por Desco
En las últimas semanas reportajes difundidos en los medios periodísticos han cuestionado la idoneidad de la implementación de los programas sociales (PPSS), tales como Pensión 65 y recientemente Gas Barato en Pichari (Cuzco). Las investigaciones periodísticas han expuesto los beneficios a quienes no lo necesitan. Cabe observar que las denuncias de irregularidades se han presentado mayoritariamente en lugares urbanos de la costa, donde se esperaría existan relativas facilidades para la fiscalización y el control. Qué podemos esperar, entonces, de la situación de las áreas rurales de nuestra selva.
Hay condiciones particulares en la selva que elevan el riesgo de ineficacia de los programas sociales tal como están diseñados actualmente. Dentro de estas particularidades podemos identificar la dispersión demográfica; la escasez de vías de comunicación; lo costoso y poco verificable del Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO); entre otros. En la provincia de Oxapampa, por ejemplo, sólo dos distritos son beneficiarios del Programa Juntos: Puerto Bermúdez y Constitución. En muchos casos, sus beneficiarios deben de trasladarse durante horas a través de los ríos para recibir el beneficio. Si consideramos que tres horas de viaje por río cuesta en promedio 30 nuevos soles y que, al no tener conocimiento de posibles reprogramaciones, es necesario pernoctar en las ciudades de distribución; todo se encarece y se reducen los impactos esperados.
Una situación similar ocurre en el programa de Vaso de Leche. Los costos de distribución de los recursos (leche, avena y algún otro complemento nutricional) son altos, por este motivo se realizan en muchos casos de manera trimestral. Por otro lado, se corre el riesgo de que terminen en manos de los comercios locales por la tentación del volumen acumulado. Sólo en el distrito de Villa Rica, 18 de los 51 Comités reconocidos formalmente pertenecen al ámbito urbano. Los demás, de áreas rurales, distribuyen los insumos de manera directa a los beneficiarios, sin prepararlos. Inclusive quienes los reciben, deben acarrearlos vía trocha hasta sus domicilios.
Un tema que no ha sido considerado en el diseño de este programa es el escaso (y a veces nulo) hábito de consumo de lácteos que tienen las comunidades nativas. No se ha estudiado que muchos pobladores demuestran seria intolerancia a la lactosa, por lo que este programa les es poco atractivo. La situación llega a tal punto que algunos líderes nativos señalan: «si desean implementar un programa de apoyo alimenticio deberían apoyarnos con la crianza de peces o zamaños, porque la leche no es buena para nosotros».
El Programa Pensión 65 ha sido reclamado por algunos congresistas de la región. Ante las serias deficiencias que ha demostrado el SISFHO, no sería de extrañar que se manifiesten irregularidades en igual o mayor intensidad que las hasta hoy presentadas. La realidad nos muestra que en las áreas urbanas, no se ha podido establecer un padrón confiable de beneficiarios, ello nos invita a ser cautos en el entorno rural de la selva. En relación al SISFOH, es una propuesta metodológica que permitiría identificar a los sectores más necesitados de la población. Aun así, es evidente que ante la falta de una adecuada supervisión del trabajo de los consultores –a quienes recurren las municipalidades para su elaboración– seguirán apareciendo deficiencias.
Para terminar, debe reflexionarse sobre la realidad de la formación educativa y acceso a la información en la región. Si los programas sociales son parte de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza, se hace necesaria una reingeniería de la implementación de los mismos, propuesta que debe depurar los errores en la selección de beneficiarios. Desde nuestro modesto entender, para la selva, lo más funcional sería darle mayor énfasis a los programas sociales promotores de oportunidades económicas, ya que tienen el agregado de ir reduciendo la dependencia de los beneficiarios a programas asistencialistas.
