Del Castillo alega defensa del TLC para intervenir en caso Doe Run
Narra cuento para justificar su defensa de la minera que envenena a los niños de La Oroya
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo que su intervención en defensa de Doe Run, para sustraerla del tribunal de San Luis, Missouri, fue para evitar que se frustre la firma del TLC con Estados Unidos.
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El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, dijo que su intervención en defensa de Doe Run, para sustraerla del tribunal de San Luis, Missouri, fue para evitar que se frustre la firma del TLC con Estados Unidos.
“Ustedes saben cuánto costó desglosar la maraña de procesos judiciales para aprobar el TLC, entre 15 y 20 procesos”, sostuvo Del Castillo. Los congresistas nacionalistas presentes, Gloria Ramos, Hilaria Supa, María Sumire, Isaac Meckler y Martha Acosta, y representantes de la sociedad civil discreparon de sus planteamientos.
Del Castillo explicó que varias delegaciones viajaron a los EE.UU. para frustrar el TLC, como una de la CGTP, ante lo cual respondieron. “Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de soberanía nacional. Esta empresa tiene un precedente que es CENTROMIN, empresa que es del Estado peruano. El Estado puede terminar siendo obligado a pagar, al ser procesado en el extranjero”, precisó. Añadió que la demanda judicial contra la DRR es impulsada por personas que están por ideología contra el TLC, y que lo verdaderamente nacionalista es someterse a jueces peruanos.
En respuesta a ello, el congresista Meckler afirmó que es a la empresa demandada a la que le compete afirmar lo anterior, y le preguntó por qué actuó como defensor de la empresa. “Eso no le corresponde a usted. Ustedes no fueron electos para defender a empresas. El tema de fondo es si debe participar el ministro en un juicio entre privados, y por qué le preocupa tanto”, añadió.
Gloria Ramos, presidenta de la Comisión, señaló que el juicio se suscitó en el contexto de la grave contaminación en La Oroya, siendo la matriz de los EE.UU., y que en otros casos el Estado no se ha interpuesto. “Huayhua (presidente de Doe Run Perú) ha presentado la carta como anexo para justificar que no sean demandados en su casa matriz. Esta Comisión ha presentado un informe sobre el problema de La Oroya a la PCM, OSINERGMIN, DIGESA, CONAM, y no hay respuesta. ¿Cuándo ha sido fuerte el Estado sancionando? En ningún caso”, acotó.
Por su parte, la congresista Supa preguntó a quien le compete escribir dicha carta, al primer ministro, al poder judicial o al ministerio de Relaciones Exteriores. “Acá se deben respetar los derechos humanos. Los pobres no confían en su propio Estado. ¿A quien defiende el Estado peruano?, ¿Quién es preferencial?”, concluyó.
Eliana Ames, catedrática y abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Jacob Goad, misionero de la Iglesia Presbiteriana de los EE.UU. se mostraron indignados por las afirmaciones del Premier. “Yo me pregunto qué hubiera dicho y hecho el Del Castillo si la demanda contra la DRR hubiera sido presentada en los EE.UU. después de la aprobación del TLC”, declaró Goad.
Del Castillo explicó que varias delegaciones viajaron a los EE.UU. para frustrar el TLC, como una de la CGTP, ante lo cual respondieron. “Si estos niños tienen un derecho, lo deben ejercer en el Perú. Aceptar la jurisdicción de otro país afectaría el principio de soberanía nacional. Esta empresa tiene un precedente que es CENTROMIN, empresa que es del Estado peruano. El Estado puede terminar siendo obligado a pagar, al ser procesado en el extranjero”, precisó. Añadió que la demanda judicial contra la DRR es impulsada por personas que están por ideología contra el TLC, y que lo verdaderamente nacionalista es someterse a jueces peruanos.
En respuesta a ello, el congresista Meckler afirmó que es a la empresa demandada a la que le compete afirmar lo anterior, y le preguntó por qué actuó como defensor de la empresa. “Eso no le corresponde a usted. Ustedes no fueron electos para defender a empresas. El tema de fondo es si debe participar el ministro en un juicio entre privados, y por qué le preocupa tanto”, añadió.
Gloria Ramos, presidenta de la Comisión, señaló que el juicio se suscitó en el contexto de la grave contaminación en La Oroya, siendo la matriz de los EE.UU., y que en otros casos el Estado no se ha interpuesto. “Huayhua (presidente de Doe Run Perú) ha presentado la carta como anexo para justificar que no sean demandados en su casa matriz. Esta Comisión ha presentado un informe sobre el problema de La Oroya a la PCM, OSINERGMIN, DIGESA, CONAM, y no hay respuesta. ¿Cuándo ha sido fuerte el Estado sancionando? En ningún caso”, acotó.
Por su parte, la congresista Supa preguntó a quien le compete escribir dicha carta, al primer ministro, al poder judicial o al ministerio de Relaciones Exteriores. “Acá se deben respetar los derechos humanos. Los pobres no confían en su propio Estado. ¿A quien defiende el Estado peruano?, ¿Quién es preferencial?”, concluyó.
Eliana Ames, catedrática y abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Jacob Goad, misionero de la Iglesia Presbiteriana de los EE.UU. se mostraron indignados por las afirmaciones del Premier. “Yo me pregunto qué hubiera dicho y hecho el Del Castillo si la demanda contra la DRR hubiera sido presentada en los EE.UU. después de la aprobación del TLC”, declaró Goad.
