El Congreso, plagado de sujetos de bajos fondos, nueva mente en titulares por derroche en arreglos florales y otros para eventos personales insulsos, según uninforme de Cuarto poder, que abarca de enero 2024 a julio 2025.

Como el Congreso tiene indebida pero legalmente autonomía presupuestal, abusan de ello para parasitar al Estado en derroches escandalosos para satisfacer su gula, avaricia y hasta lujuria, como se vio en el escándalo de prostitutas, mientras en los hospitales la gente padece por falta de atención y muchas escuelas se encuentran en estado calamitoso. Por ello debe ponerse fin a la autonomía presupuestal en el Congreso.

Así, en el rubro eventos institucionales, se observa gastos en celebraciones, homenajes personales, arreglos florales, sesiones fotográficas y, en el colmo de la estupidez, hasta aniversarios de leyes que ellos impulsaron, y ya sabemos que parte de las leyes que promulga este Congreso son en favor de la delincuencia.

Gastos como estos suman más de medio millón de soles. En 424 actividades financiadas con dinero público, de todos los peruanos, se gastaron 567 086 soles.

Entre estos expendios por ejemplo el congresista Alex Paredes, de Somos Perú, celebró aniversarios de leyes que él mismo impulsó: en diciembre de 2024 pidió 900 soles para conmemorar el segundo aniversario de la Ley 31653, relacionada con institutos y escuelas de educación superior. En enero de 2025 solicitó 1 000 soles por el tercer aniversario de la Ley 31378, y en abril de 2024 pidió 3 000 soles más para una celebración similar.

Así se regodean de las leyes que promueven para favorecer sus intereses en educación, mientras que no han promulgado ninguna ley para favorecer la calidad de la enseñanza, ni para restablecer los cursos de Historia del Perú, Historia Universal, Geografía y Educación Cívica, por lo cual egresan promociones de ignorantes.

El vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, en julio pasado, gestionó unos 5 000 soles para una ceremonia de condecoración a artistas nacionales comp Pablo Villanueva (Melcochita), Carlos Alberto Urruti, Tedy Noelia Rodríguez, Eliseo Carnero, Isabel Verdy, Sandra Lizama, Katherine Leiva Díaz y otros músicos y cantantes que no han realizado aporte significativo a la cultura y entretenimiento.

Luis Aragón, de Acción Popular, solicitó 300 soles para un arreglo floral para la celebración del aniversario de su bancada.

Noelia Herrera, de Renovación Popular, pidió en setiembre de 2024 5,850 soles para una sesión de fotos con escolares de un colegio donde figuraba como madrina de promoción, donde habría mentido diciendo que esos gastos eran de sus propios recursos, pero el reportaje demostró que el dispendio fue con fondos del Congreso.

Cada congresista goza de hasta 6,000 soles anuales para eventos institucionales. El abogado constitucionalista y experto en asuntos parlamentarios, Diego Pomareda señala que estos recursos adicionales son innecesarios.

“El congresista ya recibe 15,600 soles de remuneración, 7,600 soles por concepto de apoyo logístico en la función congresal, y otros 2,800 durante la semana de representación. Dentro de los 7,600 ya está incluido la realización de eventos o cualquier actividad adicional, incluso pasajes y viáticos”, señala.

Tildó estos gastos como un despilfarro del presupuesto público para “alimentar los egos” de los congresistas con ceremonias simbólicas que no benefician directamente a la población. “Esto es una actitud completamente frívola por parte de los congresistas”, aseguró.

El informe indica que los fondos asignados para eventos sirven para que los congresistas cumplan compromisos personales o políticos, incluso durante la semana de representación, por la que ya reciben una asignación específica.

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Este sábado continuaron la serie de jornadas de manifestación de la llamada Generación Z, que se realizan en Lima canalizando la indignación de jóvenes, colectivos, gremios de transportistas y construcción civil, así como ciudadanos en general, ante la tolerancia del gobierno con la violencia delictiva, la corrupción y otros, sin embargo, los pedidos no pasan de ser un grito de molestia, no son peticiones concretas que ataquen los problemas principales.

Los manifestantes rechazan la corrupción, la incapacidad del gobierno contra la ola de criminalidad, la suspensión de la fiscal de la Nación Delia Espinoza y la reforma de pensiones.

Entre los manifestantes hay estudiantes universitarios, quienes deberían liderar la agenda de demandas, pero lo hacen de forma muy general. Si van a promover la protesta deberían plantear exigencias concretas para conseguir los objetivos de cambio que reclaman.

