Durante varios meses el gobierno de Martín Vizcarra le puso paños fríos al desarrollo del proyecto Tía María. En junio del año pasado precisó que esperaría la elección de las nuevas autoridades locales y regionales para analizar la ejecución del proyecto. Pero el tiempo se acabó. Presionado por diversas fuerzas fácticas, el empresariado peruano, y dado que está por vencer la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha visto orillado a otorgar la licencia de construcción a la empresa, la misma que daría el pistolazo inicial para el desarrollo del proyecto.
Durante este tiempo quiso «pasar piola» y no atendió el clamor de la población de Cocachacra, que en repetidas ocasiones solicitó su presencia para que los escuche. No vino nadie del Ejecutivo, tampoco se instaló ninguna mesa de diálogo. Tal como ocurrió con el proyecto Las Bambas en Apurímac, el Ejecutivo dejó la responsabilidad de la obtención de licencia social en manos de la empresa operadora del proyecto, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que emprendió una nueva campaña de comunicación para dar a conocer los beneficios del proyecto y otras acciones sociales agrupadas en la campaña Valle Unido, para buscar aliados en la comunidad.
Las campañas de la minera no han sido suficientes. A finales de junio el Gobernador Regional, Elmer Cáceres Llica, sentó su posición frente a los pobladores de Cocachacra: … me reuní con el presidente Martín Vizcarra y le dije ‘señor presidente, si no hay licencia social, no hay licencia de construcción”. Recordemos que durante su campaña de elección dejó sentado que Tía María no iba. Por otro lado, el actual alcalde del distrito arequipeño de Cocachacra, Julio Cornejo, ha dejado claro que el proyecto no se hará: “la posición del pueblo es no”, argumentando que no pueden confiar en el gobierno si ven que en los pueblos donde se desarrolla minería (donde se explota el mineral) siguen en la pobreza. Y no sólo son ellos, varias autoridades de la provincia de Islay ya se han pronunciado contra este otorgamiento.
Lo cierto es que al margen de los beneficios que trae una inversión minera, por todos los impuestos que genera, también es importante la reputación de las empresas, algo que SPCC no ha sabido cuidar. No sólo por los pasivos sociales en el valle de Tambo, cuando los inversionistas detrás de la empresa eran norteamericanos, sino por malas prácticas de sus nuevos dueños, como la denunciada contaminación en Ilo por la Fiscalía Ambiental o el poco esclarecimiento de su participación en el famoso caso de «Las lentejas», donde se judicializó al dirigente que pidió la coima, pero no al que la otorgó.
Horas antes, cuando todavía el otorgamiento de la licencia era un rumor, los principales dirigentes del valle convocaron a todos los agricultores para planificar el inicio de una huelga indefinida, la que comenzará el próximo 15 de julio.
Con el otorgamiento de la licencia de construcción, se abriría el tercer capítulo de este conflictivo proceso de aprobación para el Valle de Tambo, que ha cobrado la vida de siete personas y dejado muchos heridos estos últimos cinco años. Ya es una mala señal que sea la empresa –mediante un comunicado institucional– la que haya hecho pública la decisión del gobierno de otorgarles la licencia, y que ello no se haya informado a través de una comunicación oficial del Gobierno. Martín Vizcarra ha perdido una valiosa oportunidad de dar un mensaje de calma a los habitantes del Valle de Tambo y comunicar adecuadamente cómo actuará su gestión los próximos días. Es nefasto que la primera reacción del Estado haya sido la movilización de 400 policías a Cocachacra, así hubieran recibido la orden de retornar horas después.
Luego del anuncio de la huelga indefinida, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, ha emitido un pronunciamiento oficial en el que, entre otras cosas, solicita al presidente Martín Vizacarra viajar al valle, escuchar a los pobladores de Islay y mantener el diálogo para evitar el conflicto social.
Así las cosas, lo único que le queda al Gobierno es escuchar a la población para que no se repitan episodios de violencia que profundicen la confrontación. Las razones de la población también son válidas frente a las razones de los inversionistas.
