Fujimori acepta cargos, pero no castigo
Alberto Fujimori aceptó los cargos que se le imputan de usurpación de funciones, por lo cual le impusieron una condena de seis años de prisión, en el segundo día de audiencia de su juicio.
Esta vez mantuvo relativa calma (aunque su rostro se mostró sumamente enfadado), a diferencia del día anterior, en que llenó de gritos la sala.
Llamó la atención la ausencia de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, aunque estando en el expediente sus declaraciones no era necesaria su presencia.
¿Y los videos?
Los vídeos fueron producidos con recursos del estado y muchos de ellos en instalaciones del estado, es decir la salita del SIN, pero el proceso no lo ha condenado por robo de material del estado.
Con el cargamento que asaltó Fujimori, probablemente tenga para chantajear a muchos personajes y empresarios de su régimen y tal vez de personajes que alegremente estén exhibiendo ahora un perfil de probidad que no tienen.
¿Los empleará para extorsión? ¿Los soltará por alguna vía para desnudar a sus adversarios? ¿Ya los empleó para su provecho?
El estado aprofujimontesinista
Lo que ha llamado la atención es la parcialización de las fuerzas del orden, pues a la “portátil” de Fujimori, le han permitido estar tranquilamente cerca del lugar de juicio, mientras que a otros manifestantes les han impedido acercarse.
Provocación a familiares de las víctimas
La ex congresista Carmen Losada de Gamboa sacó a relucir sus modales de ex tamalera (sin ofender a las tamaleras, lo que sucede es que esta ex tamalera exhibe siempre vulgaridad y falta de vergüenza, como la peor de las tamaleras, dando mala fama a ese digno oficio) ambulante al dedicarse a provocar a los familiares de las víctimas de la dictadura, con la complacencia de los miembros del orden.
Estas acciones contra los familiares y trabajadores, sin embargo, no pueden evitar que se haga un paralelo con las violaciones de derechos humanos cometidas durante el primer gobierno de Alan García, de las cuales no podrá escapar como ha escapado de las acusaciones por enriquecimiento ilícito, que prescribieron, mientras que las violaciones de derechos humanos no están sujetas a prescripción.
