Jorge Manco Zaconetti
Escribo estas líneas preocupado por el exagerado optimismo del Presidente del Directorio de PetroPerú expuesto en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República en enero pasado, pues no se hizo un balance objetivo e integral de la situación económico-financiera de la petrolera estatal, asumiendo supuestos para el 2025 que, espero estar equivocado, no serán alcanzados. Es más, sin un diagnóstico correcto las medidas que se puedan adoptar no tendrán el efecto deseado.
En tal sentido es de fundamental importancia tener claridad sobre los antecedentes que explican en gran parte la realidad presente de PetroPerú. Solamente un análisis desde la de Economía
Política puede explicar el conjunto de factores que desencadenan la “crisis económica financiera” de PetroPerú, que tienen como principal responsable las políticas privatizadoras aplicadas desde 1992, con la dictadura del gobierno de Fujimori y que los demás gobiernos democráticos agravaron.
Por ello, se debe tener como punto de partida la privatización fragmentada de los activos, filiales, lotes petroleros y sobre todo la rentable refinería de La Pampilla que se vendió en 1996/1997 a un precio de remate por un valor de US $ 204 millones incluyendo en su mayoría accionaria el valor de bonos de deuda externa depreciados por US $ 38 millones de dólares.
En un ejercicio económico hemos estimado los ingresos que percibió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre el año 1992 al 2001, por la privatización es decir, venta de grifos, filiales rentables como Solgás, Petrolera Transoceánica responsable del transporte marítimo del petróleo y derivados, de la refinería de Pucallpa y su respectiva planta de ventas, de la planta de lubricantes Petrolube, pero sobre todo de los rentables lotes petroleros de Talara (Piura) y de la selva norte (lote 8/8X).
Un caso especial fue la liquidación de la rentable empresa Petromar filial de PetroPerú responsable de la explotación del petróleo y gas natural del viejo lote Z-2B ahora denominado Z-69. Pues allí, en una negociación amañada, negra como el petróleo, se entregaron reservas probadas, una empresa con operaciones en marcha, con plataformas de explotación que fueron expropiadas a la Belco Petroleum en 1986 durante el primer gobierno de Alan García, y cuya deuda final fue asumida y pagada por PetroPerú.
El caso de la transferencia de las reservas y plataformas propiedad del lote Z-2B de PetroPerú en un “contrato de servicios” constituyó un escándalo pues la empresa ganadora fue Petrotech Peruana, una empresa gringa, sin mayor experiencia en la explotación de crudo, que solamente tenía que pagar un arriendo de US $ 10 millones de dólares por año, que entre 1994 al 2001 fueron captados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Así, los ingresos captados por la “venta sucia” de los diversos activos, reservas, filiales y refinería de La Pampilla que hoy se constituye en la principal competencia de PetroPerú. Así, los ingresos captados por el MEF entre 1992 al 2001 por la venta de los activos de la petrolera estatal sumaron los US $ 812.7 millones de dólares, que expuestos a valor presente (2024) representaría una cifra mayor a los rescates financieros que ha tenido que hacer el fisco desde 2022 para enfrentar la crisis de liquidez y el capital de trabajo negativo que arrastra la petrolera estatal.
Debe quedar en claro que los ingresos producto de la privatización fueron captados por el MEF y recién en el 2002 gracias a un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, presentado por el congresista aprista José Carlos Carrasco Távara, se aprobó una ley mediante la cual los futuros ingresos obtenidos por la privatización y arrendamientos de activos de PetroPerú como los terminales marítimos y el arrendamiento de las plataformas marinas sean ingresos de la petrolera estatal.
HIJASTRA DEL MEF
A los ingresos que fueron captados por el MEF se debe sumar las “partidas inusuales”, deducciones que se hacía a PetroPerú por su carácter de empresa pública. Así, en el auge del fujimorismo, siendo ministro de energía y minas el travieso Daniel Hokama, se aprobó una norma mediante la cual PetroPerú tenía que deducir el 7.5% de sus ventas de combustibles en el mercado interno para repagar a la Aseguradora de la Belco (AIG). Ello al margen de su carácter institucional, entre 1994 al 1997 representó no menos de US$ 236 millones de dólares.
