Congreso investiga sospechosa venta de acciones de Andahuasi al grupo Wong
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Martín Belaunde Moreyra (SN), acordó el miércoles 30 solicitar al Pleno del Congreso de la República una prórroga de 60 días útiles para concluir las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades que se habría cometido en el Banco de Materiales (BanMat) durante el período 2006-2011, además del caso Andahuasi.
El pedido obedece a que falta recopilar información sobre el caso y está pendiente tomar declaraciones a los involucrados en la denuncia y evaluar las pruebas obtenidas, lo que impide emitir un pronunciamiento que implicaría un adelanto de opinión y viciaría la investigación.
La Comisión acogió así la recomendación contenida en el informe preliminar respecto a la sustracción de 5,316 carpetas de crédito de BanMat (659 correspondientes a créditos activos e inactivos, y 4,567 a créditos cancelados), respecto a los cuales no se ha podido determinar el monto real del daño causado a esa entidad.
El documento adelanta que en el período que se investiga el BanMat perdió su patrimonio en un 64%, en forma sistemática, ya que en el 2006 ascendía a 144 millones de soles, y se redujo a 52 millones en el 2010; en tanto que su capacidad operativa para colocar préstamos disminuyó en un 55%.
En lo que respecta a la cuenta ‘resultados acumulados’ el preinforme precisa que en el año 2006 era de siete millones de soles, y en el año 2010 la pérdida acumulada llegaba a 20 millones, pese a lo cual el banco distribuyó ‘dividendos’ (utilidades) entre sus funcionarios y trabajadores, lo que evidencia que el banco fue manejado “sin ningún criterio empresarial, al margen de las normas que rigen el funcionamiento de las empresas del Estado”, según dice el documento.
Caso Andahuasi
En la sesión, la Comisión acordó también nombrar un grupo de trabajo que se encargará de investigar la actuación de la excomisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), hoy convertida la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), en la sospechosa venta del alrededor de un 23% de las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi a la firma ‘Río Pativilca’, representada por los hermanos Erasmo y Efraín Wong Lu Vega.
La subcomisión estará integrada por el titular de la Comisión, quien la presidirá, y los congresistas Héctor Becerril y Segundo Tapia (ambos del GPF).
Según un informe preliminar expuesto por Martín Belaunde, la venta de las acciones se habría realizado en una ‘rueda simple’ en la Bolsa de Valores de Lima, realizada en mayo de 2009, por un total de 50 millones de soles, correspondientes a igual número de acciones valorizada cada una de ellas en un sol, pese a que inicialmente estaban cotizadas en 1.85 soles.
Dicha venta estuvo a cargo del gerente de la citada empresa y de su filial Industrial Andahuasi, Carlos Rivas Urteaga, autorizado por el presidente del directorio, Eduardo Núñez Cámara, en una junta de accionistas convocada con 24 horas antes de ejecutar la venta, y sin cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 26889.
Según el dirigente Fidalelfo Coca Mora, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la azucarera Andahuasi SAA, las acciones adquiridas irregularmente por el grupo Wong corresponderían a casi un 23% del capital social de Andahuasi, que para entonces ascendía a 227 millones 462 mil soles.
El otro porcentaje está en propiedad del grupo Bustamante Olivares (22%) y el restante 46%, en manos de los trabajadores.
Coca Mora dijo que el grupo Wong estaría tratando de presentar el caso como un conflicto entre dos grupos de accionistas, obviando a los trabajadores que, en un primer momento manejaban la empresa con un accionariado mayoritario, hasta antes de la venta de las acciones al grupo Wong.
El dirigente dijo que también cabría responsabilidad en las superintendencias de Administración Tributaria (SUNAT) y de los Registros Públicos (SUNARP), por no haber impugnado la supuestamente irregular operación durante el gobierno anterior.
Municipalidad de Chincha
En la sesión se presentó también el primer regidor (antes teniente alcalde) de la Municipalidad Provincial de Chincha, César Carranza Falla, para denunciar supuestas irregularidades que se habría cometido en la adquisición de “exageradas cantidades” de combustibles para las unidades móviles de ese municipio.
La Comisión acordó citar al alcalde de Chincha, Justo Juárez, para que dé las explicaciones del caso y responda a los cargos presentados contra su administración.
