por Desco
La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.
Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.
Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.
En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.
Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.
