Pese a que Lima es una ciudad que adolece de una grave falta de áreas verdes, el gobierno de la “gran transformación” acaba de promulgar una ley para mutilar un pulmón verde y tugurizar más la ciudad sembrando cemento, con faenón que favorecería a la amiga de Nadine Heredia.
El dario La Razón informa este martes 24:
GOBIERNO RECORTA PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL PARA PROYECTO INMOBILIARIO Y DENUNCIAN "FAENÓN"
Empresaria amiga de Nadine sería beneficiada con licitación
Por medio del Decreto Supremo 010-2013-MINAM, el gobierno de Ollanta Humala redujo en 129 hectáreas el Parque Ecológico Nacional “Antonio Raimondi”, que estaba destinado a ser el gran pulmón de una Lima en expansión. De inmediato, tanto el expresidente Alan García como colectivos de profesionales denunciaron que esto obedecería a favorecer a amigos empresarios de Nadine Heredia.
Oficializada en el año 2010, esta área verde cubría 8,259.44 hectáreas en el balneario de Ancón, donde se mezclaban fauna y flora en diversidad única dentro del Perú. Según la norma que lleva la rúbrica del mandatario, el ministro del Ambiente Javier Pulgar-Vidal y otros miembros del gabinete, se procede a habilitar esta zona para proyectos inmobiliarios.
“El Ministerio del Ambiente y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales efectuarán las acciones necesarias para la extinción de la afectación de uso de 129.18 Has, de la partida 12175516 del Registro de Predios de Lima”, se indica en la parte resolutiva del decreto.
No pasó mucho tiempo para que Alan García se manifieste en contra de esta acción, no solo en vista de que su gobierno creó el Parque Raimondi, sino porque se estaría afectando el equilibrio ecológico proyectado en la capital.
“Por Decreto Supremo han recortado el área del Parque Antonio Raimondi, el último gran pulmón ambiental de Lima. ¿Y los ecologistas?”, cuestionó el exmandatario en su cuenta de Twitter.
Favorecimiento
LA RAZÓN consultó con diversos especialistas en el tema, quienes señalaron que no había sustento técnico en el DL 010, ya que se basa en una resolución del sector Ambiente de Mayo de este año, la cual determinaba que se redujeran las medidas del parque porque su área verde era “no significativa”.
El ingeniero ambiental Fernando Maceda indicó que la intención del Poder Ejecutivo sería facilitar un negocio millonario para empresarios afines al Gobierno, por medio de la construcción de cientos de viviendas, a costa del medio ambiente.
“Han tomado como excusa que menos del 20 % del área tiene plantaciones, cuando en realidad esto es un proyecto que debió realizarse en estos años, pero parece que fue abandonado a propósito. Aparentemente, hay intereses particulares de algunos funcionarios en promover viviendas para sus allegados”, manifestó.
Grupos de profesionales como la Sociedad de Urbanistas del Perú, y la Brigada Verde han iniciado una batalla contra esto, que además tendría un beneficiado con nombre propio: Desarrollos de Proyectos Inmobiliarios (DPI).
El 95% de acciones de esta empresa pertenece a Negociaciones ARA, donde figura como accionista Carmen Banchero, quien desde que empezó el gobierno de Humala Tasso aparece públicamente como amiga de Nadine Heredia, esposa de éste.
Corrupción y estafa
DPI se hizo famosa en las últimas semanas por estar comprendida en una denuncia de corrupción y estafa. Sin licitación pública, cobró S/.45’153.869 del Fondo de Vivienda Policial por la construcción de 502 viviendas en el proyecto “La Estancia” en Lurín. El trámite se inició en julio del 2011, y ya han pasado dos años sin que se haya culminado la obra.
Además, DPI hipotecó ?mediante Inmobiliaria Cinco Hermanos y Helios Investment- ocho terrenos en favor del Fovipol en Paracas y Pachacámac hasta por US$24’846.872. Sin embargo, los actuales directivos del organismo policial han determinado que no valen ni la mitad en el mercado.
La Primera Fiscalía Anticorrupción ya investiga por malversación de fondos y asociación ilícita a la referida empresa, así como al general PNP Víctor Castañeda Parrales —expresidente del directorio de Fovipol— y a los coroneles PNP Manuel Ponce y Marborotto, Manuel Guerrero García, Jorge Palacios de la Cruz, Pedro Vargas Ramírez y Omar Navarro Egúsquiza.
“Llama la atención que una empresa envuelta en temas de corrupción siga participando en procesos del gobierno, y que una accionista sea amiga de Nadine Heredia da que pensar”, acotó Maceda.
LA RAZÓN se comunicó con DPI Group, el Ministerio del Ambiente y el de Vivienda, donde ofrecieron dar sus respectivas versiones. Hasta el cierre de esta edición, no recibíamos su información.AP
