Como culminación o agravación de un proceso en que, con el pretexto de tratarse de asuntos técnicos, se evita consultar a la opinión pública sobre temas que obligan al Perú a renunciar a sus derechos, intereses, jurisdicciones y soberanía, el actual gobierno lleva adelante gestiones que podrían terminar en la firma de un tratado comercial de la Asociación Transpacífico (o Pacto Transpacífico) en el que participarían otros países del Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Chile, México, EE. UU., Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam, entre otros), de los cuales los más tercermundistas y atrasados son Perú y Vietnam.
Llegamos a esta situación como consecuencia de ser miembros de la Alianza del Pacífico1, plan chileno promovido por sirvientes peruanos destinado a debilitar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercosur, y poner a disposición de Chile la posición geográfica del Perú. No rechazada la Alianza del Pacífico, el siguiente paso, lógico y previsible, es embarcar y embaucar al Perú en un tratado de comercio y económico de la Asociación Transpacífico, que responde a los intereses geopolíticos de los EE. UU.
Quienes están empeñados en este peligroso proyecto sostienen que ese grupo de países constituirían, sumando el PIB de todos, la asociación económica y comercial más grande del mundo. Dicen que si el Perú entra a formar parte del grupo, podría aliviar la situación de indigencia y miseria que afecta a la mayor parte de sus habitantes. Solo en apariencia esto puede ser verdad.
Nuestra economía de país minero exportador primario y sometido al saqueo chileno tiene, efectivamente, a la población sumida en la pobreza; y en esas condiciones caería bien comerciar con países que sí son prósperos. Sin embargo, la verdad es otra. Como lo ha señalado Con nuestro Perú y se verá ahora en la nota que reproducimos, para comprender las consecuencias de esta clase de asociaciones debe tomarse en cuenta lo siguiente:
1) Ya tenemos TLC con todos esos países, y si firmamos el nuevo tratado o "pacto" no va a aparecer ninguna ventaja extra ni se va a eliminar ninguno de los aspectos negativos de dichos TLC.
2) Vamos a seguir renunciando a nuestra soberanía2, al permitir que las controversias que puedan surgir entre el Perú y otros países se ventilen en tribunales internacionales, en lugar de someterlas a la jurisdicción de la justicia del país en que surja el problema.
3) Sabiendo que en el falso TLC con Chile los negociadores peruanos sirvientes de Chile se abstuvieron de señalar la soberanía del mar territorial peruano según el tratado de 1929, preguntamos: ¿se haría respetar los derechos del Perú en el nuevo tratado Transpacífico, mencionando explícitamente lo que establece dicho tratado de 1929 y que nuestra soberanía marítima es de 200 millas?
4) Los gobiernos —incluyendo el del Perú— se comprometen a mantener en secreto el contenido del nuevo tratado, para presentarlo al país ya como hecho consumado.
5) Según se ha podido conocer, tendría que cambiarse leyes peruanas, para que nuestra legislación se adapte a lo pactado en el tratado.
6) Los EE. UU. impondrían condiciones totalmente negativas en favor de sus patentes, al mismo tiempo que se reservan el derecho de patentar plantas del Perú.
Si es tan bueno lo que nos espera de la Asociación Transpacífico, ¿por qué no dan a conocer toda la información?, ¿quieren hacer lo mismo que con el falso TLC Perú-Chile3, que el actual gobierno aplica pese a lo que Ollanta Humala dijo en la campaña electoral y pese a las dos observaciones4 que formuló el Tribunal Constitucional?
Leamos.
El TPP: un proyecto neoliberal a ultranza*
Por Sally Burch**
El 6 de septiembre de este año inició la 14.a ronda de negociaciones de la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que, según el presidente Obama, constituiría el modelo de acuerdo comercial “de alto nivel” para el nuevo siglo, que pronto podría aplicarse en todo el mundo. En estas negociaciones han venido participando nueve países que bordean el océano Pacífico: Estados Unidos, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelandia, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. En la última ronda, en julio, se aceptó en principio el ingreso de los otros dos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —Canadá y México— con lo cual el TPP podría convertirse en una especie de TLCAN ampliado y reforzado. Japón también ha expresado interés por ingresar, pero no ha realizado aún un pedido formal, debido, entre otras razones, a la oposición que enfrenta internamente. Toda vez que estos tres países —como otros que se sumen luego— no podrán incidir en el contenido de las negociaciones.
