Lescano denuncia nuevo faenón para Egasur
Decreto de Urgencia N.° 001-2011 busca hacer “negociados” bajo la mesa. Congresista Yonhy Lescano presentará demanda de inconstitucionalidad
No contentos con la concesión de 30 megaproyectos de inversión que se ejecutarán gracias al Decreto de Urgencia N.° 001-2011, con absoluta aceleración y salteando los procesos regulares, hoy se publicó la modificación de la norma que agrega también al proyecto de “Energía de Nuevas Centrales Hidroélectricas”, confirmando así la sospecha del congresista Yonhy Lescano Ancieta, quien denunció que dicho decreto estaría amparando a la millonaria inversión de la empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) para la realización de la Central Hidroeléctrica de Inambari, en Madre de Dios.
Decreto de Urgencia N.° 001-2011 busca hacer “negociados” bajo la mesa. Congresista Yonhy Lescano presentará demanda de inconstitucionalidad
No contentos con la concesión de 30 megaproyectos de inversión que se ejecutarán gracias al Decreto de Urgencia N.° 001-2011, con absoluta aceleración y salteando los procesos regulares, hoy se publicó la modificación de la norma que agrega también al proyecto de “Energía de Nuevas Centrales Hidroélectricas”, confirmando así la sospecha del congresista Yonhy Lescano Ancieta, quien denunció que dicho decreto estaría amparando a la millonaria inversión de la empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) para la realización de la Central Hidroeléctrica de Inambari, en Madre de Dios.
Como se recuerda, el propio viceministro de Energía y Minas, Daniel Cámac Gutierrez, expresó que la concesión temporal de Egasur había vencido debido a que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la compañía brasilera no fue aprobado y que, además, nunca se realizó talleres y audiencias, requisitos indispensables para la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Inambari.
Asimismo, el artículo 5 de dicho Decreto de Urgencia señaló la exoneración de la obligación en la entrega de las certificaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para la obtención de las autorizaciones. “Es un escándalo que el Gobierno pretenda atropellar requisitos prioritarios y elimine la presentación de los EIA en la etapa inicial del concurso de licitación y recién lo exija cuando se está ejecutando el proyecto”, expresó el legislador.
Lescano sostuvo que si el ministerio de Energía y Minas considera imprescindible la presentación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para otorgar una concesión, entonces resulta ilógico que retire este requisito solo por acelerar las asociaciones público–privadas.
El parlamentario aseguró que no permitirá que se incluya la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Inambari dentro de los proyectos acogidos por el Decreto de Urgencia. Además, anunció que el Congreso puede derogar dichas medidas pues el Artículo 91 del Reglamento del Congreso permite derogarlo cuando el Ejecutivo emita una norma que no contempla una situación extraordinaria e imprevisible que signifique un peligro inminente para la economía nacional o las finanzas públicas. “La ejecución regular en la concesión de los 30 megaproyectos no generaba un peligro para la economía ni las finanzas públicas, por lo que lo único que se entiende es la necesidad de hacer negociados irregulares”, dijo Lescano.
Por otro lado, Lescano afirmó que gracias a esta medida la incidencia en actos de corrupción en el Gobierno tendrá un incremento notable en los últimos meses del régimen aprista. “Es preocupante que a solo seis meses de que culmine este Gobierno se aceleren todos los procedimientos en las licitaciones públicas de proyectos de gran envergadura, bajo la figura de una supuesta necesidad nacional y prioritaria de promover la inversión privada”, afirmó Lescano.
El legislador y miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N° 001-2011 porque el proceso de concesión de megaproyectos y las asociaciones público–privadas deben ejecutarse a través de todos los procedimientos legales; en especial, si se trata de obras de gran envergadura que significarán compromisos de inversión por US$2.000 millones. “En estos procesos debe mostrarse absoluta transparencia, es la única manera de evitar negociados bajo la mesa en el Gobierno”, manifestó Lescano.
Asimismo, el artículo 5 de dicho Decreto de Urgencia señaló la exoneración de la obligación en la entrega de las certificaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para la obtención de las autorizaciones. “Es un escándalo que el Gobierno pretenda atropellar requisitos prioritarios y elimine la presentación de los EIA en la etapa inicial del concurso de licitación y recién lo exija cuando se está ejecutando el proyecto”, expresó el legislador.
Lescano sostuvo que si el ministerio de Energía y Minas considera imprescindible la presentación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para otorgar una concesión, entonces resulta ilógico que retire este requisito solo por acelerar las asociaciones público–privadas.
El parlamentario aseguró que no permitirá que se incluya la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Inambari dentro de los proyectos acogidos por el Decreto de Urgencia. Además, anunció que el Congreso puede derogar dichas medidas pues el Artículo 91 del Reglamento del Congreso permite derogarlo cuando el Ejecutivo emita una norma que no contempla una situación extraordinaria e imprevisible que signifique un peligro inminente para la economía nacional o las finanzas públicas. “La ejecución regular en la concesión de los 30 megaproyectos no generaba un peligro para la economía ni las finanzas públicas, por lo que lo único que se entiende es la necesidad de hacer negociados irregulares”, dijo Lescano.
Por otro lado, Lescano afirmó que gracias a esta medida la incidencia en actos de corrupción en el Gobierno tendrá un incremento notable en los últimos meses del régimen aprista. “Es preocupante que a solo seis meses de que culmine este Gobierno se aceleren todos los procedimientos en las licitaciones públicas de proyectos de gran envergadura, bajo la figura de una supuesta necesidad nacional y prioritaria de promover la inversión privada”, afirmó Lescano.
El legislador y miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N° 001-2011 porque el proceso de concesión de megaproyectos y las asociaciones público–privadas deben ejecutarse a través de todos los procedimientos legales; en especial, si se trata de obras de gran envergadura que significarán compromisos de inversión por US$2.000 millones. “En estos procesos debe mostrarse absoluta transparencia, es la única manera de evitar negociados bajo la mesa en el Gobierno”, manifestó Lescano.
