Por Desco
«La letra con la sangre entra» reza un dicho popular para explicar que a través del castigo se puede aprender; la lección es para nuestras autoridades arequipeñas, en lo que concierne al futuro de la planificación de obras en la ciudad. Sólo tras las muertes y daños materiales ocasionados por la lluvia de inicios de febrero, diversas voces civiles y estatales han valorado la necesidad de alcantarillados pluviales en Arequipa. En un primer momento, el alcalde provincial Alfredo Zegarra, adelantó las cifras de ejecución de dicha obra, sin mostrar siquiera el respectivo perfil técnico.
La planificación y ejecución de obras viales parece regida por la necedad, reiterativa entre las autoridades urbanas. Los mayores daños registrados se deben a la reducción de torrenteras, que fueron invadidas con la anuencia de sucesivas gestiones municipales, incluida la de Luis Cáceres Velásquez que lotizó algunos sectores del cauce. Esta vez la Municipalidad deberá enfrentar una denuncia penal de los comerciantes del Mercado El Palomar, por las pérdidas producto del desborde ocurrido en el inconcluso intercambio vial Avenida Venezuela-Alcides Carrión. La denuncia incluirá al Consorcio Arequipa III, ejecutor de la obra —seriamente cuestionada por sus continuos retrasos— y a la minera Cerro Verde, responsable a través de la Asociación Civil Cerro Verde de la contratación del Consorcio.
Tomando en cuenta las cifras oficiales de los daños, se calcula que la reconstrucción de la ciudad bordeará los 140 millones de soles, mientras que las pérdidas a nivel regional, particularmente en el sector agrario, aún no han sido estimadas. El gobierno central ha comprometido, por el momento, 50 millones como fondo de contingencia para la rehabilitación, supeditados a la presentación de los correspondientes expedientes técnicos. Entre ellos, el principal es el correspondiente al alcantarillado pluvial de la ciudad, cuyo financiamiento sería gestionado por el Gobierno Regional de Arequipa.
Lo ocurrido muestra la necesidad de incorporar las probables consecuencias de las lluvias, como variables en la planificación urbana.; entre las prioridades está recuperar y declarar la intangibilidad de las torrenteras y cauces de ríos, y el levantamiento de un diagnóstico de los sistemas de agua y alcantarillado, cuyos resultados condicionen la expansión urbana y los futuros desarrollos inmobiliarios, empezando por determinar la viabilidad de las licencias de construcción de edificios que actualmente otorgan de forma indiscriminada los municipios distritales.
Esta nueva lógica de gestión urbana deberá alcanzar a los equipos técnicos que participan en la elaboración de proyectos viales y otros de infraestructura, que hoy parecen ver como una mera formalidad que el sistema nacional de inversión pública obligue a considerar el riesgo de desastre natural como parte de la formulación de proyectos. Asimismo, será necesario un mayor control municipal del uso de materiales y técnicas constructivas adecuadas a zonas lluviosas, y al mantenimiento de los sistemas de drenaje, tanto para viviendas familiares como para edificaciones de uso público, entre ellas galerías y centros comerciales.
Desco Opina – Regional / 22 de febrero de 2013
