Acción Popular alista interpelación contra ministros que despiden a trabajadores CAS
Se está echando a la calle a trabajadores que tienen hasta 15 años de servicios violando derechos adquiridos. Despidos pretenden burlar inminente ley del Congreso que deroga CAS.
El congresista Yonhy Lescano anunció que está juntando firmas para presentar una moción de interpelación contra el premier Oscar Valdés, y los ministros de Educación Patricia Salas, de Salud Alberto Tejada, y de la Mujer Ana Jara, por estar despidiendo a los trabajadores del régimen CAS que laboran en sus respectivos sectores, pretendiendo de este modo burlar los efectos de la inminente ley que será aprobada en los próximos días por el Pleno del Congreso que deroga precisamente el Decreto Legislativo 1057 del CAS y ordena que dichos trabajadores sean incorporados con todos sus derechos a los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728.
Lescano, miembro titular de la Comisión Política de Acción Popular, partido integrante del bloque Alianza Parlamentaria que agrupa a 20 parlamentarios, señaló que “se está despidiendo a gente que tiene hasta 15 años de servicios al Estado, con derechos laborales adquiridos” y criticó la conducta sinuosa de algunos ministros, que dicen defender a los trabajadores pero los están echando a la calle, dejando inclusive descabezadas a algunas entidades como es el caso de la Secretaría de Descentralización de la PCM en donde personal muy experimentado ya recibió su carta de no renovación de contrato, y se está tomando en su reemplazo gente sin ninguna experiencia.
“No vamos a permitir este atropello” señaló Lescano quien planteará que el dictamen de eliminación del CAS que se discutirá este 4 de enero en el Pleno del Congreso, contenga una disposición complementaria que deje sin efecto estos despidos.
El parlamentario dijo que no está de acuerdo con el proyecto de ley del Ejecutivo –muy extemporáneo por cierto, ya que la Comisión de Trabajo del Parlamento aprobó hace varias semanas la eliminación del CAS- porque plantea una inútil e innecesaria evaluación a estos trabajadores que en muchos casos ya han sido evaluados; y porque propone una gradualidad excesiva, y en última instancia sólo plantea la incorporación al régimen del Decreto Legislativo 276, cuando también debería posibilitarse el ingreso al esquema del Decreto Legislativo 728 pues éste implica mayores derechos.
