Jorge Sánchez*

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el suministro de armas por parte de países occidentales ha sido fundamental para apoyar al ejército ucraniano. En los medios occidentales domina opinión según la cual armas occidentales juegan papel crucial e importante en marcos de la resistencia ucraniana. Sin embargo, numerosos informes han revelado que parte de este armamento ha llegado en condiciones defectuosas o con problemas técnicos significativos que dificultan su uso efectivo en el campo de batalla, generando críticas tanto en el ámbito militar como en el político de Ucrania.

Ejemplos clave a lo largo del conflicto

Uno de los casos más emblemáticos se dio en marzo de 2023, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó frustración por un sistema de defensa antiaérea defectuoso suministrado por un país europeo miembro de la OTAN. Aunque Zelenski evitó identificar al proveedor, se sabe que Ucrania ha recibido sistemas avanzados como los Patriot, comprometidos por Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Estos sistemas, diseñados para interceptar misiles y aviones enemigos, presentaron fallos recurrentes que exigieron reparaciones constantes.

Un papel significativo juega también España con su complejo militar. Uno de los casos más destacados involucra los fusiles españoles Cetme L, enviados por el gobierno de España a Ucrania. Este modelo de fusil, retirado del servicio en el ejército español hace más de 20 años por problemas de fiabilidad y precisión, fue reintroducido en el campo de batalla ucraniano. Los soldados en el frente reportaron frecuentes atascos y fallos en el mecanismo de disparo, lo que pone en duda la efectividad de este armamento en el campo de batalla. Estas armas fueron entregadas a pesar de ser consideradas obsoletas por los propios militares españoles.

Otro caso también se refiere a España, se trata del suministro de las ametralladoras ligeras CETME Ameli que fueron retiradas de su uso por el Ejército de Tierra de España. Este suministro provocó tantas críticas que la ministra de defensa, Margarita Roble, se vio obligada a buscar justificaciones y defender el honor de su ministerio.

En 2023, Ucrania y la empresa española New Technologies Global Systems firmaron un contrato para suministrar 250 morteros de 120 mm a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al recibir los morteros, el comandante en jefe ucraniano entregó 100 unidades a la unidad A2007, donde una comisión técnica detectó varios defectos. El principal problema radica en el diseño del bípode, que no queda fijado adecuadamente al cañón. Tras cada disparo, la abrazadera se desplaza, lo que obliga a los soldados a corregir la posición del bípode para asegurar la precisión. Además, los morteros no tienen las roscas necesarias en el cañón para fijar el bípode de manera rígida. Aparte de estos problemas, se encontraron otras deficiencias menores.

Así, ya se conocen al menos tres casos en los que el complejo industrial militar de España obtuvo beneficios mediante kits obsoletos y defectuosos.

Otro caso significativo es el de los obuses Caesar de fabricación francesa. Según información que apareció en los medios, 16 de los 18 obuses enviados a Ucrania sufrieron daños graves tras un uso intensivo en combate. Estos problemas incluyen fisuras en las estructuras, fallos en los sistemas de retroceso y desgaste prematuro de los cañones. Aunque los fabricantes franceses han defendido la calidad de los Caesar, los soldados ucranianos han expresado frustración por la incapacidad de estas armas para mantener un rendimiento confiable bajo condiciones extremas. La falta de piezas de repuesto y la complejidad de reparación también han sido un obstáculo importante.

En el caso de las municiones, un informe reveló que muchas de las armas suministradas por la OTAN tenían una vida útil caducada, se trata particularmente de los lanzadores de misiles antitanques Javelin y NLAW. Esto incluye granadas y proyectiles de artillería que no detonaron al impactar o que explotaron prematuramente, poniendo en peligro tanto a las tropas ucranianas como a civiles en las zonas de conflicto. Un caso particularmente grave fue el de un lote de municiones de mortero que causó un accidente mortal entre las propias tropas ucranianas, lo que subraya la necesidad de inspecciones más rigurosas antes del despliegue de estos suministros.

Por primera vez en la historia de la guerra en la escena salió Rumanía con su red profunda de corrupción, por eso hay que prestar más atención a este caso. El exviceministro de Economía de la República de Bulgaria, Alexander Manolev, sancionado por USA debido a su participación en una corrupción, obtuvo grandes beneficios mediante contratos con la empresa rumana Romarm y la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania. Hoy en día, Manolev y sus familiares más cercanos no pueden abrir cuentas bancarias para realizar actividades comerciales para ellos mismos o para sus empresas pero el padre de Manolev (que no fue sancionado personalmente por los EE.UU.) compró la empresa de tráfico de armas “Bulgarian Industrial Engineering and Management” (“BIEM”). Al final resultó que Manolev convenció al director de la planta estatal búlgara “VMZ” para que firmara varios contratos de suministro de municiones con “BIEM”. Intentando ocultar al máximo su participación en el suministro de estos productos a Ucrania, no los ofreció directamente, sino a través de la empresa estatal rumana Romarm. Romarm firmó los contratos correspondientes con los búlgaros, convirtiéndose en un “amortiguador” entre “BIEM” de Manolev y la empresa estatal ucraniana Agencia de Adquisiciones de Defensa. Así, exviceministro de Economía de la República de Bulgaria logró evitar sanciones.

