Lo que hoy ocurre en la refinería de Iquitos no es un hecho aislado ni una coyuntura técnica. Se trata de una operación cuidadosamente diseñada para debilitar financiera y operativamente a Petroperú, forzar su pérdida de valor y justificar el ingreso de empresas privadas importadoras de combustibles, con el aval del actual gobierno y la participación directa de funcionarios del sector energético.
La estrategia es clara: restringir el suministro de petróleo crudo a las refinerías estatales, obligar a Petroperú a operar con inventarios mínimos y luego instalar el discurso de que la empresa “no puede abastecer” a las regiones. Bajo ese argumento, se pretende abrir el mercado regional a operadores privados que traerían combustibles refinados desde el extranjero, principalmente desde Brasil, desplazando progresivamente a la empresa estatal de sus propias zonas de operación histórica.
EL CASO IQUITOS: IMPORTACIÓN POR UN PUERTO NO AUTORIZADO
En Loreto, la maniobra ya está en marcha. Según información recogida por este medio, una empresa vinculada al Grupo ATEM Perú, con nexos operativos con Petrotal, busca ingresar combustible refinado desde Brasil para abastecer la ciudad de Iquitos. El plan contempla descargar el combustible en el puerto de ENAPU, pese a que dicho terminal no está diseñado ni autorizado para el manejo regular de combustibles líquidos.
Para sortear esta limitación, se estaría gestionando una autorización temporal excepcional, bajo el pretexto de una supuesta incapacidad de Petroperú para abastecer la ciudad debido a la falta de crudo para refinar. Un escenario artificialmente creado por la misma política de restricción de insumos que hoy golpea a las refinerías estatales.
REUNIONES CLAVE EN EL MINEM
Las señales políticas y administrativas no dejan lugar a dudas. Carlos Palacios Toledo, en representación de Grupo ATEM Perú, ha sostenido reuniones con altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), entre ellos el recientemente nombrado viceministro de Hidrocarburos, así como con Sandro López Collantes y Efraín Espinoza Ramos, especialistas de áreas vinculadas a la supervisión y gestión de hidrocarburos líquidos.
¿De qué se habló en esas reuniones? Los funcionarios deberán responder. Sin embargo, la versión que manejan fuentes del sector es alarmante: se estaría negociando la venta directa de combustibles refinados a Petroperú, lo que en la práctica significaría apagar la refinería de Iquitos,reducir su valor comercial y convertirla en un activo prescindible.
UNA ESTRATEGIA DE DESVALORIZACIÓN DELIBERADA
Especialistas consultados coinciden en que esta política responde a una hoja de ruta definida desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión, con el objetivo de mostrar a Petroperú como una empresa inviable, casi en quiebra, cuando en realidad su deterioro es inducido desde el propio Estado.
Desde el nombramiento de la ministra de Economía, Denisse Miralles, durante el gobierno del presidente José Jerí, la empresa estatal ha sido sometida a decisiones que le quitan liquidez, le bloquean el acceso a financiamiento y le restringen su operación normal. El resultado es una Petroperú debilitada a propósito, para luego justificar su “reestructuración”, concesión o privatización encubierta.
IQUITOS COMO ENSAYO GENERAL
Lo que ocurre en la Amazonía no es solo un problema regional. Para analistas del sector, Iquitos es el laboratorio de un plan mayor: desplazar a Petroperú de Operaciones Selva, traer combustibles importados desde Brasil, usar crudo de Petrotal para terceros y, paso a paso, concesionar todos los activos estratégicos de la empresa estatal.
Primero un tanque, luego una planta de ventas, después la refinería. Un proceso gradual, silencioso, pero sostenido, que terminaría por desmantelar la presencia del Estado en el mercado de combustibles y entregar el control a intereses privados que hoy ya se mueven con soltura en los pasillos del poder.
INTERESES ECONÓMICOS Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Este caso revela la existencia de poderosos intereses económicos que buscansacar provecho de la crisis inducida de Petroperú. No se trata de eficiencia ni de seguridad energética, sino de negocios millonarios construidos sobre la asfixia de la empresa pública.
La responsabilidad política es ineludible. Nada de esto sería posible sin el consentimiento del Ejecutivo y sin una conducción económica que ha optado por debilitar deliberadamente a la principal empresa estatal del país. Iquitos es solo el comienzo. Lo que hoy se ensaya en la Amazonía podría replicarse mañana en todos los activos estratégicos de Petroperú, con consecuencias graves para la soberanía energética y el interés nacional.
Diario Uno, 24.01.2026
