Con la popularidad cayendo en barrena y luego de salvar eventualmente un semi hundido Gabinete Ministerial, el presidente Humala y su agónico Premier deben ahora maniobrar para evitar colisionar frontalmente con los embates de los mineros informales-ilegales-artesanales.
Como cuestión previa, nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con los esfuerzos que debieran hacerse para aligerar los procedimientos de formalización y combatir drásticamente las actividades ilegales. Ello está fuera de toda discusión.
Sin embargo, es igualmente obvio que la «estrategia» seguida por el gobierno central para manejar el asunto que tiene entre manos y enrumbar hacia una solución, solo aparece como deplorable por todos sus costados. Al respecto, queda sumamente ancha la palabra «estrategia» en una posición gubernamental en la que su vocero calificado —el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental— luego de seis meses en el cargo, aún no termina de definir con claridad cuál es el problema, cómo lo va a enfrentar —además de los prometidos dinamitazos— y qué tipo de resultados debemos esperar con su gestión.
Dicho funcionario, Daniel Urresti, un oficial retirado del Ejército, considera que llegó la hora de «poner orden». No está mal, claro está, pero a estas alturas, con los mineros en las calles y carreteras, por un lado, y en intenso cabildeo con las autoridades, por el otro, se debería tener ciertas cosas ya zanjadas si de «poner orden» se trata. Por ejemplo, aun cuando se había constatado desde años atrás las enormes dificultades para definir y conceptualizar a la minería informal/ilegal en tanto no tipificaban con lo que la legislación denomina «pequeña minería tradicional», muy poco o nada se ha avanzado al respecto, pese al considerable número de personas que involucra y de su importante contribución en cuanto a volumen y valor de producción, particularmente en el rubro aurífero.
Sobre esto último, para la Presidencia del Consejo de Ministros, en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización. Pero, según la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú la actividad de extracción informal concentra a más de 300,000 mineros en todo el país.
De igual manera, tampoco hay precisión acerca del valor total que produce esta actividad. Según la Federación de Mineros Artesanales, el sector informal genera ingresos por 850 millones de dólares anuales. Para otras fuentes, los mineros informales producen alrededor de 24 toneladas de oro, valorizadas en 500 millones de dólares. Según las autoridades peruanas, la actividad informal representa alrededor del 20 por ciento de la producción nacional de oro (40 toneladas anuales) y genera unos 2.600 millones de dólares al año.
Dadas las cosas de esta manera, el 25 de marzo el gobierno llegó a acuerdos parciales con algunas de las federaciones de mineros, siendo una parte sustancial de los mismos el inicio de una etapa de «saneamiento» a partir del 20 de abril, con aquellos productores que hayan decidido formalizarse.
Hasta allí todo bien si no fuera que el intento de salir de un agujero negro está invitando, al parecer, a ingresar a otro. ¿Qué es el referido saneamiento? Según la PCM, «contempla diversos aspectos como facilitar la suscripción de los contratos de explotación minera de acuerdo a ley y en condiciones justas; generación de alternativas de solución sobre la problemática relacionada con los contratos de explotación; fiscalización de las posibles concesiones mineras, el uso óptimo en el manejo de insumos, entre otros». En otras palabras, un perfecto galimatías.
Es decir, todo parece indicar que para el actual gobierno, la «solución» consiste en saltar de una confusión a otra. Es el denominador común que, lamentablemente, enlaza esta situación específica con todos los demás desafíos que se le presentan con urgencia de resolución.
desco Opina / 28 de marzo de 2014