De lo poco que se conoce al respecto —pues los documentos de negociación se mantienen bajo estricta reserva—, el TPP es un modelo altamente preocupante, pues va aún más allá de la mayoría de tratados precedentes. Exigirá la modificación de numerosas leyes internas de los países signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual, inversión y protección ambiental y otros temas. Permitiría a las empresas extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen restricciones que afecten sus intereses. Amenazaría el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo, y haría peligrar el libre acceso a la información en Internet. Pero sobre todo, el TPP se negocia con una falta total de transparencia, que hace que la ciudadanía no pueda opinar sobre decisiones fundamentales que comprometerían a sus respectivos países y su soberanía durante las próximas décadas.
¿Fomentar el comercio o liberalizar el marco regulatorio?
El TPP se inició como un modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva Zelandia y Chile. Los países ahora participantes lo ven como una oportunidad para ampliar sus intercambios comerciales, con costos reducidos, debido al enredo actual de acuerdos comerciales múltiples que —según un análisis publicado por la Council on Hemispheric Affairs (COHA) (1)— incrementan el costo de las transacciones en un promedio de 5%. Con la entrada de EE. UU., evidentemente el TPP cambió de carácter y de dimensión.
En 2011, los nueve países parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8 billones, del cual el 85% corresponde a EE. UU., un 5% de cuyos flujos comerciales es con los demás países del bloque. Si se suman México, Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque comercial más grande del mundo, con una población de unos 700 millones de personas y una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6 billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con China y Corea del Sur.
No obstante, EE. UU. ya mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la mayoría de los países parte del TPP; entonces, para este país, [el TPP] no significaría mucha ganancia en términos comerciales. Más bien, hay fuertes indicios de que Washington busca aprovechar el tratado para introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías, tanto de los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.
Es más, en los últimos meses se ha tratado de acelerar las negociaciones con miras a concluirlas este año, si bien este plazo ya parece poco factible, debido a la resistencia de algunos países frente a varias de las condiciones que EE. UU. justamente está proponiendo.
Proteger las inversiones
Similar al fallido proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), este tratado abarca mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene unos 26 capítulos que incluyen, entre otros: aduanas, servicios transfronterizos, telecomunicaciones, compras públicas, políticas de competencia, cooperación y desarrollo de capacidades, inversiones, servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de propiedad intelectual.
No obstante el sigilo que recubre los textos en negociación, dos capítulos han sido filtrados a la luz pública, que permiten apreciar el tenor de los contenidos. Se trata de los capítulos de inversiones y de propiedad intelectual.
En junio de 2012 se filtró el capítulo de inversiones (2), uno de los más controvertidos. En el documento se hace una definición muy amplia de la inversión, y se propone cláusulas de protección que cubrirían no solo las inversiones extranjeras existentes, sino también acciones y derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias y permisos de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé nuevas salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la capacidad de regulación de los Estados parte.
Adicionalmente, el capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional de arbitración —como el CIADI u otro— para resolver litigios entre inversores privados y Estados nacionales. Implica expandir la experiencia del TLCAN y otros tratados similares, que permiten a las empresas cuestionar leyes nacionales —incluso las que protegen el interés público— y exigir una compensación si consideran que afectan sus intereses.
Hasta ahora, como resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de TLCs existentes, los países en desarrollo han tenido que desembolsar más de $350 millones de dólares en compensación a corporaciones privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por un valor total de más de US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas de medio ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio internacional (3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos tribunales.
Otro tema polémico son las propuestas que limitarían la capacidad de los países de adoptar medidas precautelarías contra la especulación financiera. Chile, en particular, rechaza tales propuestas.
