El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.
A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta. De ahora en adelante, un yape para colaborar con el almuerzo de protestantes (o agentes de delito, si la fiscalía lo determina así), o cualquier donación, te puede llevar cinco años a la cárcel. Si protestas en la carretera, harto de las mecidas de una mesa de diálogo, porque una agroexportadora va contra tus derechos laborales, o porque una empresa de dudosa reputación inicia un proyecto minero en tu localidad, o porque no encuentras justicia cuando apagaron la vida de un familiar, puedes irte quince años a la cárcel. El primer ministro Alberto Otárola y Dina Boluarte le han echado candado a la protesta, o más bien sal al fuego, según como se vea.
Más doloroso ha sido aún, el manejo político de las masacres de Estado. Después de meses de protesta de familiares de los caídos pidiendo justicia, con informes internacionales y nacionales denunciando al gobierno por las masacres durante las mismas, además de expedientes fiscales amontonándose en la capital por decisión de Patricia Benavides, en un afán deliberado para no resolver los casos en los lugares donde ocurrieron los hechos, la vilipendiada Fiscal de la Nación, denunció cínicamente a Boluarte y Otárola por homicidio calificado por seis de los cuarenta y nueve casos de muertes causadas por abuso militar y policial durante las protestas. Ni siquiera hizo la denuncia por una voluntad tardía de hacer justicia, sino como una carta para salvarse de la destitución ante el papel deleznable que ha tenido en ese puesto de poder, desde el que buscó proteger a su hermana, eliminar a Zoraida Ávalos, intervenir en la elección de Josué Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, pretendiendo lograr la captura de la Junta Nacional de Justicia.
En este escenario, también estarían desapareciendo pruebas de la ya precaria investigación fiscal sobre las muertes en las protestas, a juzgar por el testimonio del fiscal José Domingo Pérez a una televisora limeña, denunciado la destrucción y extracción de documentos de la Fiscalía de Derechos Humanos.
La liberación de Alberto Fujimori, condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad, es la cereza del pastel que seguramente seguirá alimentando la indignación acumulada de la ciudadanía, porque su excarcelación representa la impunidad en nuestro país y la transgresión a las normas.
Siguen ajustando, entonces, la soga contra nuestros cuellos, aletargándonos, pero enfureciéndonos cada vez más. Pese a las normas represivas se han programado tres días de marcha en veintiséis regiones del país contra el régimen de Dina Boluarte, que fueron anunciadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL). Mientras tanto, cientos de personas autoconvocadas, que participaron en las protestas posteriores al 7 de diciembre de 2022, continúan siendo procesadas, por un sistema infectado también por esta democracia que ya no es democracia.
Diciembre se dibuja así, otra vez, como el mes más largo y temible del año, por una serie de acontecimientos que llegan en tropel y nos dejan un mal sabor de boca, que ninguna chocolatada podrá resolver. No hay argumento que resista la tragedia de nuestro país.
desco Opina – Regional / 7 de diciembre del 2023
