Aprueban imprescriptibilidad para corruptos y corruptores
La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Fredy Otárola Peñaranda (NGP), aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone modificar el artículo 41.º de la Constitución Política con la finalidad de declarar imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado y de corrupción de funcionarios.
El dictamen aprobado en la sesión del martes precisa que, para los efectos de la pena, la responsabilidad de los partícipes en el delito (corruptores) será igual para los funcionarios y servidores públicos, y en ambos casos se aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la función pública en los plazos que establezca la ley.
El texto sustitutorio, que fuera presentado poco antes de su votación, plantea modificar en esos términos los dos últimos párrafos de la norma constitucional, y fue aprobado con el voto a favor de nueve congresistas y la abstención de otros seis (cuatro del GPF y dos de APGC). No hubo voto en contra.
En el debate de un poco más de dos horas, participaron representantes de todas las bancadas (a excepción de CP), quienes hicieron varias observaciones para advertir de lo ilegal que sería sancionar con la misma pena a autores de delitos graves y leves.
“No es lo mismo el delito de peculado de uso y el enriquecimiento ilícito”, advirtió Omar Chehade (NGP), quien se pronunció por incluir en la pena a los cómplices o instigadores del delito.
En igual sentido, Luz Salgado (GPF) demandó no romper la proporcionalidad en la sanción del delito y propuso duplicar las penas y aumentar los plazos de prescripción, como una forma de evitar la reforma constitucional.
Víctor Crisólogo (AP) insistió en establecer precisiones en el Código Penal para determinar en qué casos se debería aplicar la imprescriptibilidad, pues no es lo mismo hacer ‘faenones’ petroleros, recibir una coima para no aplicar una infracción de tránsito y hacer desaparecer cinco mil expedientes de una entidad pública.
El titular de la Comisión precisó que la comisión de alto nivel contra la corrupción se había pronunciado a favor de la imprescriptibilidad por tratarse de un delito “pluriofensivo” que lo distingue de otros delitos, ya que atenta contra el Estado, del cual formamos parte todos los peruanos.
Julio Gagó Pérez (GPF) se pronunció por establecer penas más severas en el Código Penal y hacer que el Congreso se mantenga vigilante para que el Poder Judicial y el Ministerio Público cumplan con aplicar la ley.
Su compañero de bancada, Juan Díaz Dios, se preguntó qué pasaría si transcurren 20 años de cometido el delito y su presunto autor tiene entonces 70 u 80 años. “¿Podría defenderse igual después de transcurridos tantos años?”, se preguntó.
Comentó, además, que había otros delitos “pluriofensivos” como el narcotráfico y el terrorismo, incluso algunos de índole sexual, que también deberían ser declarados imprescriptibles. Se pronunció por establecer plazos diferenciados para la prescripción, según la gravedad del delito, sin que exceda de los veinte años.
Por su parte, Santiago Gastañadui (NGP) propuso que la imprescriptibilidad se limite a los delitos cometidos por los funcionarios elegidos por votación popular y en los considerados graves. Para legislar sobre el tema propuso escuchar la opinión de expertos en la materia en una próxima sesión.
Javier Diez Canseco (NGP) opinó que los delitos contra el patrimonio del Estado deben recibir el mismo tratamiento constitucional que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de violación sistemática de los derechos humanos, aunque expresó su preocupación por que la propuesta de reforma constitucional pueda obtener los dos tercios del número legal de congresistas que requiere su aprobación, teniendo en cuenta la posición del GPF que se opone ella.
Javier Bedoya de Vivanco (APGC) también consideró necesario solicitar otras opiniones ilustradas, antes de votar el predictamen que obraba en agenda.
No obstante, Otárola Peñaranda dio por agotado el debate y puso al voto el nuevo texto, que fue finalmente aprobado y listo para ser incluido en la agenda del Pleno.
En el debate participaron también Teófilo Gamarra (NGP), Lourdes Alcorta y Alberto Beingolea (APGC), entre otros.
No prosperó la observación de Beingolea para que no se considere prescriptibles los delitos, porque estos no tienen tal condición, y modificar el texto del dictamen para declarar imprescriptibles solo los procesos judiciales y las penas.
