por José Cevasco Piedra
Es cierto que bajo la tutela de la Constitución, los parlamentarios no tienen responsabilidad por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, muchas veces hemos visto como, algunos de ellos, por un exceso de emotividad o por ganar algunos segundos de exposición ante los medios de prensa, realizan acusaciones falsas o indocumentadas contra la imagen y la honra de las personas naturales o jurídicas, amparándose en el principio de la presunción de un delito, sin tomar en cuenta que también existe la presunción de inocencia.
El trabajo parlamentario debe tener una gran dosis de responsabilidad, ética y decencia. El buen político electo como autoridad debe transmitir a sus electores mensajes de objetividad más que de emotividad; el Parlamento ya no es la plazuela de campaña electoral, en donde la emoción es un gran ingrediente para captar votos. El Código de Ética Parlamentario debe incluir sanciones para aquellos que usando su investidura se dedican a deshonrar personas e instituciones, con acusaciones sin fundamento dando origen a investigaciones que terminan siendo archivadas por inconsistentes. En el caso de las empresas privadas, muchas de ellas son acusadas alegremente por algunos políticos sin darse cuenta que estas demagogas denuncias desalientan las inversiones del sector privado nacional y extranjero, de las que están en el país y de las que quieren venir. La imagen empresarial es parte del capital que tomó tiempo y dinero para construirse. ¿Acaso no es desalentador que algunos políticos, por convertirse en los «defensores» de los usuarios de los servicios públicos -solo por poner un ejemplo-, destrozan o tratan de destrozar una marca comercial la cual ha costado millones de dólares en construirla? Por otro lado hemos visto, también, como algunos políticos dañan la imagen de funcionarios públicos, so pretexto de haber realizado actos de corrupción, denunciándolos y una vez procesados las causas son archivadas por inconsistentes; ¿quién les devuelve la honra a dichos ciudadanos?, ¿quién le conseguirá empleo cuando su imagen ya fue destrozada?, ¿acaso el acusador? ¿Tanto afán genera una cámara de televisión? Pero también las acusaciones van de un congresista a otro congresista, solamente por el prurito de quererlo intimidar por ser un contrincante político, acusándolo generalmente de «lobbista» con el propósito de amilanarlo y que no ejerza su libre derecho a voto. Creo que el Congreso debe considerar la posibilidad de normar y sancionar el mal uso de la investidura parlamentaria que, mediante opiniones, pedidos de información, mociones de orden del día e inclusive citando a ministros, realizan acusaciones políticas y administrativas, en desmedro de las personas y empresas dando pie a investigaciones que terminan sin ninguna imputación, haciendo perder tiempo, dinero y desacreditando la función parlamentaria.
