trayectoria como jurista o abogado y que es recordado como el exparlamentario nacionalista que antes de instalado ese gobierno, pretendió sorprender a los rusos presentándose como emisario del nuevo gobierno, como militante devoto y abogado de Vladimir Cerrón y más recientemente como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
Su elección, después de un concurso por demás opaco, promovida finalmente por Fuerza Popular y la agrupación que llevó al gobierno a Pedro Castillo, permite medir el deterioro y la pérdida del poco contenido que le queda al sistema democrático y es parte de la ola autoritaria que avanza por el mundo, donde la justicia y su independencia están entre sus principales blancos, como lo demuestran los casos de Hungría, Polonia, Nicaragua o Filipinas, por citar apenas algunos. Controlar la justicia en todas sus manifestaciones es un interés claro de las derechas de este país desde el año 2020. Derrotados en las fantasías de fraude que enarbolaron, y que hoy Keiko Fujimori quien las promoviera, las ignora para defender la legitimidad de su transitoria socia actual, la señora Boluarte, fracasaron en sus intentos de vacancia hasta el suicidio político del exmandatario.
No obstante tales contratiempos, desde la instalación del Congreso actual, el mismo que tiene los niveles de desaprobación más altos de la historia, las derechas se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a la captura de distintas instituciones que administran justicia. La elección del Tribunal Constitucional fue el primer paso. El segundo busca acabar desde hace dos años con la independencia de la justicia electoral; la arremetida acompañada de sus barras bravas, incluyó amenazas de muerte, campañas violentas de movilización y de noticias falsas, así como amenazas de destitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La elección de Gutiérrez es el tercer paso, que apunta al control de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, donde el Defensor encabeza la comisión que define los integrantes de aquella. Controlar los órganos electorales, siguiendo el modelo de Ortega y la pretensión similar de AMLO, es uno de los pendientes que seguramente abordarán en un futuro próximo.
Junto con el control de la justicia, se pretende también el de distintas instituciones autónomas que deben regular y ordenar distintas actividades que buscan ser definitivamente capturadas por grupos mafiosos. Fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aceptado por la señora Boluarte, pero también fueron las presiones sobre el tema del transporte que han terminado, por decisión del Ejecutivo, cambiando a la Autoridad de Transporte Urbano, mientras continúan las presiones alrededor de la minería artesanal, la tala y la pesca artesanal.
En sentido estricto, del presidencialismo de nuestro sistema político, la derecha nos está llevando al parlamentarismo autoritario, repitiendo el camino que realizara Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, décadas atrás. Su aspiración es un fujimorismo 2.0 para asegurar un nuevo ciclo político neoliberal y para terminar de liquidar a los “caviares, los auténticos enemigos del Perú”, como señala uno de sus pensadores más auténticos. La pretensión no es fácil, más allá del creciente rechazo que paulatinamente seguirá generando, porque la disputa por el liderazgo en las derechas, no está resuelta. Que Keiko Fujimori lleve ventaja porque es la única que cuenta con un partido organizado y relativamente disciplinado y que sea la validadora del entendimiento de Fuerza Popular con la agrupación de los hermanos Cerrón, que todo indica que va más allá de un simple canje de algunas posiciones de poder, no garantiza nada, más allá de la demolición de nuestra institucionalidad.
desco Opina / 19 de mayo de 2023
1 comentario
Gobierno fascista de Dina Boluarte, títere del fujiaprismo montesinista.