Cuando se conoció la violación de la cadete FAP Diana Bazán, a fines de abril la Defensoría del Pueblo anunció que capacitaría a las FF. AA. para evitar estos casos, para lo cual ambas instituciones firmaron un convenio.
Un hecho grave sobre este caso es la negativa de dar información al ministerio de la Mujer, que acudió al local del Rímac a recabarla una vez conocido el hecho, lo que revela que en ese local ocupan altos cargos elementos que deberían estar fuera de la institución.
No entendemos qué efectos tienen las charlas o cómo se dictan, pero un hecho que indica que no se capacita de manera efectiva es la información que se da a las reclutas.
De las declaraciones de la agraviada se conoce que a las (o los) nuevos reclutas no se les informa acerca de sus derechos elementales.
¿Cómo así las reclutas desconocen que no se les puede obligar a tomar bebidas alcohólicas dentro de la institución? ¿O cómo así desconocen que, con excepción de la alimentación regular del comedor, nadie los puede obligar a tomar ni beber nada?
Entonces, ¿qué clase de información están recibiendo estas novatas? Hay que tener en cuenta que estas jóvenes son casi escolares ingenuas, ya sea de la ciudad o del campo.
Lo que se advierte es que el personal civil, que debería ser el encargado de preparar directivas efectivas, no está haciendo bien su trabajo o está trabajando para perjudicar a la institución.
Basta leer la ridícula ley disciplinaria que prepararon durante la gestión de Allan Wagner (ver: Las Fuerzas Armadas y su pintoresca nueva ley disciplinaria) para entender que hay allí un grupo de personas que no se sabe para qué están en Defensa, como Nuria Sparch (ver: ¡Boten a Sparch y a toda su pandilla! y Defensa: ¿brutos o espías? ¿o las dos cosas?).
En lugar de redactar una norma tan ridícula como la Ley 29131, deberían preparar directivas y manuales, incluso presentaciones en Power Point, de fácil comprensión que estén a disposición, de manera especial, de los recién ingresantes, y que puedan leer una y otra vez.
No se entiende cómo así estas agraviadas desconocen los límites de la autoridad que tienen sobre ellas sus superiores y la forma en que deben reaccionar ante los intentos de trasgresión de las normas institucionales y cómo deben denunciar estos hechos. De igual manera, es necesaria la capacitación sobre los sedantes que se les puede administrar maliciosamente en bebidas o mediante otros medios, de manera que los delincuentes que posean esos medios sean denunciados.
En el caso de la cadete FAP, por ejemplo, no se comprende que no haya estado preparada para rechazar ser llamada de madrugada a la habitación de su superior.
Es necesario que se tenga en cuenta la anomia social que existe en el Perú y la presión que pueden experimentar personas casi adolescentes ante el temor de perder su puesto o su carrera, de lo cual se aprovechan algunos elementos antisociales a los que es necesario frenar y expulsar.
Esperemos que las capacitaciones se realicen de forma clara y amplia y que los responsables, tanto el agresor como sus cómplices, reciban pronto las sanciones respectivas.
