Una encuesta realizada a inicios de abril por Ipsos Perú reveló datos preocupantes para la crisis social y política que vive este país: todos quieren que se vayan todos. Tanto el presidente Pedro Castillo como el Congreso legislativo, enfrentados entre sí, salieron muy mal parados.
Según el sondeo, 76 por ciento de los peruanos desaprueban la gestión del mandatario, y 79 por ciento rechazan la gestión del Congreso. El Gobierno de Castillo solo tiene 17 por ciento de aprobación, y el Legislativo apenas 14 por ciento.
Por otro lado, un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos realizado por esas mismas fechas reveló que 80 por ciento de la población desea que se celebren elecciones generales como una salida a la crisis. Esto es, que se vayan todos.
SIN SALIDA A LA VISTA
El problema para esta situación de descontento mayoritario es que, al parecer, no hay perspectivas de una salida óptima, pues si se destituye al presidente o éste renunciase asumiría la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tampoco goza de aprobación.
Y aun si Boluarte renunciara o fuese destituida por el Congreso, por sucesión constitucional el poder quedaría en manos de la actual presidenta del parlamento, María del Carmen Alva, quien tiene una aprobación similar a la pobre que tiene Castillo.
Habiendo observado la población que el Congreso no tiene voluntad de sacar a Castillo tras dos intentos fallidos, la esperanza de que se destituya al presidente como el inicio de un proceso de renovación política y social se percibe como improbable.
De esta manera, queda la sensación de que, frente a una ciudadanía que rechaza a ambos poderes casi por igual, éstos han optado por preservar el status quo hasta 2026, cuando finalizan sus mandatos, sin atender el profundo hartazgo social que podría eventualmente causar un estallido social de consecuencias impredecibles.
LA SOLUCIÓN ES EL PROBLEMA
En la discusión política actual se busca una fórmula legal que permita un adelanto de las elecciones, pero no hay muchas alternativas.
Cierto es que se han realizado marchas multitudinarias para pedir la renuncia de Castillo, a quien se califica de corrupto e inepto, pero estas manifestaciones deben ser consideradas tomando en cuenta que la oposición al presidente no equivale a un apoyo al Congreso, de quien se considera que tiene los mismos vicios del mandatario.
Visto así, no aparece una salida plausible mientras el descontento aumenta contra Ejecutivo y Legislativo, lo que encierra la pregunta de qué pasará en Perú cuando la presión social llegue a picos aún más elevados. Nadie sabe lo que podría pasar.
Con información de Sputnik