Propiedad intelectual
El capítulo de propiedad intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y desde entonces desató fuertes cuestionamientos. Según el análisis publicado por COHA, de todo el TPP, este capítulo parece ser el que “incorpora los cambios más sustantivos al derecho internacional”. Los derechos de autor propuestos son desmedidos, superando incluso lo ya existente en EE. UU.: se extiende el periodo de protección a un mínimo de 70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años desde la primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50 años.
Es más, el documento retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso a información en internet, como se lo intentó con SOPA —el Stop Online Piracy Act o ley contra la piratería en línea— que no pasó en el Congreso estadounidense debido a la fuerte oposición ciudadana. Si cláusulas similares se insertan en el marco de un tratado internacional como el TPP, esto podría permitir circunvalar el proceso legislativo nacional.
Otro aspecto cuestionado de este capítulo del TPP se refiere a la facilitación y expansión de estándares de patentabilidad. Por ejemplo, permitiría patentar pequeñas modificaciones a una invención existente, un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan para poder renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar la introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que se podrá patentar plantas y animales —algo que muchos países prohíben—, como también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el tratamiento de seres humanos o animales.
Una mayoría de los países parte se resisten también a extender los monopolios farmacéuticos, como lo propone EE. UU. Además, Australia y Nueva Zelandia no aceptan medidas que permitirían a tales empresas objetar su práctica de fijar los precios de medicamentos para su sistema de salud pública.
Un atentado al proceso democrático
El comercio entre Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas y hay interés por fomentarlo. No obstante, para los tres países latinoamericanos participantes —Perú, Chile y México—, que ya mantienen TLCs con EE. UU., las pretendidas ventajas de estar en el TPP, dado su fuerte énfasis en el eje Asia-EE. UU., son poco evidentes y representan riesgos grandes. De hecho, Chile, antes considerado un signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no se flexibilizan las provisiones en propiedad intelectual. Toda vez que llama la atención que en estos países hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se movilizaron contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano con el casi total desconocimiento público del proceso de negociación en curso.
De hecho, en 2010, los países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación, sino solo cuatro años después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas culminen en un acuerdo (5). Únicamente los propios negociadores —y según parece un grupo selecto de socios corporativos— tienen acceso a los documentos. Ni siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas —y de hecho varias lo han hecho— pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que realmente se está negociando.
Siendo un texto que comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones nacionales, ello constituye un verdadero atentado al proceso democrático. EE. UU. apuesta a que este tratado podría ser el último que tenga que negociar, pues a futuro otros países simplemente tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin embargo, ese es el tratado “modelo” que nos propone Obama…
Con estas inquietudes, la red estadounidense Just Foreign Policy [Política Exterior Justa] ha lanzado una campaña de financiamiento (bajo la modalidad de crowdsourcing [delegar tarea al público]), para recompensar a Wikileaks en el caso de que logre filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su publicación, según la organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a todas las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el interés público”.
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* Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento, N.o 478, sobre el tema en “La ruleta de los TLCs” (http://alainet.org/publica/478.phtml)
** Periodista, integrante de ALAI.
Notas
(1) Stadius, Eric y Briggs, Elizabeth. The Trans-Pacific Partnership: Free Trade at What Costs? COHA, Washington http://www.alainet.org/active/57406
(2) TPP investment chapter: http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf, versión junio 2012
(3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade Agreement Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP, http://www.citizen.org/documents/tpp-investment-fixes.pdf, febrero 2012
(4) TPP Intellectual Property Chapter: http://keepthewebopen.com/tpp, version febrero 2011.
(5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids. Public Citizen, Washington. http://www.alainet.org/active/56280
Alainet, 21-09-2012
http://alainet.org/active/58111
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1 Leer Error geopolítico: Alianza del Pacífico, trampa chilena para colonizar el Perú y Perú carga con los problemas de Chile en perjudicial Alianza del Pacífico.
4 Son: a) la necesidad de que en el ACE Perú-Chile (falso TLC Perú-Chile) se consigne nuestra soberanía marítima respetando lo que señala el tratado de 1929 (línea al mar que nace en el punto Concordia); b) derecho del Perú de expropiar empresas chilenas por razones de seguridad nacional.
