La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, nos retorna a la normalidad de meses anteriores. Sin embargo, aunque nos muestra más de lo mismo, trae algunas pequeñas «sorpresas» que no dejan de dar cuenta de nuestro deterioro permanente. La aprobación presidencial, pasado el efecto de su nueva estrategia —Consejos de Ministros descentralizados, viajes de campaña permanente, ministros que juegan a defensas centrales y reuniones varias con distintas organizaciones sociales, reales y de ocasión—, parece que volvió al descenso sistemático. Su respaldo cayó 4 puntos, a 25% y la desaprobación de su gestión se incrementó en 2 puntos, ascendiendo a 65%. Esta situación es unánime y se repite en el medio urbano y rural, en las distintas macrozonas —el sur incluido donde cae 10 puntos—, así como en todos los niveles socioeconómicos. Curiosamente, por primera vez desde el inicio de su gobierno, su primer ministro, Aníbal Torres, lo supera con una aprobación de 27% y un rechazo de 60%, quizá como premio a su silencio las últimas semanas. La desaprobación del Congreso de la República, por su parte, aunque desciende ligeramente, se ubica en un mayoritario 84%. Aparentemente se ha detenido la tendencia decreciente que registraba desde marzo del presente año.
No sorprende, en consecuencia, que la opinión a favor de elecciones generales adelantadas de presidente y congresistas, como salida de la crisis, alcance 60% y sea mayoritaria en todo el país. La «sorpresa» en esta materia es que, si bien 59% considera que el presidente no terminará su gobierno, en agosto, 66% pensaba de esta manera. El mandatario ha ganado 7 puntos, llegando a 31% quienes creen que culminará sus cinco años de mandato. Como hemos venido sosteniendo en esta columna, la oposición parlamentaria se ratifica como el principal apoyo presidencial; «sorpresa» sin novedad, entonces. A ojos de la gente, la arbitrariedad y torpeza del Legislativo son mayores que las del Presidente y su entorno.
Ambos poderes del Estado, seamos claros, hacen méritos cotidianos para el malestar y la incertidumbre de la gente. El Ejecutivo persistiendo en nombramientos polémicos, en declaraciones altisonantes vacías de contenido, en promesas sin destino y en el escándalo recurrente de los varios entornos presidenciales. El Congreso, amagando con censuras que no tienen los votos necesarios, buscando caminos leguleyos para disminuir el número de votos que se requieren para la vacancia y exhibiendo diariamente la prepotencia, el autoritarismo y la miseria intelectual de algunos de sus integrantes, como su expresidenta Alva que desconoce que fue el gobierno de su líder histórico el que reconoció a la República Saharahui en agosto de 1984.
Como es obvio, estos resultados, la encuesta citada lo ratifica por si fuera necesario, evidencian entre otras cosas la falta de liderazgo político que represente a los encuestados. 50% consideró que nadie lo hace y 18% evidenció no saber o no tener claridad sobre el tema. Por cierto, la aparición de Antauro Humala, ocupando el segundo lugar tras Pedro Castillo, más allá de su pobre 4%, «sorprendió» y avivó los miedos que genera tras su liberación entre sectores de la ciudadanía ante los que representa el riesgo de la imposición violenta de un orden político distinto, “una segunda república cobriza”, en sus propias palabras, imagen que pesa más, por ejemplo, que sus vínculos con distintos actores del establishment político de los últimos años como José Vega (UPP), Jorge Castro (ex Frente Amplio) o Virgilio Acuña (ex Solidaridad Nacional).
La «sorpresa» de su aparición, tampoco es novedad. Como fue recordado recientemente, hay razones estructurales —la atomización de nuestra sociedad y la pérdida de reglas y formas sociales, resultado de la combinación de supervivencia y “emprendedurismo” del modelo—, donde la anomia y la debilidad de la sociedad son el escenario perfecto para la aparición y crecimiento de un caudillo autoritario, indistintamente de derecha o de izquierda. El establishment, repitiendo el comportamiento que tan malos resultados le sigue dando en su afán de liquidar a Castillo, está buscando el camino legal para descalificarlo, haciéndole un importante servicio a quien juega a la radicalidad y al martirologio como soportes de una construcción muy débil del denominado etnocacerismo.
Seguimos entonces, sin novedad en el frente y cuesta abajo en la rodada. La pretensión de la fiscal Benavides de solicitarle al Congreso la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, que impide procesar al presidente en ejercicio por delitos penales, es parte de la misma película. No sólo por tratarse de una funcionaria que se descalificó por intervenir en una investigación sobre su hermana, sino por ser la repetición del comportamiento leguleyo y abusivo de la representación nacional, interesada antes en su reproducción, como el propio mandatario, que en las necesidades e intereses de la gente.
desco Opina / 7 de octubre de 2022