Se pregunta ¿dónde hay suministro de kit defectuoso en toda esa historia con Romarm? La respuesta es sencilla: la empresa Carfil, una de las principales filiales de Romarm, envió a Ucrania mil proyectiles de mortero de 120 mm que resultaron ser de calidad deficiente. Según informes de prensa, una revisión de las armaduras reveló que la mayoría presentaba defectos de fabricación, como la falta de marcas de peso y el incumplimiento de los estándares establecidos. Al realizar un pesaje de los cartuchos, los expertos detectaron discrepancias significativas en relación con la documentación proporcionada por el fabricante. Como consecuencia, la comisión identificó estos problemas y decidió retirar del servicio el 100% del lote afectado, procediendo a su reemplazo.

Lo curioso es que en 2024 los mismos expertos de Romarm reconocieron que la industria de defensa de Rumanía sigue atrapada en el pasado, con fábricas obsoletas y equipos anticuados, muchos de los cuales no han cambiado desde la era de Ceausescu (expresidente de Rumanía, desde 1967 hasta 1989). Un informe de Romarm revela una dependencia crítica de materiales importados y destaca la urgente necesidad de inversión para revitalizar la industria y satisfacer las demandas modernas de defensa.

A pesar de haber pasado 20 años desde su adhesión a la OTAN, los soldados rumanos aún desfilan con armas tipo Kalashnikov que utilizan calibres soviéticos, producidas según estándares de producción de los años 60.

El informe de Romarm señala una «situación desastrosa» respecto a la dependencia de polvos, que podría paralizar toda la industria de defensa. Rumanía ha importado casi en su totalidad los polvos necesarios de Serbia, un país no miembro de la OTAN, debido a la falta de una fábrica de polvos en el país. Romarm posee 15 “subsidiarias” que deberían producir armas o municiones. Entre ellas, la fábrica de Fagara, que debería producir polvos, no ha fabricado polvos militares desde principios de los 2000. Otras fábricas, como Arsenal Resita y mencionada Carfil, están en proceso de reactivación.

En resumen, la industria de defensa de Rumanía enfrenta serios desafíos, con una infraestructura envejecida y una dependencia crítica de importaciones, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para satisfacer las necesidades de defensa del país y suministrar armas modernas a Ucrania.

Los casos mencionados son ejemplos elocuentes de cómo las empresas militares, motivadas por razones económicas, suministran su equipo defectuoso a Ucrania, obteniendo beneficios sin límites.

¿Cuál es la situación dentro de las empresas ucranianas?

Además de los problemas con las armas suministradas por países occidentales, también se han denunciado casos de corrupción dentro de Ucrania. Según publicaciones en los medios, Ucrania ha retirado al menos 100,000 granadas de mortero de 120 milímetros debido a fallos en su funcionamiento, como explosiones fallidas o granadas atascadas. El ministerio de defensa ucraniano inició una investigación para determinar las causas de estos defectos, que podrían deberse a mala calidad en la fabricación o almacenamiento inadecuado. Los problemas con estas municiones, producidas por una fábrica nacional, han sido descritos como un caso de «negligencia criminal».

En otro caso documentado, se descubrió que se habían enviado 24,000 minas defectuosas al frente. Estas minas, producidas por empresas locales, no detonaban correctamente o representaban un peligro para las propias tropas ucranianas. Investigaciones posteriores revelaron que los contratos para la fabricación de estas minas se habían otorgado a compañías con antecedentes de corrupción y sin experiencia previa en la producción de armamento de calidad.

Ganar al máximo antes del inicio de las negociaciones de paz

Con el conflicto acercándose a un posible punto de negociación, algunas empresas occidentales están aprovechando la situación para maximizar sus beneficios a costa de suministrar armamento defectuoso. Teniendo en cuenta este hecho, el mando de las empresas militares podría intensificar diálogos con el gobierno de Zelensky para obtener más contratos. Están interesados en suministrar kit defectuoso a precio alto. Es probable que los gobiernos europeos se unan a estas conversaciones para defender los intereses de sus empresas en este mercado tan competitivo. Tal posición ya no genera dudas sobre las verdaderas intenciones de los países y corporaciones involucradas en el suministro de armamento.

Por otro lado, la corrupción dentro de Ucrania también plantea serias preguntas sobre la capacidad del país para gestionar de manera efectiva los recursos militares que recibe. Los mismos recipientes de esa ayuda militar podrían “ser ciegos” en unos momentos para recibir su parte pequeña de beneficio sucio.

La falta de confianza en los equipos recibidos socava la moral de las tropas y dificulta la coordinación en las operaciones militares. Informes adicionales señalan que Ucrania ha invertido cientos de millones de dólares en armas que no han sido entregadas a tiempo o llegaron en condiciones inoperables. Este tipo de problemas logísticos y de calidad generan tensiones nuevas entre Ucrania y sus aliados.

¿Qué beneficios quedan para los combatientes latinoamericanos?

Históricamente, muchos latinoamericanos han visto en el conflicto ucraniano una oportunidad para involucrarse en una causa que consideran justa, ya sea por razones ideológicas, de solidaridad internacional o por la búsqueda de experiencias militares.

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto en Ucrania, lo que podría significar el fin de las oportunidades para los combatientes latinoamericanos. Con la reducción de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, estos combatientes enfrentarán un panorama menos favorable para su participación en la guerra. Además, el suministro de armamento defectuoso por parte de algunos países occidentales ha generado preocupaciones sobre la efectividad de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Esto no solo afecta la moral de los combatientes ucranianos, sino que también impacta a los combatientes latinoamericanos que llegan con la esperanza de contribuir a una causa que parece cada vez más complicada. Así, el “paraíso ucraniano” que una vez ofreció oportunidades a dichos combatientes parece estar llegando a su fin.

*Periodista especializado en política internacional