Corrupción

En cuanto a la corrupción, un pedido fundamental debería ser la prohibición de que postulen a cargos de elección y a trabajos en el Estado personas que estén siendo investigadas por la Fiscalía por cualquier delito, ya sea doloso o culposo. Es cierto que puede haber denuncias infundadas, pero si la Fiscalía acoge una denuncia o investiga de oficio, siempre y cuando la investigación haya concluido al menos la fase preliminar y se encuentre en investigación preparatoria, lo actuado debería ser suficiente para impedir que una persona postule a cualquier cargo estatal de elección o concurso.

Que una investigación culmine la fase preliminar y siga a la preparatoria implica que las diligencias preliminares muestran indicios reveladores de la existencia de un delito, por lo cual el fiscal debe disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria.

Las leyes influenciadas por el hampa congresal sólo prohiben la postulación a cargos de elección a quienes hayan sido sentenciados por algunos delitos graves, no todos. El Congreso, plagado de gente de bajos fondos, en diciembre de 2024 impidió la aprobación de una ley que prohibía postular a los sentenciados en primera instancia, en el Poder Judicial (PJ) por cualquier delito doloso, lo cual fue un intento mediocre de mejorar los filtros.

Es una burla a la ciudadanía esperar que un caso pase de la Fiscalía a largos años o décadas de procesos judiciales para llegar a una sentencia de primera instancia en el PJ, tiempo que es aprovechado por presuntos delincuentes para instalarse en el aparato estatal y agravar el cáncer de la corrupción.

Pero así es la ley actual, a la medida de una “señora K” y otros presuntos delincuentes procesados por corrupción, que aprovechan este grave defecto de la ley para postular y otros lo usan para entrar en el Estado a ocupar cargos por concurso o de confianza, como es el caso del gabinete ministerial, que batió el récord histórico de ministros con investigaciones abiertas.

La demanda de los manifestantes contra la corrupción debería ser concreta, pedir una ley que impida ocupar un cargo estatal por postulación, concurso o por ser cargo de confianza, a toda persona que tenga proceso ya en el PJ, sin sentencia todavía, o que haya pasado al menos a la fase de investigación preliminar. Incluso debería considerarse prohibición no sólo por delitos, sino por faltas, como deber a la Sunat, no pagar alquileres (donde frecuentemente se explota a ancianos propietarios),  y otras, así no tendríamos cerdos que deben a la Sunat y pretenden ser presidentes.

A esta propuesta, los políticos de siempre alegarán que no se puede restringir el derecho a ser elegido, pero más importante que eso es el derecho de los ciudadanos de bien a no ser gobernados por delincuentes, por lo que deben realizarse todos los cambios necesarios en el ordenamiento legal.

Otra medida que urge es la eliminación de la autonomía presupuestal en el Congreso, pues se ha convertido en un antro de parásitos que derrochan el erario nacional mientras tenemos escuelas y hospitales en estado calamitoso.

Criminalidad

La Generación Z sólo manifiesta rechazo, pero debería pedir medidas efectivas, no una sino un conjunto de éstas, por ejemplo, sabiendo que la migración venezolana y colombiana han traído delitos salvajes por cientos de miles.

Por ejemplo, se aprobó el impedimento de ingreso a extranjeros que no tengan contrato de trabajo, pero es letra muerta, pues hay cientos de miles de extranjeros sin este contrato, los cuales deberían ser expulsados, concretamente, venezolanos y colombianos, que son las nacionalidades que más daño han hecho al Perú, y si los países de origen se niegan a recibir a los deportados, hacer como Donald Trump, que anunció fuertes castigos a Venezuela.

El Perú podría aplicar una serie de medidas contra Venezuela, como la prohibición de transferencia de dinero a ese país, entre otros, pero el Perú opta por la inacción.

Otras medidas son, además de todas las normas en favor del crimen promulgadas por el hampa congresal, la prohibición de dos personas en una moto, el refuerzo del control fronterizo ahora casi abandonado, la prohibición de colocar stickers en vehículos y locales para evitar el marcado de los criminales, cambiar el control de documentos en la vía pública por el registro exhaustivo de personas y vehículos cerrando calles, lo cual ayudaría a detectar portadores de armas y a evitar que se usen a discreción, entre otras.

