El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, afirmó que la inacción del Ejecutivo y la falta de resultados solo dejan espacio para un mayor descontento social y más pérdidas para el país.
“Se necesitan estrategias de alto nivel y con liderazgo. No podemos hablar de un desarrollo sostenible mientras la inseguridad siga en aumento cada día. No necesitamos más promesas, sino resultados concretos”, enfatizó.
Ante ello, recordó que la Coalición por la Seguridad Ciudadana exhortó al Gobierno a adoptar medidas urgentes y sostenibles para enfrentar la criminalidad, advirtiendo que los operativos temporales y la falta de equipamiento adecuado limitan la efectividad policial.
“La ola de extorsiones afectan transversalmente a todos los sectores. Por ello, ante el problema de la inseguridad se requiere un cambio de estrategias con indicadores claros y resultados medibles, así como un fortalecimiento presupuestal para la Policía Nacional y demás instituciones, que luchan contra la criminalidad”, señaló.
Asimismo, la institución gremial insistió en declarar en emergencia a la Policía Nacional y asignarle los recursos necesarios para la adquisición de equipamiento moderno, tecnología e inteligencia operativa, así como un mayor presupuesto a la Fiscalía de la Nación para acelerar las investigaciones criminales, con el fin de lograr un trabajo articulado entre instituciones.
De La Tore estimó que las protestas por el paro de transporte, en rechazo a las extorsiones, han generado pérdidas de alrededor de S/ 100 millones, afectando a diversos sectores como sector manufactura, construcción, comercio, entre otros servicios.
Añadió que el costo de la inseguridad ciudadana para el país asciende al 1,7 % del PBI, equivalente a más de S/ 20 000 millones, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Respecto a las declaraciones de la presidenta de la República, quien afirmó que la protesta no resolverá el problema de la criminalidad, Roberto De La Tore sostuvo que, “es un llamado de atención legítimo frente a un problema estructural que el Poder Ejecutivo debe asumir con decisión”.
Finalmente, el gremio advirtió que los fondos destinados a temas que no son prioritarios o instituciones quebradas —como los US$ 287 millones comprometidos para Petroperú— deberían redirigirse al fortalecimiento de la Policía y Fiscalía, sectores clave para recuperar la seguridad y confianza ciudadana.