En esa línea de pensamiento el MEF discriminaba a PetroPerú la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) por las ventas de combustibles en la Amazonía, donde desde 1999 al 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas no reconoció la devolución del IGV por un valor equivalente a US $ 638.3 millones de dólares.
Se debe reconocer que la venta de combustibles en la Amazonía no resulta atractiva por la vigencia de la ley que exonera de impuestos a los combustibles. Por ello, PetroPerú importaba petróleo o derivados para abastecer Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Madre de Dios, asumía los impuestos respectivos y el MEF no devolvía el IGV hasta el 2015, por ser una empresa pública, lo cual constituía una discriminación tributaria en relación a las empresas privadas.
Asimismo, en la agonía del fujimorismo se aprobó la ley 27357, que imponía entre de 2001 a 2003 un impuesto del 5 % sobre el patrimonio de las empresas estatales, solamente por su carácter de ser empresas públicas afectando a Sedapal, ElectroPerú, y claro está también a PetroPerú que tuvo que abonar un impuesto de US $ 8.3 millones, que posteriormente fue declarado por el propio Estado como inconstitucional.
Es más, el actual ministro de Economía y Finanzas debe reconocer la deuda pendiente que tiene el Estado con PetroPerú por concepto del IGV pagado por la petrolera estatal en la importación de maquinaria y equipo invertidos en la Nueva Refinería de Talara. La “arruga” que le tiene el MEF por la no devolución del IGV mencionado aproximado de US $ 489 millones de dólares, que sería un alivio para superar en parte el capital de trabajo que se proyecta para el 2025.
Por último, a pesar de la “venta sucia” de los activos y filiales de PetroPerú entre 1993 al 2001, las utilidades netas generadas, es decir las utilidades residuales descontados todos los costos de venta, gastos de venta y gastos administrativos más gastos financieros en dicho período fueron equivalentes a los US $ 572.4 millones de dólares.
En resumen, el aporte directo de PetroPerú con los ingresos de la privatización, deudas externas asumidas caso AIG, por la no devolución de impuestos como el IGV de la selva, utilidades netas generadas en el período 1993 a 2001, suman más de US $ 2,267.6 millones de dólares, una suma que supera de lejos el valor del préstamo del MEF realizado en el salvataje financiero (2022/2024), que según la exposición del Presidente del Directorio de PetroPerú se estima en US $ 1,323 millones de dólares.
EPÍLOGO
Ahora más que nunca por seguridad energética, ante la incertidumbre y sanciones del
presidente norteamericano Donald Trump a los países que mantienen relaciones amigables y de
respeto con la República Popular China, con fuertes intereses en nuestro país, por interés nacional se debe fortalecer a la petrolera estatal, pues está demostrada su rentabilidad histórica y contribución fiscal, salvo algunos períodos críticos.
No debemos soslayar que grandes transnacionales como Valero o Exxon/Mobil han financiado la campaña electoral del presidente norteamericano, y en nuestro país juntas controlan casi el 30 % del mercado de combustibles, y que constituyen una dura competencia para PetroPerú, que según la exposición realizada por su presidente del directorio espera terminar el 2025 con 38 % de participación. ¡Una dosis de realismo no estaría demás al respecto!
Solamente entre el 2001 al 2023 PetroPerú ha entregado al fisco como recaudación, sea impuestos por operaciones propias como impuesto a la renta, o impuestos como rodaje, selectivo a los combustibles más IGV más de US $ 26,713 millones de dólares. Por ello no existe ninguna empresa pública o privada que contribuya al fisco con tales ingresos a pesar de las políticas privatizadoras vigentes desde 1992 al presente, para favorecer intereses privados que resultan contrarios al interés nacional. Volveremos sobre el tema.
Diario Uno, 01.02.205
