El economista Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros durante la gestión del presidente José María Balcázar, informó la Presidencia de la República.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, la presidencia señala que Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros, y que la juramentación del nuevo gabinete ministerial se realizará el martes 24 de febrero.

Este sábado el presidente Balcázar recibió a Hernando de Soto en Palacio de Gobierno, en el marco de sus encuentros con autoridades y personalidades, con miras a forjar un gabinete de consenso del gobierno de transición.

El despacho de la Presidencia señala el el comunicado que el presidente Balcázar celebró una reunión de trabajo para definir las primeras acciones en el marco constitucional, y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria.

La Presidencia de la República aseguró, a través de un comunicado, que no hay pendiente ni programado el otorgamiento de ninguna gracia, incluidos indultos, a favor de personas procesadas o condenadas.

El documento señala que se realiza la aclaración con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato presidencial asumido por José María Balcázar Zelada, a través de sucesión constitucional.

“Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!”, refirió Presidencia en su último comunicado.

Como se sabe, diversos medios especularon que, al ser congresista invitado de Perú Libre, Balcázar indultaría al expresidente Pedro Castillo.

El abogado de José María Balcázar, Víctor Pariona, aseguró que el actual presidente de la República, José María Balcázar, sí recaudó fondos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), entre 2019 y 2020, cuando fue decano, pero que dichos fondos se destinaron al ICAL, y que optó que el dinero se deposite en su cuenta por conflictos administrativos.

El proceso por este caso contra José María Balcázar pasará en junio a juicio oral, por el presunto delito de apropiación ilícita, que se habría cometido durante su gestión como decano ICAL). egún la Fiscalía, Balcázar se habría apropiado de dinero de la institución, al haber dispuesto que diversos pagos de los agremiados sean depositados en sus cuentas personales, tras lo cual los fondos no habrían sido devueltos al citado colegio profesional.

Pariona no pudo explicó si su defendido comparecerá ante el Poder Judicial el 16 de junio, cuando inicie la etapa de juzgamiento. “Es muy pronto, estamos en coordinación, pero es muy pronto para señalar y afirmar que él se va [a presentar], porque es en junio y todavía estamos en febrero. Estamos en coordinación y todavía no podría afirmarle si va a asistir o no”, declaró a RPP.

El abogado del mandatario recordó que cargo de jefe de Estado no es impedimento para que acate la citación del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. “Sí, [su cargo] no le impide [asistir]. Es más, él ha estado presente en todas las citaciones, audiencias, declaraciones en donde se le ha emplazado”, indicó.

Reconoció que fondos del ICAL fueron depositados en cuentas personales de su patrocinado, aunque señaló que fue “por un tema administrativo”, pero que dichos fondos  fueron destinados a la institución.

“Fue por un tema administrativo. Lo que sucede es que, en su oportunidad, cuando el doctor Balcázar asume como decano del ICAL, había conflictos internos que eran temas administrativos con funcionarios de la misma entidad. Una de estas funcionarias era la directora de Economía y, por un tema estatutario, no se podía manejar estos fondos ya que había una cuenta mancomunada del colegio y, para manejar estos caudales, se necesitaba la aprobación no solamente del doctor Balcázar, como decano del colegio, sino también la aprobación de la directora de Economía que, en su momento, desistía de aprobar algunos movimientos”, aseguró.

Manifestó que por eso Balcázar dispuso la apertura de cuentas bancarias a su nombre, sin embargo, todos estos fondos fueron destinados a la administración del colegio, sostuvo.

Precisó que los fondos del ICAL fueron depositados en “nuevas cuentas” de Balcázar Zelada, no en preexistentes, y que la “finalidad de estas cuentas eran, precisamente, evitar la paralización de las gestiones del Colegio de Abogados de Lambayeque”.

“Entonces, creo que es una causa justificada el poder abrir nuevas cuentas”, dijo y agregó que estos fondos sí fueron devueltos al ICAL, aunque no hubo una “entrega formal”.

Comentó que en otras declaraciones testimoniales, por ejemplo, de su sucesor declara que no hubo una entrega formal. Pero esta entrega formal no se debe a un tema personal o una decisión personal del doctor Balcázar. Se debe a que, posteriormente, cuando asume el cargo de decano quien lo sucedía, no se le permitió tampoco al sucesor ejercer el cargo de decano, porque hay una tercera persona que ingresó y, de manera unilateral, se autonombró decano. “Se puede ver el desorden administrativo que hubo en aquella época”, indicó.

Informí que en los autos de acusación de la Fiscalía hay un informe pericial en donde se determina que no se ha causado ningún tipo de perjuicio económico en contra del ICAL.

“En autos, en el expediente penal, se puede advertir incluso este dinero a qué gestiones fueron destinados, porque el Colegio de Abogados de Lambayeque realizó distintas actividades, tanto académicas como actividades de la misma entidad. Este dinero que era recolectado en estas cuentas eran destinados para fines netamente administrativos del Colegio de Abogados de Lambayeque”, manifestó.

Aclaró que su patrocinado no había sido expulsado del ICAL, sino “destituido” de su función como decano, y que “sí puede ejercer como abogado”.

La documentación de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, evidencia que durante la gestión de José Balcázar como decano del ICAL, este habría abierto dos cuentas personales en la Caja Municipal Trujillo, donde se le habrían depositado los ingresos de la entidad “consistentes en colegiaturas, cuota ordinaria, fondo mortuorio y demás pagos realizados por los agremiados hasta el término de su mandato”, en diciembre de 2020.

El Ministerio Público coincide con lo explicado por Pariona, Balcázar no dispuso depositar en las cuentas de la citada institución, según establece el estatuto, pese a haber sido requerido por la denunciante Rosa Pizarro Piscoya, entonces directora de Economía de la institución profesional, “y por parte del denunciante Yuri Diaz Jaime”, vicedecano del ICAL, “quien mediante carta de fecha 12 de enero de 2021 le requirió a fin de que proceda a hacer entrega, entre otros, del dinero recaudado perteneciente al ICAL, sin que lo haya hecho”.

El informe pericial contable en poder de la Fiscalía indica que en una de las cuentas abiertas por Balcázar Zelada, en 2019, “se realizaron depósitos en efectivo por un total de S/ 110,763.10” y retiros “en efectivo de S/ 27,500 y retiros con órdenes de pago por S/ 74,921, y abonos por gastos financieros de S/ 10,15”. Al 31 de diciembre de ese año, el saldo de esa cuenta era de S/8,345.67.

En 2020, se realizaron depósitos en efectivo de S/505,258.17, intereses de S/108.36, así como también se realizaron retiros en efectivo por un total de S/62,920.00, retiros con órdenes de pago por S/429,715.00 y gastos financieros de S/274.43, quedando de saldo, al 31 de diciembre de 2020, el importe de S/12,460.10″. La Fiscalía indica que dicho importe fue retirado el 02 de enero de 2021 y la cuenta fue cancelada, “importe que no se ha determinado su destino por no haber contado con el acta de entrega de cargo” de Balcázar Zelada.

La Fiscalía señala que existen saldos de dinero que, al menos en la pericia contable oficial, no se ha justificado su destino, imputándosele al acusado “ haberse apropiado ilícitamente de los ingresos del ICAL, durante el periodo 2019-2020, en que ostentó el cargo de decano”, por cuanto este recibió de manera directa los ingresos de dicha institución, pero no los depositó en las cuentas que maneja el ICAL, pese a habérsele requerido su entrega; consecuentemente el imputado “debe ser juzgado en calidad de autor”.