«En el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca», dijo alguna vez el ex presidente Manuel Prado. Todo parece indicar que para el gobierno, el conflicto de Tía María es un problema encuadrado en esta singular tipología. El silencio del presidente sobre este asunto durante el mensaje de fiestas patrias fue en tal sentido muy elocuente.
El estado de emergencia decretado por el gobierno nacional el pasado mes de mayo se levantó en la segunda quincena de julio sin mayor novedad. Durante esos 60 días el gobierno sólo puso pausa, pues las mesas de diálogo planteadas desde el Ejecutivo quedaron inactivas y así permanecen hasta ahora, tres semanas después de restablecerse la «normalidad». La Gobernadora Regional, Yamila Osorio, ha declarado a la prensa que no ha recibido una comunicación oficial para comenzar a trabajar en ellas. Las únicas novedades en este tiempo muerto han sido el descongelamiento de las cuentas públicas de las municipalidades de la provincia para inversión y la vacancia del alcalde distrital del municipio de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, por un caso vinculado a las protestas contra el proyecto en el 2010, cuando era dirigente.
La empresa Southern Perú tampoco ha hecho mucho de su parte, aunque para el resto del Perú parezca lo contrario. Decimos esto, pues la millonaria campaña de comunicación para disipar dudas sobre diferentes componentes del proyecto desde su centro de información, se ha dirigido fundamentalmente a la opinión pública nacional a través de los grandes medios nacionales, pero no ha desplegado igual esfuerzo en la provincia de Islay y no ha utilizado los medios de comunicación locales, que tienen mayor llegada a su principal público objetivo.
Desde el primer lunes de agosto la frase «Agro sí, mina no» volvió a escucharse en los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Las movilizaciones van reactivándose en la zona, mientras el gobierno nacional continúa transmitiendo el mensaje de que va a garantizar la ejecución del proyecto, pero sin una estrategia clara de cómo lograrlo y sin plantear primero la necesidad crear un clima propicio para recuperar la paz social en el ámbito. Mientras tanto, Yamila Osorio ha demandado al Ejecutivo leer el diagnóstico que encargó a la ONG Labor, para orientar de mejor manera su futuro accionar en la solución del conflicto.
Debe tenerse en cuenta que dada su composición, las llamadas «mesas de diálogo» alentadas por el gobierno nacional, no se han constituido hasta hoy en el espacio adecuado de negociación y se desconocen los criterios de selección de los interlocutores locales para esta nueva etapa, después del fracaso de los primeros intentos por imponer personas, la aparición de dirigentes de organizaciones sociales sin representación conocida, y la permanente ausencia de la empresa minera en este espacio.
Este es el panorama de la reactivación del conflicto. El gobierno tiene por tercera vez la oportunidad de iniciar un diálogo serio en la provincia comenzando por sus opciones de desarrollo y la inversión pública necesaria para asegurarlo. Dado el clima vigente, no parece acertado insistir en la viabilidad de Tía María; este es un asunto que tendrá que ser abordado en la próxima gestión presidencial. Para la del presidente Humala es demasiado tarde.
desco Opina – Regional / 14 de agosto de 2015
