Criminal argentino murió en hospital sin indulto de ninguna clase
El general argentino Antonio Bussi, quien cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976 -1983), falleció este jueves en el Instituto de Cardiología de Tucumán (noroeste) a causa de una decompensación, según informes médicos.
"Murió por una descompensación. Su salud se había complicado en las últimas semanas, a partir del agravamiento de su cuadro de afección cardíaca y pulmonar, a lo que se sumaron complicaciones en los riñones y en el hígado", indicó un médico del hospital. El reo murió en su calidad de sentenciado sin indulto posible como quiere la familia Fujimori y la prensa parametrada en el Perú, para el ex dictador Alberto Fujimori cuyas dolencias son estables para su edad y exageradas en cuanto lograr una ilegal liberación a pesar de sus crímenes y latrocinios.
Bussi se encontraba ingresado en el nocosomio desde el lunes pasado debido a fallas cardíacas y respiratorias. El también exgobernador de facto de la provincia de Tucumán, era considerado uno de los más duros y crueles represores de la última dictadura militar argentina.
Tras el retorno de la democracia, Bussi formó un partido de derecha que restablecía el plan para aniquilar opositores. En 1995 ganó las elecciones y se convirtió en gobernador de Tucumán, pero no llegó a culminar su mandato debido al juicio político al que fue sometido por corrupción.
En esta última década se sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad siendo definitivamente condenado en 2008. Tribunales federales en Argentina estimaron que en 2011 se efectuarían un total de nueve juicios a represores de la dictadura militar por crímenes de lesa humanidad, que se suman a los nueve que estaban en curso.
La Procuración General de la Nación también había previsto que estos procesos se llevarían a cabo, en su gran mayoría, en las ciudades norteñas de Salta, Tucumán, Corrientes y en las centrales de Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino, emitido a principios de 2010, unas mil 464 personas en Argentina están acusadas por crímenes de lesa humanidad, vinculados al último Golpe de Estado de la nación austral.
