Por Martín Belaúnde Moreyra, Congresista de la República
El Perú de nuestros días se encuentra en una grave encrucijada política. Nos debatimos entre el estancamiento y el desarrollo, con el agravante de que el primero pareciera estar ganando la partida. ¿Por qué esta situación cuando todo nos debería estar llevando al segundo? “Históricamente siempre se consideró que el Perú debería aprovechar sus ventajas competitivas; y los recursos naturales constituyen una de ellas, tal vez la principal, para impulsar el progreso del país.”
Al margen de las luchas políticas, normales y hasta deseables en una democracia, el origen de esta paradoja quizá esté en nuestra visión acerca del aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en el suelo y en el subsuelo del territorio nacional.
Históricamente, siempre se consideró que el Perú debería aprovechar sus ventajas competitivas, y los recursos naturales constituyen una de ellas, tal vez la principal, para impulsar el progreso del país.
Ahora, sin embargo, en ciertos círculos minoritarios pero ruidosos, se considera que los recursos naturales más bien constituyen un obstáculo, al extremo que algunos los califican de una maldición, lo cual indiscutiblemente resulta un absurdo llevado a la enésima potencia.
No cabe duda que en esa posición subyace una prédica marxista, escondida pero no menos real, que, desde la estrepitosa caída del comunismo, fustiga oblicuamente al sistema capitalista y para ello se vale del discurso ambientalista y de un mensaje seudocultural de la afirmación de las identidades étnicas.
Este mensaje se ha apoderado de Bolivia, a pesar de que su actual relativa bonanza proviene de la exportación del gas y de los minerales. Pero significativamente también se aprecia un incremento del narcotráfico, pudiéndose observar un maridaje, non sancto, entre el cultivo de la coca y la visión de sus autoridades.
Conforme a nuestra Constitución Política, el Perú es un Estado unitario, si bien descentralizado, cuyo territorio es uno de los elementos esenciales de la soberanía nacional. Los recursos naturales, renovables o no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento, que puede realizarse mediante la concesión o de otros sistemas que la ley establezca.
Esta norma corresponde a nuestra Constitución histórica, así como a la tradición jurídica del país. Con raras excepciones se ha cumplido siempre y cuando no ha sido así, como ocurrió en el caso de la Brea y Pariñas, el Perú experimentó graves problemas políticos que en el año 1968 terminaron en un golpe de Estado de funestas consecuencias para el desarrollo económico y la consolidación de nuestra incipiente democracia.
Ese golpe fue motivado por una corriente de nacionalismo extremo dentro de las Fuerzas Armadas, que lenta pero inexorablemente empujaron el Perú a un régimen socialista que arruinó la economía y, de hecho, significó en muchos aspectos un retroceso social.
Pero por lo menos los gobiernos militares de entonces, reflejados en la primera y en la segunda fase de la dictadura militar (1968-1980), impulsaron decididamente la explotación de nuestros recursos mineros y petroleros con inversiones estatales y privadas (Petroperú, Mineroperú, Southern Perú, Occidental, entre otras) que han dejado su huella y sus efectos benéficos aún se reflejan en el país.
Ahora tenemos una crítica distinta basada en una agenda ciegamente negativa. El eslogan de Conga no va es su peor expresión, pero no la única. Detrás de ella también puede apreciarse una rebelión contra la autoridad del Estado, que debilita nuestra soberanía y nos coloca en la difícil coyuntura de aparecer como un país invertebrado con un gobierno débil que sucumbe ante la demagogia y la protesta callejera.
Es evidente que si el Gobierno no es capaz de hacer prevalecer el imperio de la ley, el impulso económico se detendrá con grave perjuicio para las grandes mayorías nacionales. Gregorio Santos y sus seguidores de todos los pelajes, el neosenderismo incluido bajo la grita del Movadef y Conare, apuestan a ese desenlace para tomar el poder en el Perú y establecer un régimen dictatorial divorciado del sufragio, basado en el imperio del narcotráfico y en la delincuencia común y política.
«Conga no va» y el VRAEM ahora son el anverso y el reverso de la medalla conspirativa que pretende enrumbar el Perú hacia el abismo.
En estas circunstancias, ¿cuál debe ser la respuesta política frente a este nuevo desafío a la soberanía y al régimen democrático? Aunque parezca de Perogrullo decirlo, el Gobierno debe armarse de valor y no dejarse intimidar por quienes propician su derrocamiento a corto y mediano plazo.
Tiene a su favor las grandes corrientes de la opinión pública, que desean para el Perú un camino de progreso y democracia que permita la utilización de nuestros recursos naturales como una palanca para el desarrollo.
La minería y el petróleo son absolutamente indispensables para el mantenimiento de la economía en el Perú y en el mundo y si no existieran, la humanidad volvería a la Edad de Piedra.
El Gobierno entonces debe trazarse un firme derrotero amparado en una sana política que concilie la explotación de los recursos naturales con las normas protectoras del ambiente.
Andina, Lima 25-09-2012
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