Un indulto que podría condenar al país

Por Juan Sheput

Ha pasado cerca de año y medio de gobierno. En ese lapso las coincidencias entre  fujimorismo y humalismo son tantas, que permiten asegurar que entre los líderes de dichas agrupaciones no hay mayores diferencias. En efecto ambos se desprendieron de sus acompañantes originales, ambos tienen en el poder económico a su principal promotor de políticas, los dos tienen a la gran prensa –esa que es ariete de corporaciones  empresariales-  de su lado y ambos han hecho del clientelismo a través de los programas sociales una forma de ganar el favor popular. Por si fuera poco el poder informal es reconocido como real y ambos, Fujimori y Humala, convirtieron al  Ejército en soporte político a falta de una estructura partidaria.

Tal vez por ello hay quienes piensan que el pedido de indulto, que realice la familia del expresidente, termine igual que si hubiera ganado Keiko Fujimori: en la aceptación y beneficio al actual condenado. Ello, sin embargo, de  no cumplir con ciertos parámetros sería un grave error de consecuencias nefastas para el país.

Tanto en Perú Posible como en otras fuerzas políticas hay consenso en que un indulto a Alberto Fujimori sólo es posible si es que es consecuencia de un beneficio humanitario, luego que una junta médica brinde un informe sobre  el real estado de salud del exmandatario. Una enfermedad terminal o la nula posibilidad de seguir con su tratamiento en la cárcel serían factores que coadyuvarían a este beneficio. De lo contrario sería sólo un gesto político que llevaría al presidente Humala a entregarse a los brazos de los mismos poderes fácticos que antes cobijaron a Fujimori. Sería una ruptura moral con  graves consecuencias para la gobernabilidad y para el mismo régimen democrático. Sería ir en contra  del derecho de las víctimas a tener justicia y, por sobre todo, sería ir en contra del derecho ciudadano a pertenecer a una Nación con sólidos pilares morales y éticos.

Un indulto sin un informe médico hecho por profesionales incuestionables en lo profesional, lo moral y sin vinculaciones políticas sería una burla y un engaño al país. La manipulación del estado de salud para lograr la gracia presidencial es una tomadura de pelo para todos aquellos que creemos que la justicia es igual para todos, y que el deterioro moral que padeció el Perú en los años  noventa merece ser condenado de acuerdo a  Ley.

Ante ello me pregunto ¿El presidente Humala prefiere unirse de una vez por todas a los poderes fácticos que ayer condenó o respetar el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes que hace poco juró? Ese es el dilema que nos permitirá dilucidar si la ceremonia en San Marcos señalando su respeto por los derechos humanos, o su llamativo juramento por la Constitución de 1979 no fueron nada más que una farsa.  

Diario 16 , 03.10.2012