Lescano exige investigación a García por robo de los USB de caso petroaudios
En setiembre de 2010, Lescano y Otárola quisieron seguir con el caso pero la iniciativa no prosperó por blindaje al ex mandatario y su entorno político.
En setiembre de 2010, Lescano y Otárola firmaron ese documento, que fue desestimado a favor de la versión presentada por la mayoría aprista que favorecía al gobierno, principalmente, al exmandatario y su entorno político, integrado, entre otros, por el expremier Jorge del Castillo, el exministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca y otros.
Lescano dijo a este matutino que la denuncia del juez Iván Sequeiros, que preside la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, se refiere al caso del chuponeo en el que Alan figura como agraviado y no como acusado. “Tendría que abrirse otro proceso para investigar su responsabilidad penal en la desaparición de las pruebas del caso BTR”, explicó.
Recordó haber denunciado, junto al parlamentario Fredy Otárola, en un informe en minoría de la comisión investigadora, que los cuatro USB de Giselle Giannotti, ejecutiva de BTR fueron borrados y cambiados durante la diligencia policial realizada el 8 de enero de 2009 por el entonces jefe de la Dirección Nacional Antidrogas, Miguel Hidalgo.
Hidalgo actuó bajo las órdenes del entonces presidente Alan García y todo lo que hacía en torno al caso le comunicaba al mandatario saliente, según denunció el ministro del Interior de la época, Remigio Hernani.
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Presidente saliente en graves aprietos por supuestamente evitar que se llegue a la verdad.
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“En esa oportunidad nosotros concluimos que Alan García había ordenado al general Hidalgo que se haga cargo de la intervención en la casa de Giselle Giannotti, para borrar parte de la información que contenían cuatro USBs y cambiarlos por otros”, aseveró.
Precisó que el exministro Hernani y el exdirector de la Policía, Mauro Remicio, dijeron que García dispuso que Hidalgo se hiciera cargo de las investigaciones en la casa de Giannotti, pese a que eso le correspondía a la Dirección de Investigación Criminal, mediante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.
“Cuando comparamos el acta realizada por la policía antidrogas del levantamiento de pruebas, con el documento que se entregó a la Fiscalía, constatamos que los cuatro USB habían sido borrados y cambiados. Es decir las pruebas se perdieron en la investigación realizada por la policía al mando de Hidalgo”, dijo.
En esa oportunidad, el congresista nacionalista Fredy Otárola denunció que García encargó a Hidalgo esa investigación, para digitar la investigación y desaparecer las pruebas que podrían involucrar a las altas esferas del gobierno aprista.
“La participación de la Dirandro tuvo como resultado la desaparición de los cuatro USB incautados (los dos Memorex y los dos Boston) y su suplantación por cuatro dispositivos apócrifos que fueron los que se presentaron al 34 Juzgado Penal”, denunció esa vez Otárola.
Lescano adelantó que pedirá en el pleno que se discutan nuevamente los informes presentados en minoría y en mayoría en el Congreso anterior. “El objetivo es que se discutan estos informes, para establecer la responsabilidad política de Alan García en la desaparición de las pruebas del caso BTR”, apuntó.
Añadió que si el Parlamento establece la responsabilidad política de Alan García, el informe final se enviaría al Ministerio Público para que prosiga con las investigaciones y establezca si García cometió un delito.
“Nosotros no presentamos nuestro informe en minoría al Ministerio Público, porque fue desestimado por la mayoría aprista y el gobierno tenía controlados a los fiscales encargados del caso. Pero ahora el Ministerio Público puede iniciar por su cuenta una investigación a Alan García en base a las diligencias policiales realizadas”, acotó.
A su turno, el parlamentario Javier Diez Canseco señaló que el informe de Lescano y Otárola no tendría que ser necesariamente discutido por el actual Congreso, sino revisado y ampliado con nuevos elementos probatorios.
Subrayó que no es necesario que el Legislativo eleve un informe de consenso para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto y denuncie al expresidente. “No es necesario que eso ocurra. El Ministerio Público puede iniciar la investigación de oficio en base a los hechos que ya se conocen”, refirió.
Diez Canseco dijo que la fiscalía no necesita de la autorización del parlamento para iniciar una investigación del caso. “Espero que el Ministerio Público se adecúe a las nuevas condiciones políticas en las que la mayoría de la población exige una lucha frontal y efectiva contra la corrupción”, indicó.
Se verán las caras
La Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel ha citado para el viernes 12 de agosto al expresidente Alan García, en calidad de agraviado y de testigo en el caso Business Track (BTR) y en esta ocasión se volverá a ver con el fundador de BTR Manuel Elías Ponce Feijóo.
El 20 de julio Jorge del Castillo, también como agraviado y testigo, volvió a negar ante el juez Iván Sequeiros que haya manipulado la investigación. Sin embargo, el 9 de abril la exgerente de la empresa BTR Giselle Giannotti Grados aseguró a LA PRIMERA que los audios de unas conversaciones entre Jorge del Castillo, Rómulo León, Fortunato Canaán y Hernán Garrido Lecca estaban en dos USB y fueron borrados luego de la incautación.
Como testigo convocado a pedido de la defensa, García tendrá que declarar sobre sus vinculaciones con Ponce, que datan de la campaña electoral de 2006, cuando el exoficial de inteligencia de la Marina dice haber espiado al entonces candidato Ollanta Humala por encargo de García.
Llamil Vásquez
Redacción, La Primera
