Peligro del colombroño Rey Rey con su ignorancia del Derecho

Del colombroño su nombre es Rafael y no siendo Rey ni abogado, tiene el desparpajo de afirmar que el cuestionado dispositivo tiene apego constitucional, pese a que se aparta diametralmente de la ley 29548 que autoriza legislar sobre policías y militares que “han sido procesados” o “condenados”,  al haberse dictado normas procesales para los que  “están siendo procesados”, que no es lo mismo. Para que entiendan los defenestrados: “han sido ministros”, significa que ya no lo son, ¿ni lo serán?

 2.      Bajo la férula fáctica de Rafael Rey Rey, la del Presidente Alan García, abogado de profesión pero que a la norma jurídica “tampoco la ve” en sus insondados recovecos, y la torpe ingenuidad enclenque de un de veras erudito como García Toma, “legislaron” sobre la variación de la detención a comparecencia; respecto del sobreseimiento o archivo, con excarcelación inmediata, de las causas de los Colina y sus compadres en cualquier estado en que se encuentren; sobre la imprescriptibilidad de la acción penal para que los jueces la reputen prescriptible; que paguen caución económica los ausentes y contumaces, y otras sandeces no autorizadas, pero los tres con otros ministros, como ignorantes de la norma procesal, con dolo y tozudo obscurantismo, jamás aceptaron que estas medidas no son para alguien que ha sido procesado. Su proceso ya fue.

Son medidas procesales todas ellas para los que tienen proceso penal abierto, extremo éste que carece de facultades delegadas del Congreso en la expedición del malquisto Decreto Legislativo 1097. Por eso y mucho más lo que expidieron no es un Decreto Legislativo; no es la norma legal encomendada; es más bien el artificio del poder gobernante para excarcelar a un puñado de policías y militares asesinos y para que el vice Giampietri y Alan García mismo sean cubiertos con prescripción por las matanzas de El Frontón. Buscaban pavimentar su propio devenir.

 3.      Ninguno de los ministros, tampoco el Presidente, han sido hidalgos en reconocer que “legislaron” sobre algo que el Congreso no los autorizó; la prensa nacional entera calló y encubrió, pese a que en Internet, infinitas webs y blogs del mundo rechiflaban y rechinaban con estridencia, denunciando el entuerto. Muchos países conocieron de mis artículos, todos los congresistas los recibieron, miles de abogados y amigos también, mientras la prensa nuestra producía incendios en otra dirección, como quien quiere tapar el aquelarre. Levantaban cortinas de humo o procesos psicosociales muy gratos al poder corrupto, que la somete por precio.

Aunque al final la razón se ha impuesto. Ha caído el gabinete de ministros; ya no estarán más el factótum Rey Rey y el intonso García Toma; hoy martes 14 de setiembre jurarán sus reemplazantes y el infame Decreto Legislativo —expresión grata al inmaculado periodista Herbert Mujica Rojas, que maneja el verbo como el buen cirujano su escalpelo— corre al naufragio de su derogación.

 Habría sido aconsejable que en el seno del Consejo de nuevos ministros, reconociendo que el torpe dispositivo es ajeno al encargo congresal, que, por lo tanto, no es realmente un Decreto Legislativo por su arista inconstitucional evidente, o sea, no es una norma legal, quede sin efecto. Por su carácter írrito e ilícito el mismo gabinete lo debería cancelar; dejarlo sin efecto no sería derogarlo, sin necesidad de otro llamado decreto legislativo por carecer de facultades constitucionales para su derogación. Tal como se hizo con el indulto a Crousillat.

 4.      El Poder Ejecutivo per se no está facultado constitucionalmente para expedir decretos legislativos que tienen el mismo valor que las leyes que aprueba el Congreso y promulga el Presidente. Por excepción, puede hacerlo cuando dicha facultad le ha sido delegada por el Parlamento, sobre materia y tiempo específicos. Así lo prescribe el Art. 104° de la Constitución Política.

Cuando alguna locura del mandatario, que avasalla a sus ministros, hace dictar un dispositivo que lo nombra como Decreto Legislativo, establece en él medidas procesales que los jueces aplican  archivando los procesos y liberando a los presos, llámense Colinas, Barrios Altos, La Cantuta, El Frontón, en tal supuesto no estamos ante una norma legal, ante un formal decreto legislativo; estamos más bien frente a un  acto ilícito del gobernante que persigue sobreseer, excarcelar y beneficiarse él mismo con la prescripción de su caso. El hecho ilícito se llama Delito de Encubrimiento, tipificado en el numeral 404° del Código Penal, en que incurre cualquier funcionario público que sustraiga de la persecución penal a otros por sus propios delitos.

 Con el texto del Decreto Legislativo N.° 1097 el gobernante de turno encubre el delito ajeno, sacándolo del proceso penal a su protagonista, sin que esto haya sido facultado por el Congreso de la República. Basta revisar la ley autoritativa.

Admonición final. Don Víctor García Toma, en su calidad de  profesor universitario, autor de sesudos artículos, ensayos, libros y conferencista a rabiar, estos tópicos los entiende a cabalidad. Por eso veo en su personalidad de alfeñique la raigambre del desatino. En el Consejo de Ministros donde se aprobó este engendro legislativo debió pararse, dejar su voto singular en contra y retirarse del encargo. Si no lo hizo, nunca más asome a Palacio.  Del saltimbanqui Rey Rey no podemos esperar nada semejante. Su opusdeísmo lo corroe tanto como su acromatopsia moral, así como igualmente la savia fujimorista, cuando defendía a ultranza al ex mandatario hoy condenado a 25 años por sus piruetas criminales. A propósito: ¿Ha ido a visitarlo, portándole cigarrillos como la congresista Cecilia Chacón hasta las 11 de la noche?

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