Luego de una intensa votación se eligieron a seis nuevos miembros que tienen un polémico historial.
Ego Agurto I Redacción mulera
La reciente elección de autoridades en el Congreso ha generado una serie de críticas de parte de personajes vinculados a la política y de diferentes organismos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CDHH) ha convocado a un plantón que hasta el momento cuenta con bastante acogida en las redes sociales.
Rolando Sousa, Cayo Galindo, Ernesto Blume, Víctor Mayorga, Francisco Eguiguren y José Luis Sardón fueron los elegidos por el Congreso con 95 votos, luego de un acalorado debate. Asimismo, pese a varios cuestionamientos, Pilar Freitas fue elegida defensora del Pueblo con 91 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. La militante de Perú Posible fue cuestionada por malos manejos en el albergue para ancianos Fundación Canevaro, donde fue directora.
En declaraciones a lamula.pe, el reconocido abogado Enrique Bernales lamentó que es una lástima que no se haya optado por atender a una línea en la Defensoría.
Para el Tribunal Constitucional, el Congreso ha propuesto a Cayo Galindo (excongresista nacionalista), Víctor Mayorga (excongresista nacionalista y actual embajador peruano en Cuba), Rolando Sousa (abogado y excongresista fujimorista), Ernesto Blume (constitucionalista), Francisco Eguiguren (constitucionalista) y José Luis Sardón (abogado y doctor en Economía).
Cuatro de estos seis miembros han recibido graves acusaciones por conflictos de intereses. A continuación las detallamos:
Según informó IDL-Reporteros,
Rolando Sousa utilizó su cargo de congresista para ayudar a investigados por crimen organizado, como a la familia Sánchez Paredes,
clan que era defendido por el Estudio Nakazaki, del cual él formaba parte.
El historial de Cayo Galindo Sandoval incluye varias acusaciones;
entre ellas, una denuncia de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que señala que, aprovechándose de su cargo como jefe de asesores en el ministerio de Producción, habría influido en la entrega ilegal de permisos de pesca por 1.440 toneladas, durante la gestión de José Urquizo.
Otro no menos polémico es el jurista Ernesto Blume, quien defiende al controvertido alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien ha sido acusado por malversación de fondos y peculado.
El oficialista Víctor Mayorga Miranda recibió una denuncia en el año 2009 de parte de su asistente parlamentario Isidro Villa, quien lo acusó de abusos laborales de Mayorga, pues –según su testimonio– lo obligaba a planchar sus camisas y a darle parte de su sueldo a cambio de mantener su empleo. Además, en 2011, auspició el acceso al Congreso del grupo Patria Libre, vinculado con el terrorismo.
El nacionalista Francisco Eguiguren es constitucionalista y ministro de Justicia del primer Gabinete de Ollanta Humala. Fue criticado por decir que la restricción que impide la postulación de Nadine Heredia es inconstitucional.
Finalmente José Luis Sardón, propuesto por el fujimorismo, ha opinado a favor de otorgar el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
