Amnistía Internacional: ley de consulta previa evitará repetir tragedias como la de Bagua
Amnistía Internacional (AI) consideró que la aprobación de la ley de consulta previa en Perú evitará que se repitan tragedias como el caso de Bagua y cuestionó al gobierno de Alan García por haber bloqueado la aprobación de esa norma. En declaraciones a la Agencia Andina, Fernanda Doz Costa, investigadora de AI sobre pueblos indígenas, señaló que el suceso de Bagua (Amazonas), ocurrido en junio de 2009, fue ''un hecho penoso que definitivamente era evitable''.
''Bagua, lamentablemente, ha sido un suceso penoso que era totalmente evitable y todo el mundo entiende que una ley de consulta previa, que sea respetada por las autoridades, va a prevenir de alguna manera que esto vuelva a suceder'', anotó.
Los hechos que desencadenaron la muerte de 34 personas, entre policías y nativos, en el llamado "Baguazo", se iniciaron en abril de 2009, tras las protestas en la selva peruana contra unos decretos que los indígenas consideraron lesivos a sus derechos; sin embargo, el gobierno anterior, lejos de optar por el diálogo, dispuso el uso de la fuerza policial.
Doz Costa también consideró que fue una ''mala decisión'' que se ordenara el desalojo de los manifestantes por la fuerza, lo que acabó en el hecho de sangre.
Resaltó, por ello, la importancia de una ley de consulta previa y explicó que este marco legal permitirá tener en claro cuándo se deben hacer las consultas a la población, en qué términos y a quiénes, antes de otorgar las concesiones de explotación que afecten a las comunidades.
''Este es un tema clave y Perú iba a ser el primer país de toda América Latina en tener una ley marco que haya sido consultada y acordada con los pueblos indígenas, pero el presidente (Alan) García la vetó'', observó.
Asimismo comentó que en el Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de América, publicado el viernes por la organización, se mencionan los procesos penales por motivos políticos contra algunos activistas indígenas, para evitar que defiendan sus derechos.
La iniciativa de consulta previa, que el Congreso peruano pasado dejó sin someter a votación, se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Andina.
