Por Raúl Allain
Son conocidos y vox populi los últimos escándalos de corrupción, de la mano con investigaciones, acusaciones fiscales y procesos penales en marcha contra expresidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, incluso funcionarios públicos, algunos miembros del Poder Judicial e incluso de la PNP, que son casos individuales pero que mancillan la imagen de las instituciones.
Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos tienen un costo social elevadísimo. Y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, porque el saqueo de las arcas públicas impide que se puedan realizar obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación, justicia y seguridad.
La corrupción se refleja en la economía y en la disminución de la calidad de vida. Las cifras de la corrupción son espeluznantes. La Defensoría del Pueblo, en un informe denominado “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2017), reveló que se pierde anualmente 12 mil millones de soles, es decir alrededor de 3 mil 600 millones de dólares por actos de corrupción.
El documento estableció que cada día se pierden 10 millones de dólares por actos de corrupción en el Perú, o su equivalente a 10% del presupuesto nacional por año. Sólo el año 2019, este flagelo le costó al Estado más de 23 mil millones de soles, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República. Es decir, los que pagan el costo social de la corrupción son los «peruanos de a pie», los ciudadanos anónimos que día a día se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos.
Obviamente este es dinero que se le está robando al bolsillo de los propios peruanos. Según estadísticas del Banco Mundial, el dinero expoliado por los funcionarios delincuenciales representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de cada país.
Todo este dinero, que termina en las alforjas de las organizaciones criminales, debería destinarse a inversiones en materia de salud pública, educación, infraestructura vial y eléctrica, saneamiento, becas para estudiantes, desarrollo del deporte y demás aspectos que beneficien a la sociedad.
Ahora que empieza otra vez el desfile de candidatos presidenciales que ofrecen «el oro y el moro», es necesario analizar, pensar, escuchar las propuestas y ejercer nuestra ciudadanía de manera consciente. Solo así podremos derrotar al fantasma de la corrupción.
Expreso, Lima 14-12-2020
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.
Raúl Alfonso Allain Vega. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud y director del sello independiente Río Negro.
