En la Comisión de Constitución y Reglamento.
Por amplia mayoría la Comisión de Constitución y Reglamento rechazó hoy martes 24 un proyecto de ley según el cual se proponía despenalizar el aborto en los casos de embarazo a consecuencia de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos. Extrañamente, las feministas y sus ONG promovieron la muerte del concebido y el respaldo al violador evitando la denuncia contra éste por la violación.
Se trató de una propuesta que había sido debatida durante varios años en el actual y en el anterior Parlamento. A favor de rechazar la iniciativa estuvieron los legisladores Javier Velásquez Quesquén (CP), Martha Chávez Cossío, Julio Gagó Pérez, Aldo Bardález Cochagne, Luz Salgado Rubianes (FP) y Javier Bedoya de Vivanco (PPC-APP).
En respaldo del predictamen, finalmente desestimado, estuvieron los parlamentarios Santiago Gastañadui Ramírez (NGP), Rosa Mavila León (AP-FA) y Sergio Tejada Galindo (DD).
La decisión final en torno a la propuesta, debatida por más de tres horas en la sesión efectuada en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, fue asumida después de que se desestimara una cuestión previa presentada por el congresista Gastañadui, en el sentido de convocar al ministro de Justicia y al defensor del Pueblo a fin de que ilustraran mucho más a los parlamentarios en ese tema, antes de asumir una posición final a nivel de la Comisión. Sólo tres legisladores respaldaron la cuestión previa.
La decisión final fue corolario de un amplio debate en el que sus auspiciadores señalaron que era necesario defender a aquellas mujeres víctimas de una violación sexual que las marca para toda su vida. Además, según se dijo, se trataba de responder a un clamor de las mujeres víctimas, en tanto que la iniciativa se enmarcaba y armonizaba con pronunciamientos de organismos no gubernamentales internacionales e instituciones que han coincidido en la necesidad de defender a aquellas mujeres que no están de acuerdo en alumbrar a una criatura y luego tener que cuidarla a despacho de que era fruto de una violación.
Entre tanto, quienes rechazaron la propuesta de ley afirmaron, entre otras cosas, que la mayoría de peruanos es ‘ProVida’ y no aceptan que se atente contra la vida de un ser que no está en condiciones de defenderse (en gestación). En líneas generales se identificaron con postulados enmarcados en la Constitución Política del Estado, sobre la defensa de la vida, y anotaron que ella es uno de los principales derechos humanos en el país.
Como lo afirmó el presidente de la Comisión Fredy Otárola Peñaranda (NGP), al inicio del debate, la propuesta había sido planteada por unos cinco mil ciudadanos, quienes, dijo, postularon que ese tema, en caso de ser aprobado, se aplicaría siempre y cuando la persona interesada lo aceptara.
En posterior interrupción, la congresista Rosa Mavila expresó que esa idea había sido reclamada por unas 50 mil personas que la hicieron llegar al Poder Legislativo.
En el curso de la discusión, voceros del nacionalismo y de Fuerza Popular dejaron establecido que sus integrantes emitirían, en esta oportunidad, un voto de conciencia y no de grupo político, dada la trascendencia y peculiaridades que encerraba el proyecto de dictamen.
INSISTENCIA
Anteriormente, la Comisión acordó insistir, por ocho votos a cuatro, en los alcances de una autógrafa que había sido observada por el Poder Ejecutivo respecto del dictamen que propone la norma que modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos. La presidencia de la Comisión había presentado, previamente, un predictamen de allanamiento (aceptación) a las observaciones del Ejecutivo.
La decisión fue adoptada con cargo a redacción. Las observaciones del Poder Ejecutivo estaban centradas en la tercera disposición y se señaló, entre otras cosas, que el Sistema Nacional de Presupuesto se sujeta a las normas relacionadas con los principios macroeconómicos. Afirmó, igualmente, que la redacción de la autógrafa estaba en contra de lo dispuesto por ley en la medida que la distribución de las partidas se hacen de acuerdo a las necesidades presupuestales y no corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas hacer previsiones en cuanto a la distribución de las asignaciones presupuestales a los partidos políticos.
Se inició, en consecuencia, una amplia discusión en la que varios legisladores de oposición manifestaron su defensa en torno al financiamiento público a los partidos políticos para fines de formación, capacitación y enseñanza, pero no para campañas electorales.
Finalmente, el tema fue votado y se rechazó el allanamiento propuesto por la presidencia de la Comisión. En consecuencia, por mayoría se optó para la insistencia en el proyecto original.
Asimismo, se acordó postergar para una próxima sesión, o también para una sesión extraordinaria, el tratamiento de diversos predictámenes respecto a decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo y determinar si se ajustan, o no, a lo dispuesto por la Constitución del Estado.
La postergación del tema fue que se encontraba de licencia el parlamentario Marco Falconí Picardo (UR), quien debía fundamentar esos temas en su calidad de coordinador del Grupo de Trabajo encargado de ver la constitucionalidad de esos decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo al amparo de facultades delegadas por el Congreso.
