Soluciones son urgentes
También llama la atención que no se conozca un pronunciamiento oficial del Ministerio Público, organismo que debería actuar de oficio. ¿O es que los tentáculos de Gildemeister ya han llegado a ese sector?
Lo concreto es que en un estado de derecho, las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y se debe conocer los nombres de los autores de todas las fechorías. La ciudadanía está informada de la existencia de la red de corrupción de Gildemeister, que llevó su pestilencia a varios sectores: Interior, Salud, etc., y es de interés de todos identificar a todos los responsables, desde los mafiosos chilenos hasta los funcionarios peruanos que han sido cómplices de una u otra manera.
Inoperancia de la Contraloría
La cadena de hechos de los cuales estamos siendo testigos confirma que las acciones de control de la Contraloría General de la República y las normas de gestión pública son totalmente ineficaces para llegar a la erradicación de la corrupción.
Por el contrario, lo que está sucediendo es que las redes de corrupción están organizadas, sobreviven a todos los gobiernos, actúan con impunidad, se han especializado, se han fortalecido y han llegado a los niveles más altos del estado peruano.
El hecho de que la mafia chilena haya amenazado al ministro del Interior, que tiene a su disposición medios técnicos y personal policial idóneo, pone de relieve la solidez, extensión y peligrosidad de organizaciones delictivas que se sienten lo bastante fuertes e influyentes para amenazar a todo un ministro del Interior.
No sólo control posterior, sino prevención
En la administración pública estamos acostumbrados a conocer actos de corrupción consumados, pero muy pocos frenados en forma previa. ¿Cuáles son las soluciones? Éstas son muchas y necesarias, pero debería comenzarse por los recursos e inversión estratégica del país. Urge legislar para contar con una política de estado en materia de inversiones estratégicas. No se puede dejar el manejo del futuro del país y de recursos que implican millones a los conversados de unos pocos ministros o del propio Presidente de la República. No tenemos por qué confiar en él ciegamente, con mayor razón si la democracia permite que se haya elegido a una persona que se ampara en la prescripción para impedir la investigación y juicio por presunto enriquecimiento ilícito.
Las transacciones de los grandes intereses del país no deben ser materia de conversados de un puñado de personas, sino de una legislación clara, con reglamentos apropiados y suficiente transparencia. Existen muchas formas de robar, no sólo desde los faltantes en las cuentas corrientes de la nación, sino en las suculentas coimas que se pueden recibir por concepto de compras, concesiones, préstamos y otros.
La primera dama
Otro manejo cuestionable es que la primera dama pida donaciones a empresarios y éstas no vayan a parar al control del estado, sino que se manejen desde una organización no gubernamental. Ningún gobierno se había atrevido a organizarse de esta manera.
En los países con democracias más avanzadas y donde existe más cultura, los presidentes y su familia pueden recibir donativos y regalos. La diferencia está en que por ley todos los regalos que reciban son patrimonio del gobierno en tanto los hayan recibido en el ejercicio de sus funciones.
Transparencia
Los sistemas contables en esta época cuentan con la valiosa herramienta que es la informática. Esta herramienta posibilita acortar el tiempo de desarrollo de operaciones y preparación de información. Dadas estas facilidades, no hay justificación para que existan instituciones del estado que no presenten información detallada en sus portales de internet. La ciudadanía es la que mantiene a los empleados estatales y tiene todo el derecho de fiscalizar para saber en qué y cómo se gasta el dinero que se le ha pedido en forma de tributos.
Esta información presentada en la actualidad es totalmente insuficiente: cifras globales, falta de detalles técnicos, de ejecución, de avance, etc.
Las medidas correctivas deben darse ya, los escándalos periodísticos se suceden, el alboroto dura un tiempo, pero los ladrones se amparan en el olvido y en que un escándalo tapa otro escándalo. Por esa razón, los nombres de los autores de delito contra el patrimonio estatal deben ser publicados, no sólo para que el ciudadano pueda conocer a quienes robaron su dinero, sino que el mismo estado y el sector privado deberían acceder fácilmente a una base de datos pública.
Actualmente solicitar información sobre casos de corrupción es casi imposible. Sería de gran utilidad que la Contraloría General de la República mantenga un listado en El Peruano, en forma mensual, y en internet en forma permanente, con los nombres de los funcionarios públicos cuya culpabilidad se haya probado. A esta información debería poder acceder toda la ciudadanía, que debe participar en la fiscalización de los recursos del estado. El beneficio adicional es que la publicación de los nombres tendría carácter disuasivo para los malhechores.
Un ejemplo del beneficio mencionado es que se evitaría casos como el de Pandolfi, que tanto tiempo valioso ha consumido a la prensa y funcionarios del estado.
