Alcalde de La Victoria pretende eludir responsabilidad
Pese a que los vecinos afectados por el derrumbe en la zona de Gamarra, en el que murieron ocho trabajadores, sostienen haberse quejado repetidamente del peligro que significaba la construcción, el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, pretende que la responsabilidad íntegra de la fatalidad corresponde a los constructores.
Si bien es cierto que es innegable la responsabilidad de los constructores, esta tragedia revela lo que se repite una y otra vez: las sospechosas omisiones de las municipalidades, que deciden ignorar que se realizan no sólo construcciones, sino todo tipo de actividades que no cumplen con las normas mínimas de seguridad, cuya supervisión de su cumplimiento es obligación de las municipalidades.
En el caso de esta construcción, resulta ridícula la aparente sorpresa de las autoridades municipales sobre la existencia de esta construcción, cuando testigos señalan que los funcionarios municipales estuvieron presentes en la inauguración de los trabajos.
No es suficiente que el alcalde manifieste que los constructores incurrieron en falsificación de la licencia, lo que salta a la vista es la sospechosa incompetencia municipal, con el agravante de que se trata de una obra que por su dimensión no debería pasar desapercibida.
La tragedia hubiese sido peor después
Al rescatarse el último cuerpo sin vida se ha constatado que son ocho los fallecidos, pero esta tragedia hubiese sido mucho peor si el derrumbe hubiese ocurrido después de terminada la obra y con público adentro en más de una decena de pisos, pues su estructura de todas maneras se hubiese derrumbado debido a las deficiencias técnicas, tal vez se hubiese lamentado la pérdida de centenares de víctimas.
¿Cuántas construcciones en La Victoria estarán en condiciones que tal vez tras un leve sismo puedan venirse abajo? ¿Será la coima la causante de nuevas víctimas? Todo es posible.
¿Y Defensa Civil?
Pese a que los funcionarios de Defensa Civil gozan de una planilla dorada con pagos de hasta 42 mil soles mensuales, no se sabe cuál es el papel de estos personajes, quienes deberían trabajar coordinadamente con las municipalidades en la supervisión de estas obras.
El perro asesino y el silencio administrativo y el control aleatorio
El Presidente de la República está promoviendo en forma irresponsable la operación del silencio administrativo para construcciones que necesitan verificación de Defensa Civil y las municipalidades.
Aunque no ha precisado, al parecer su último artículo sobre el perro del hortelano también pretende soslayar un exhaustivo control de las licencias municipales.
La solución de que el constructor realice una obra sin control sería colocar al país en una extrema precariedad en materia de seguridad y se multiplicarían las ya numerosas tragedias ocurridas por no cumplir con las medidas de seguridad.
Lo que se debería promover es el despido de funcionarios lentos, porque donde están los trámites lentos allí está la coima. Como es sabido, los coimeros dilatan los trámites con el fin de obtener sus ilícitos ingresos.
