Para nadie es un secreto la potencialidad productiva de la selva peruana, pero es poco probable que el empresariado emergente de esta región se decida a invertir cuando la inseguridad campea y los afecta.
Los medios de comunicación nacionales difunden reportajes sobre la inseguridad ciudadana, pero poco o nada se dice sobre lo que ocurre en las áreas rurales del interior del país, sobre todo en las pequeñas y más aisladas jurisdicciones. En muchos de estos ámbitos, las extorsiones, los asesinatos selectivos, los secuestros y robos tienen como víctimas a empresarios (cafetaleros, ganaderos, fruticultores y empresarios madereros) de la selva central, especialmente en temporadas clave como la de cosecha.
Los delincuentes interceptan a sus víctimas en las carreteras o en sus propios fundos, aprovechando que la nula vigilancia policial y la ausencia de señal de telefonía móvil en la zona, dificulta pedir y brindar auxilio. Muchos de estos crímenes a productores quedan impunes debido al escaso interés de las autoridades y a una opinión pública débil e incipiente como para presionar.
La ausencia de entidades bancarias en la zona agrava la situación, pues obliga a trasladar grandes sumas de efectivo (para el pago de salarios e insumos) por largas y desoladas vías.
A pesar de las denuncias, los casos de extorsión quedan silenciados, lo que ha motivado más de un pronunciamiento de las autoridades locales y regionales. Sin embargo, los llamados no han tenido una respuesta adecuada por parte de la policía. La cobertura policial en las pequeñas jurisdicciones de la Selva Central es mínima y mal equipada. Los distritos con menor densidad poblacional cuentan con menos de ocho efectivos, aunque los días de franco y otros permisos, limita aún más su capacidad operativa.
La escasez de recursos y equipos hace que los efectivos policiales dependan mucho del apoyo logístico y de personal de unidades situadas en ciudades más grandes; lo que generalmente dificulta el abordaje oportuno y adecuado de denuncias de mayor envergadura. Asimismo, difícilmente las investigaciones policiales dan con resultados satisfactorios, dejando una sensación de desánimo en la ciudadanía, que a futuro prefiere evitar las denuncias correspondientes.
Como señala el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, «…se requiere un enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de las realidades regionales y locales en los ámbitos urbano y rural, y promueva la activa participación del conjunto de actores públicos y privados del país». Sin embargo, para el ciudadano común de la Selva Central, las acciones de seguridad se reducen a la erradicación de los cultivos de coca. Las demás acciones de prevención del delito han quedado rezagadas; sin recursos necesarios para dotar de capacidades reales a las autoridades competentes que atiendan la problemática. En medio de esas precarias condiciones, se espera que los departamentos amazónicos contribuyan a la economía nacional. Sin embargo, hoy por hoy, no existen las facilidades para proteger las inversiones agropecuarias ni a los emprendimientos que deberían iniciar la transformación productiva de la Selva Central.
Por ello, y sin perjuicio de que la policía y las autoridades cumplan con sus respectivas obligaciones, se hace necesario que la sociedad civil aborde también el problema, discuta y plantee acciones preventivas eficaces, participativas y democráticas para encarar la situación.
desco Opina – Regional / 28 de agosto de 2015
