Los primeros cien días del gobierno de Pedro Castillo coincidieron con el voto de confianza a su segundo gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Tras dos jornadas de debate, el pleno del Congreso le dio 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención. Un resultado menos ajustado del que esperaban los opositores más recalcitrantes del gobierno y ciertamente distante de la primera plana de un tabloide que insiste en hacer creer a sus lectores que fue «raspando y rezando». La votación, que supuso la ruptura de la bancada de Perú Libre con 16 de sus integrantes coincidiendo con la derecha más dura, cerró la crisis inmediata del Ejecutivo, provocada por la polémica presencia en ese mismo gabinete del ministro del Interior, Luis Barranzuela, agravada por la incomprensible celebración de una reunión social en su domicilio.
La Primera Ministra trabajó intensamente ese resultado. Su presentación en el hemiciclo días atrás, supuso la primera exposición ordenada de las políticas que prioriza el Ejecutivo. Hizo entonces énfasis en distintos temas entre los que destacaron algunos derechos básicos, la reactivación económica, la gestión de la pandemia, la descentralización del gobierno, la lucha contra la corrupción, la acción frente al cambio climático y el combate al racismo. Su búsqueda de diálogo con la representación parlamentaria y su afán por avanzar a un nuevo contrato social fueron en la misma dirección. Su voluntad de gobernar, a diferencia de su antecesor interesado en antagonizar como camino para llegar a la Asamblea Constituyente, quedó muy clara con su pública presión por la renuncia de Barranzuela, que finalmente tuvo que aceptar el mandatario.
Queda claro que habrá que observar hacia adelante cuánto afectará este hecho la confianza entre el Presidente y su Primera Ministra. Como es obvio, distintas lecturas interesadas en el fracaso de Pedro Castillo y de lo que representa, buscan presentar a Mirtha Vásquez como la posibilidad de contener y encauzar las decisiones presidenciales, tomando prácticamente las riendas del gobierno. Es decir, desplazando al mandatario
La investidura, sin embargo, no es necesariamente garantía de nada. De un lado, entre los rasgos más visibles de la actual gestión en sus primeros cien días, destacan su impredictibilidad y su inestabilidad, como lo evidenciaran las negociaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con los transportistas informales, la decisión de sacar a las FF.AA a cuidar el orden en el Callao o el confuso relevo de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.
Del otro, conviviendo con el desorden del Ejecutivo, sufrimos de una oposición con un nivel muy pobre, anclada aún en su fantasía del fraude, y tenemos un Congreso, como lo muestra la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que está desaprobado como de costumbre (75%, alcanzando incluso un 67% entre quienes se identifican como de derecha) y que en este primer tiempo sólo puede exhibir varias contrarreformas electorales y políticas, además de poco respeto por la Constitución que dicen defender, modificándola mediante procedimientos inconstitucionales.
Al darle la confianza a la señora Vásquez, el Congreso ha mantenido uno de los débiles hilos que se conservan para intentar la gobernabilidad democrática del país. En su decisión, además de los cálculos particulares de bancadas como las de APP, AP y un sector de Podemos, seguramente ha pesado la opinión pública que mayoritariamente aparecía a favor del voto de confianza y que más allá de juicios de valor y opciones ideológicas, evidencia hace ya buen rato su hartazgo por la polarización que alientan los extremos políticos del país, que actúan desde sus respectivas trincheras en un juego de ataque permanente, apuntando a destruir al enemigo antes que a construir nada.
En este escenario, la sociedad ha tenido un momento de alivio, que tampoco es garantía de nada. Aunque la tercera ola de la pandemia aún no ha llegado gracias a la vacunación y al esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno, los conflictos sociales se han multiplicado las últimas semanas y más allá de la disposición que han mostrado la derecha y sus medios para alentarlos, incluso para promoverlos como ocurre con la futura paralización del transporte camionero, evidencian que las autoridades no han recibido un cheque en blanco y que antes que bomberos y mecedoras, la gente quiere respuesta efectiva a sus demandas.
En esa dirección, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria merece por lo menos un debate serio. Descalificar el tema, como viene ocurriendo con gran facilidad, sirve de poco si se quieren mantener los hilos de la gobernabilidad democrática en el país.
desco Opina / 5 de noviembre de 2021
