Los últimos gobiernos en el país han significado una desproporcionada asignación de los recursos de inversión pública en detrimento del sur peruano y el afianzamiento del modelo centralista de desarrollo nacional.
Tal vez el caso que podemos considerar emblemático es el gasoducto del sur, proyecto paralizado desde el año 2017, por efecto de la corrupción descubierta a nivel internacional de la empresa Odebrecht, titular de la concesión del mismo.
El importante recurso del gas natural de Camisea, se destinó en principio a abastecer la demanda de la capital. El gasoducto, construido con el aporte de todo el país, incluyendo a los ciudadanos del sur, hizo factible el uso de este recurso para la generación de energía, el abastecimiento al sector industrial, al transporte y el abastecimiento domiciliario a costos de la energía menores a los que se incurre en el resto del país. Y así, llegamos a la situación paradójica de no poder usufructuar los beneficios de estos recursos, contemplando una vez más, la consolidación del modelo centralista.
En este marco, el gasoducto sur peruano constituía una oportunidad para compensar este injusto tratamiento al sur y una posibilidad para mejorar el soporte del desarrollo con una energía más barata y, a la par, la posibilidad de la diversificación productiva mediante el desarrollo de la petroquímica.
La paralización de este proyecto, a la fecha, viene costando al país cerca de 50 millones de dólares anuales por concepto de vigilancia y conservación de las instalaciones de tubería y equipos ya instalados. Y mientras tanto, el centralismo gubernamental y Proinversión no lo destraban; paralizado bajo exclusiva responsabilidad del concesionario que no pudo cumplir con el financiamiento comprometido como consecuencia de su corrupción.
Otro caso pendiente es la ejecución de la segunda fase del proyecto Majes Siguas, que permitirá la irrigación de 38 500 hectáreas y la construcción de dos centrales hidroeléctricas con la generación de empleo y el fortalecimiento del potencial productivo regional, como lo muestra el impacto de la primera etapa de este proyecto estratégico, que con solo la incorporación de cerca de 15 000 hectáreas ha permitido el desarrollo de un polo productivo de más de 100 000 habitantes en el área de la irrigación. Desempeños erráticos de nuestros últimos tres gobiernos regionales y la aprobación de cuestionables adendas al contrato de concesión han ocasionado su paralización por muchos años, encontrándose a la espera de la opinión de la Contraloría General de la República para la suscripción de la última adenda que incorpora el costo del proyecto en 104 millones de dólares que el exministro de Economía, Waldo Mendoza, aceptó comprometer para destrabarlo.
Junto a estos grandes proyectos estratégicos para la región Arequipa y la Macrorregión Sur, está la necesidad de reactivar la economía que tiene como principal componente al sector servicios que representa el 42% del PBI; sin embargo, tenemos una tercerización altamente informal, pero con alta generación de empleo en muchos casos precario, por esa razón. En este sector prevalece la pequeña y microempresa que, hasta la fecha en las condiciones de la pandemia, ha obtenido un limitado apoyo.
Adicionalmente, está planteada la necesidad de implementar la anunciada nueva minería de la campaña electoral, para dar curso al desarrollo de los proyectos mineros que cuenten con la licencia social, y también resolver los problemas de la minería artesanal del oro que involucra a una población estimada en 60 000 ciudadanos ocupados en esta actividad con experiencias truncas en los intentos de formalizarse en los últimos años. La minería aportaba el 26% del PBI regional, según reporte del BCR al año 2014.
Finalmente, se requerirá una particular voluntad política desde el Ejecutivo para aportar activamente en la superación de las limitaciones de infraestructura y personal en los servicios públicos de salud y educación, que mostraron sus precariedades evidenciadas en la pandemia con todo su dramatismo.
En resumen, esperamos un decidido apoyo para el destrabe de los proyectos estratégicos que proporcionarán impactos en el mediano plazo y, paralelamente, reactivar la pequeña producción agropecuaria y de los servicios en el corto plazo por su alta capacidad de generación de empleo y dinamización de la economía. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación.
desco Opina – Regional / 6 de agosto de 2021
