Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 21 la procuradora antidrogas, Sonia Medina, manifestó que “el lavado de activos es uno de los delitos de mayor proporción que involucran un país y su economía. Son economías eminentemente sucias con patrimonios sucios que se van mezclando dentro de lo lícito que aún pueda tener un país”, añadiendo que según Naciones Unidas, en el Perú se lavan activos entre US$ 6,500 a 7,000 millones anuales (más del 15% de todas nuestras exportaciones 2012). Anteriormente, en mayo pasado, también advirtió sobre estas exorbitantes cifras y sobre el riesgo a la gobernabilidad del país por su infiltración en instituciones del Estado.
En el Perú se lavan activos hasta por US$7,000 millones anuales
Pero lo más grave es la frustración de la procuradora por haberse caído muchos procesos emblemáticos como el tráfico de insumos químicos de los Sánchez Paredes que duró 6 años y terminó archivado. Tenemos también el caso de “Artemio” que a pesar de las evidencias no ha sido acusado por lavado de activos, porque según el Fiscal Marco Guzmán “se trata de un delito complejo que requiere una serie de pruebas”. En junio 2012 fue archivada la investigación a cambistas de divisas a nivel internacional por no encontrarse en delito precedente el origen del dinero supuestamente ilícito.
El lavado de activos es una actividad delictiva que mueve en el Perú ingente cantidad de dinero de procedencia ilícita, del tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando, piratería, trata de personas, entre otros, que es blanqueado en compras de inmuebles, lujosos vehículos, transferencias de bienes y dinero ilegales, remesas al exterior, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y “pitufeo” (ejército de testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas), etc.
Bajo este panorama en julio pasado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó al Perú por las altas cifras que maneja el crimen organizado, especialmente del narcotráfico y lavado de activos. Muy poco avance tenemos en esta lucha y son mínimas las sentencias ejecutadas. En julio 2011 se aprobó el “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que incluye 85 objetivos, desconociéndose su cumplimiento por más de 20 entidades del Estado involucradas, incluido el Congreso, lo cual debería ser de conocimiento público.
Ni siquiera conocemos realmente la magnitud de esta grave problemática que requiere de mayores controles de actividades ilícitas bancarias, tributarias, y en las fronteras, así como de bases de datos, peritos especializados, y enormes esfuerzos de coordinación interinstitucional en prevención, investigación, seguimiento, detección y represión penal.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de febrero de 2013