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Reforma del sistema de pensiones

La demanda de Generación Z en materia laboral es superficial y parece responder a la necesidad de seguir los titulares de moda, pues la reforma del sistema de pensiones es sólo un accesorio en el gran problema del empleo. Si bien es cierto que la ley debe ser equitativa para los trabajadores, pensionistas, Estado y AFP, eso afecta a una pequeña porción de trabajadores de todo el país, que son los formales.

Los principales puntos de la agenda de empleo son la falta trabajo formal y las bajas remuneraciones de la gran mayoría de trabajadores, lo cual guarda relación con una pobre calidad educativa y las leyes dadas por influencias corruptas para favorecer a las grandes empresas en perjuicio de los trabajadores y del Estado. Se favorece a las grandes empresas con incentivos tributarios y otros estímulos que reducen la recaudación fiscal, sin obligarles a otorgar remuneraciones decentes a los empleados.

El otro gran problema es el festín de planillas doradas estatales en unas instituciones y magros sueldos para empleados de ciertos sectores, por lo que urge la aplicación de una escala remunerativa única en todo el Estado: a igual profesión, experiencia, cargo y rendimiento debería corresponder igual remuneración. Los políticos llevan décadas pregonando la aprobación de esa escala única, pero una vez elegidos se burlan de los electores.

Por ello y por su propio interés, estudiantes y jóvenes manifestantes, que parte de ellos serán futuros empleados estatales, deben exigir que el Estado distribuya de manera equitativa, con meritocracia las remuneraciones y no como ahora, pocas islas de planillas doradas como en el BCR y otros, y mares de empleos estatales con recursos limitados.

Originalidad y oportunistas

Finalmente, los manifestantes deberían ser más originales y no importar nombres foráneos como Generación Z en lugar de un apelativo peruano, ni portar banderas de cómics extranjeros, como Piece One. De igual modo, deben evitar ser utilizados por oportunistas de partidos, pues sólo buscarán figuración y no impulsarán verdaderos cambios.

Daniel Sedeño Alfonso, conductor de transporte público, fue asesinado a balazos cuando realizaba su trabajo y su unidad se encontraba frente al Hospital María Auxiliadora, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, hecho que ha llevado a los transportistas a realizar una nueva paralización este lunes 6 de octubre.

La Cámara Internacional del Transporte convocó una paralización total de 24 horas en Lima y Callao en protesta ante la ola de asesinatos y extorsiones, que a la fecha suma más de 65 conductores muertos, además de otros fallecidos como cobradores, jaladores y pasajeros.

Sedeño Alfonso, de 33 años, fue ultimado a balazos la noche de este sábado en un episodio más de la ola de extorsiones que ataca a transportistas, bodegueros, peluqueros, restaurantes y todo tipo de negocios de micro, pequeños y medianos emprendedores, muchos de los cuales han cerrado sus negocios por temor a perder la vida.

EL crimen fue perpetrado por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta e interceptaron al vehículo de la empresa El Triángulo, cuya ruta va desde Villa El Salvador al Callao abalearon al conductor.

Pese a que los vecinos de la zona ayudaron a la víctima ylo trasladaron al hospital más cercano, debido a la gravedad de las heridas los médicos confirmaron su fallecimiento.

El conductor Daniel Sedeño Alfonso deja viuda y un huérfano de dos años.

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, debido al crimen, anunció la “parada de motores” para este lunes 6 de octubre, en y protesta por el cruento y espeluznante hecho. “Invitamos a la población a acompañarnos sonando sus claxons, como un grito de desesperación por la alta criminalidad”, señaló a América Noticias.

Aseguró que la paralización será pacífica, sin marchas ni piquetes, para enviar un mensaje directo a la cúpula del Estado: la presidente de la República, el presidente del Congreso, la titular del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. “No queremos más promesas. Queremos acciones inmediatas. No podemos esperar más muertes”, subrayó Ojeda.

Se plegarán a la medida de protesta el Consorcio Guía, Zeta, Los Loritos, Vipusa, Nueva América, Felipecsa, Edilberto Ramos, Urbanito, Huáscar, Santa Catalin y Los Chinos, entre otras empresas. La paralización durará 24 horas, desde las 00:00 horas del lunes 6 de octubre.

Pese a la cantidad de asesinatos y a las paralizaciones de los transportistas, el Ejecutivo resulta incapaz de frenar la ola de crímenes. Desde el primer homicidio de un conductor, en lugar de reducirse, la frecuencia de asesinatos y ataques ha aumentado hasta convertirse en algo casi diario.